“Es muy doloroso”: según un ranking de The Economist, la Argentina está entre los países que peor abordan el abuso sexual en la infancia

Los resultados son alarmantes y vuelven a poner bajo la lupa la respuesta que el Estado argentino da a una de las formas de violencia más crueles que existen: el abuso y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes. Según un ranking que evaluó la capacidad de 60 países del mundo para actuar frente a este delito, la Argentina se encuentra entre los peor clasificados.

Está en el puesto número 50, el más bajo entre los países latinoamericanos, detrás de Venezuela (47) y también de algunos países africanos y asiáticos como Sri Lanka (48) y Burkina Faso (49). En el extremo opuesto, los tres que lograron la mejor puntuación fueron Reino Unido (1), Francia (2) y Suecia (3), mientras que Brasil está en el número 11, encabezando la lista de los estados de su región.

Los datos se desprenden del índice Out of the Shadows 2023 (Fuera de las Sombras, en español), que compara cómo 60 países que albergan aproximadamente el 85% de la población mundial de niñas, niños y adolescentes, previenen y responden a la explotación y el abuso sexual en la infancia y adolescencia. El mismo fue desarrollado por la Unidad de Inteligencia del medio británico The Economist, a pedido del fondo Ignite Philanthropy y con la colaboración de la organización Child Rights International Network (CRIN).

Los puntajes otorgados a cada país van del 0 al 100 (la Argentina obtuvo 41,5, lo que la posicionó sobre el final del ranking), y se tuvieron en cuenta las siguientes variables: si se dispone de legislación para proteger a niñas y niños de la violencia sexual; si existen políticas y programas de prevención; la capacidad y el compromiso del gobierno para hacerle frene a este delito; si hay servicios de apoyo y recuperación para las víctimas; y si los procesos judiciales están adaptados a sus necesidades.

“Me dolió muchísimo ver a la Argentina después de Venezuela y entre los países que peor respuesta dan a esta gravísima problemática de salud pública”, subraya Sonia Almada, fundadora y directora de Aralma, una asociación civil que trabaja contra las violencias y que fue convocada por CRIN para la presentación del informe, que fue la semana pasada.

“Nuestro país tiene una deuda histórica con relación a ese delito, que es complejo y requiere de un plan sistemático e integral. La insuficiencia de políticas públicas y la falta de acceso a la Justicia revictimiza a las y los sobrevivientes”, resume Almada, quien como psicoanalista lleva casi tres décadas acompañando a víctimas.

7 de cada 10 son niñas

La Argentina no cuenta con un sistema estadístico exhaustivo que refleje el alcance de la violencia sexual contra las infancias y adolescencias en nuestro territorio. Lo que hay son cifras aisladas de algunos organismos, que representan apenas la punta del iceberg. Según los últimos datos del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2017 a enero de 2023, en la línea 137 se registraron 14.912 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual (el 77,6% eran mujeres). En esos cuatro años, el incremento fue de 126%.

Por otro lado, en el 85% de los casos, el agresor era una persona cercana a la víctima o un familiar, en general el padre. Los tocamientos sexuales son la modalidad más frecuente de abuso (41,7%) y casi la mitad de las agresiones (46,5%) ocurren en la vivienda de la víctima o su agresor.

Desde Londres, Victor Sande-Aneiros, integrante de CRIN, explica a LA NACION que el informe de The Economist refleja cómo las medidas aplicadas en la Argentina para responder a esta problemática “tienen notables defectos” y “baches” a nivel legislativo. Entre otras cuestiones, enumera:

• Actualmente, el país no cuenta con un plan de acción nacional vigente para abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia.
• No dispone de un organismo estatal especializado para seguir estos casos y garantizar que las investigaciones judiciales se adapten a las necesidades de las niñas y los niños víctimas.
• Al contrario que sus vecinos regionales, Colombia, El Salvador, Perú y Venezuela, “la Argentina no eliminó los plazos de prescripción para los casos de violencia sexual en la infancia y adolescencia”, advierte Sande-Aneiros.
• En nuestra legislación se considera abuso sexual a la actividad sexual con un menor de 13 años, pero se establecen diferentes delitos y castigos que varían según la edad del niño o la niña, en vez de fijar una edad universal más alta que prohíba cualquier actividad sexual.
• Además, la tipificación de los delitos es considerada insuficiente, ya que no incluye todos los tipos de violencia sexual necesarios para cumplir con la normativa internacional. En ese sentido, se destaca que en la Argentina los tipos penales no están explícitamente descritos, lo que se presta a diferentes modos de interpretación. Un ejemplo es la “corrupción de menores”, que no está bien descrita y por ello son ínfimas las sentencias, a pesar de que el delito crece.

Juan Pablo Gallego, abogado con una reconocida trayectoria en la defensa de víctimas de violencia sexual en la infancia y adolescencia, consultor internacional de Unicef y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Airesen la cátedra de Protección Integral de Derechos del Niño, acuerda con los puntos destacados en el informe. “Lamentablemente, en la Argentina está casi todo por hacer”, dice sobre los desafíos en materia legislativa y de acceso a la Justicia.

Señala que si bien en los últimos años hubo importantes avances, como la sanción de la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (la N° 26.061), de cuya redacción participó, “hoy es casi milagroso que una investigación de un caso de abuso sexual en la infancia termine con una condena”. Y profundiza: “Yo tengo muchos casos exitosos, pero son la minoría en el porcentaje total”.

