Tras el fin de los adicionales de la Federal, aumentó la seguridad privada en la ciudad
Más vigilantes y la incorporación de tecnología fueron la clave para cubrir el vacío que dejó esa fuerza policial en los ámbitos públicos
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Luego de la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de poner fin a los servicios adicionales que la Policía Federal prestaba en dependencias porteñas, la seguridad privada se convirtió en un elemento clave para la custodia de edificios públicos, hospitales, parques, cementerios, escuelas, y otros ámbitos de la Capital Federal, según se desprende de informes oficiales y datos obtenidos por LA NACION.
Un año después del anuncio de la ministra, el vacío que dejó la salida de los federales fue ocupado, en su mayoría, por vigiladores privados. A esto se sumó también la progresiva incorporación de tecnología, como cámaras, sensores de movimiento y detectores de humo para complementar el servicio en zonas estratégicas.
De acuerdo con datos de la cartera nacional, eran aproximadamente unos 1400 efectivos de la Federal los encargados de custodiar unos 183 objetivos del ámbito porteño. Hoy, son cuatro las agencias de seguridad privada asignadas para vigilarlos, con alrededor de 1200 agentes y la incorporación de sistemas de monitoreo las 24 horas del día. En total, la ciudad invierte unos 210 millones de pesos al año en dicha industria.
La tecnología, un aliado que gana terreno
Fuentes del gobierno porteño indicaron a LA NACION que la compra de tecnología fue primordial para reacomodar la vigilancia tras el retiro de la fuerza policial. Sensores de movimiento, cámaras y detectores de humo son algunos de los elementos que, según las fuentes, colaboraron para "mejorar la seguridad y reducir sus costos" en distintas dependencias públicas.
El monitoreo, que se aplica hoy, se realiza "en espejo". Por un lado, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana realiza un seguimiento de las imágenes que captan las cámaras instaladas en puntos centrales de la Capital Federal. Por el otro, las empresa privadas, a cargo de la custodia, realizan su propia visualización.
Estas últimas trabajan de acuerdo a un protocolo de actuación ideado por el gobierno porteño. En cada caso, se involucra la participación de la fuerza pública que corresponda según la jurisdicción. La Policía Metropolitana, que tiene alrededor de 3000 agentes, tiene presencia, por ejemplo, en las comunas 4, 12 y 15.
La seguridad privada, en auge
Durante los últimos años, el sector registró un crecimiento exponencial a nivel local e internacional, llegando a superar -en algunos países- la actividad que encaran los mismos policías.
En la Argentina, estiman que su participación aumenta entre un 5 y un 7 por ciento al año. Dicho en otros términos, esto se traduce en la incorporación de alrededor de 10.000 vigiladores por año al sistema, según datos aportados por la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi).
Un informe elaborado en diciembre de 2011 por Diego M. Fleitas Ortiz de Rozas, a pedido de la Asociación para Políticas Públicas, precisa que el 70% de la demanda se concentra en la Capital Federal y el conurbano.
Por otra parte, se habla de unas 400 empresas habilitadas que operan en la provincia de Buenos Aires, y unas 1000 en todo el país, con alrededor de 150.000 vigiladores en total. Se calcula que habría, además, un 39% de informalidad en el mercado.
Su impacto en la vida cotidiana
Al analizar la problemática, Ortiz de Rozas recuerda el contexto en el que comenzó a pisar fuerte el sector, que coincidió con un incremento significativo en los hechos de inseguridad y violencia que se sucedieron a partir de la década de los noventa.
Allí, el autor menciona que "la debilidad y la poca capacidad de respuesta" de las instituciones, sumadas a la mayor necesidad de seguridad, provocó que muchos ciudadanos se volcaran a la vigilancia privada en búsqueda de protección.
En ese sentido, el informe advierte que si bien las funciones de los vigiladores privados están orientadas fundamentalmente a la prevención y la regulación del comportamiento no criminal, en algunas circunstancias entran en competencia (ilegalmente) con las que son propias de la policía, como la detención de sospechosos, pese a no estar habilitados para hacerlo. Esto termina por desdibujar la relación entre ambas.
EL SUBTE, TIERRA DE NADIE
Uno de los puntos más polémicos del debate por el traspaso del subte estuvo ligado con la duda de cómo cubrir la custodia cuando se retire del lugar la Federal. Sin embargo, el pasado 4 de abril, la jueza Rita Ailán, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, ordenó la prórroga de las medidas que dispusieron el mantenimiento de efectivos de dicha fuerza para controlar los subterráneos y el premetro. Hoy prestan servicio, en promedio, 800 agentes de la Federal.
