Tragedia en Barracas: aún la Justicia no sabe qué pasó

La jueza del caso todavía espera los peritajes de los bomberos y del INTI sobre qué causó el hecho en el que murieron diez personas; ya no hay querellantes

1 de febrero de 2015
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Actualizado el 15 de julio de 2020

Sospechas, preguntas, dolor y cenizas. Nada más que eso habrá dentro de cuatro días cuando se cumpla un año del incendio y derrumbe de Barracas en el que murieron ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil. Así como las paredes del depósito de Iron Mountain se derrumbaron sobre las víctimas, durante el transcurso del año se fueron desplomando las esperanzas de sus familiares frente a una investigación que sólo sigue generando dudas sobre lo que realmente sucedió la mañana del 5 de febrero de 2014.

La causa, primero caratulada como incendio y luego cambiada al delito de estrago, avanzó a paso muy lento, a tal punto que aún no culminaron los peritajes que fueron encargados a los bomberos de la Policía Federal y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y un año después se desconoce si se trató de un accidente fortuito o si fue un incendio intencional.

La Justicia espera que los resultados de los análisis estén listos durante el mes en curso, pero no serán los últimos peritajes. A pedido de la fiscal Marcela Sánchez, que investiga el hecho, en las próximas semanas, comenzará un nuevo peritaje a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El objetivo de la funcionaria fue convocar a expertos que no pertenezcan a las fuerzas involucradas en la tragedia.

En el lento proceso que siguió durante los meses posteriores al incendio y derrumbe en la esquina de Quinquela Martín y Jovellanos, mientras se terminaba de remover cientos de toneladas de escombros, hierros y papeles incinerados, la investigación fue perdiendo fuerza a medida que los querellantes desistían de la causa penal.

Según pudo saber LA NACION, las familias de las diez víctimas llegaron a un acuerdo económico con Iron Mountain. "Fueron empujados a tomar esa decisión. No había interés en que la causa avance y mucha premura para que se resuelva por la vía civil", resumió un abogado de una de las querellas.

Fuentes ligadas a la Sección Querellas del personal herido o caído en cumplimiento del deber de la Policía Federal aseguraron que la causa seguirá su curso al tratarse de un delito de acción pública, pero con algunas diferencias. "La causa no muere. Pero se perderá el impulso que los querellantes pueden dar, como aportar pruebas y presionar", explicaron.

Fallaron los aspersores

Durante la investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 37 y en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18 a cargo del juez Pablo Ormaechea, se comprobó que fallaron los sistemas de emergencia del depósito. La mañana del siniestro se activaron las alarmas, pero no funcionaron los aspersores que debían rociar y apagar las llamas. Luego se determinó que las bombas no tenían la presión suficiente y que los depósitos de agua estaban a la mitad de su capacidad. Con esos elementos fue cobrando fuerza la hipótesis del sabotaje o incendio intencional. "Todavía no tengo elementos para pensar en eso, pero no descarto ninguna hipótesis", dijo la fiscal Sánchez a LA NACION.

Dos hechos ocurridos el 22 de mayo de 2014 sembraron más dudas. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) difundió un informe en el que constató que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain había información de 43 empresas, muchas de las cuales estaban vinculadas a 29 investigaciones en curso.

Los bancos Patagonia y HSBC, La Caja Seguros, Jumbo y Cervecería y Maltería Quilmes fueron los que más documentación perdieron en el siniestro, según la Procelac. El mismo día, el juez federal Sergio Torres ordenó el allanamiento en la sede central Iron Mountain a pedido de la AFIP por presunto delito de lavado de dinero. LA NACION se comunicó con voceros de Iron Mountain para consultarle éste y otros temas, pero la empresa prefirió no hacer declaraciones.

Presunciones e indicios es lo único que acumuló hasta aquí la causa que contiene 18 cuerpos más toda la documentación que se fue anexando a raíz de las testimoniales. Por la fiscalía pasaron empleados de Iron Mountain, bomberos, policías, miembros de Defensa Civil y otras personas que participaron en el operativo del 5 de febrero. A las declaraciones se les sumaron los peritajes a las cámaras de seguridad y a las estructuras y escombros recuperados tras el incendio y derrumbe. Pero no fue suficiente para la fiscal Sánchez.

En diciembre pasado, y por pedido de la funcionaria, el Consejo de la Magistratura aprobó un presupuesto para que nueve peritos de la UTN realicen estudios en los restos que hoy están depositados en un playón de la Policía Federal. "Pedimos la participación de la UTN para que haya una visión por fuera de las fuerzas involucradas", explicó Sánchez. "Comenzarán en febrero y al mismo tiempo tendremos los resultados de los peritajes de bomberos y el INTI", agregó. En esos informes, habrá conclusiones sobre factores químicos de combustión, nivel calórico, y tipo de paredes y estructuras del depósito.

"Los peritajes llevan mucho tiempo porque hubo que desmontar todo el predio y nadie asumía el gasto que finalmente corrió por cuenta del gobierno porteño. En mi opinión, se están cumpliendo los tiempos que esperaba. A las cosas no hay que apurarlas, y yo sigo siendo muy cautelosa", admitió la fiscal.

Para los familiares y amigos de las víctimas, la tragedia de Barracas no fue casual, ya que Iron Mountain tenía antecedentes similares. En mayo de 2007, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño clausuró un depósito de Villa Lugano, donde la empresa guardaba papel, cartón, envases, libros y muebles. La falta de un plan de contingencia para incendios fue uno de los motivos del cierre. También pesaba el historial de incendios en sedes de otros países. En 1997 ardieron tres depósitos en Nueva Jersey (Estados Unidos), y en 2006 se incendiaron los de Londres (Inglaterra) y Ottawa (Canadá).