Esto se debe, para el especialista, a que las leyes existentes fueron “poniendo parches”, sin que exista un instrumento centralizado que otorgue un piso mínimo de derechos y garantías sobre este y otros delitos contras las infancias. “Aunque hace más de 20 años suscribimos la Convención de Derechos del Niño, avanzamos muy poco en términos legislativos reales y lo hicimos de forma desarticulada, lo cual se nota en la práctica, porque cuando vas legislando con parches, por ejemplo con las modificaciones al Código Penal, generas agujeros negros que no terminás de resolver”, asegura Gallegos.

Por eso, considera que sería fundamental tener un Código de Niñez y Adolescencia que unifique con exactitud la totalidad de de los derechos y garantías que tiene un niño en un proceso judicial. “Es algo que elaboraron casi todos los países que suscribieron a la Convención, pero no Argentina, lo que obedece a una falta de interés por abordar la cuestión integralmente”, asegura el abogado, que es autor del código que se implementó en Honduras.

“El dolor no prescribe”

Según The Economist, la atención médica a las víctimas de abusos sexuales es un punto fuerte de la Argentina. Además, se destaca que es uno de los únicos dos países de la región incluidos en el índice que garantiza el derecho a la interrupción del embarazo a niñas y adolescentes víctimas.

“Aunque falta muchísimo en este sentido y el reclamo sigue siendo que los profesionales de la salud se capaciten en violencia sexual, el acceso gratuito a la atención en los hospitales públicos y el que las organizaciones ofrezcamos desde acompañamiento jurídico hasta asistencia psicológica, hizo que la respuesta asistencial en el informe salga entre las mejores”, resume Almada. Sin embargo, también destaca que la demanda es enorme y que muchos servicios están colapsados, una realidad con la que la Unidad de Violencia Familiar del Hospital de Niños Pedro de Elizalde se choca a diario, como contó LA NACION semanas atrás.

Almada sabe bien por todo lo que tiene que pasar una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, no sólo por su basta trayectoria en la temática sino porque ella misma lo vivió. Tenía 8 años cuando sufrió el primero de los abusos por parte de un tío, que se prolongaron durante un año y ocurrieron en su propia casa, casi todas las noches. No fue el único familiar que la violentó sexualmente: cuando tenía 10 años, su agresor fue un primo de 30.

“Recién a los 14 años le pude contar a mi mamá y a mi papá por lo que había pasado. Se quedaron duros, aterrorizados: no sabían qué hacer. Por más que nunca más vi a esas personas, no se hizo nada más”, recuerda Almada.

A los 26 años, cuando se convirtió en mamá de su primer hijo, la psicoanalista tuvo una necesidad imperiosa: “Tengo que denunciar”. Lo que la movía era que ninguna otra niña o niño pasara por la violencia que ella atravesó, y que ese tío abusador no siguiera rompiendo infancias. “Mi desesperación era sacar a ese pederasta de la calle”, recuerda. Averiguó cómo avanzar y fue allí cuando un abogado le dijo que lamentablemente el delito estaba prescripto.

“Sentí una decepción y tristeza total. Después, ya recibida de psicóloga, conocí a miles de pacientes que trataron de denunciar a sus agresores y se encontraron con la prescripción y la falta de acceso a la Justicia. Eso tiene que cambiar, porque el dolor no prescribe: te acompaña siempre”, dice Almada.

Cambiar esa realidad es lo que se propone un proyecto de ley que se presentó en julio del año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación. Su objetivo es, entre otros, lograr la imprescriptibilidad de todos los delitos de violencia sexual que hayan sufrido niñas, niños y adolescentes, sin importar cuándo hayan ocurrido. Es una iniciativa del movimiento Derecho al Tiempo Argentina (DATA), integrado por Aralma y otras organizaciones.

¿Por qué hoy en la Argentina algunos casos de abuso sexual en la infancia y adolescencia prescriben y otros no? Desde el momento en que se creó el Código Penal hasta 2011, cuando se hizo la reforma conocida como ley Piazza (la N° 26.705), el abuso era tratado como cualquier otro delito: prescribía en un máximo de 12 años. Con la ley Piazza hubo un primer y gran cambio: ese tiempo de prescripción empezó a correr desde la mayoría de edad de la víctima. Luego, la reforma de 2015 (la ley N° 27.206) dio otro paso fundamental: estableció que la prescripción se toma desde el momento de la denuncia o desde que se ratifica la misma.

Pero como esa última ley no es retroactiva (es decir, no puede aplicarse hacia atrás), quienes fueron víctimas de violencia sexual en la infancia o adolescencia antes de 2015 (como el caso de Almada y tantos otros), quedan afuera de esas reformas. Por eso, el proyecto del movimiento DATA, busca ir más allá.

“Lo que pedimos es que estos crímenes jamás prescriban y que la persona pueda denunciar en cualquier momento de su vida”, resume Almada. Según una investigación de la organización Child USA, la edad promedio en que las víctimas logran develar los abusos es a los 52 años.

Otro punto propuesto en el proyecto es la creación en la Argentina de una comisión de la verdad que investigue los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. “Decenas de gobiernos en todo el mundo las crearon para investigar este delito en diversos entornos, como Canadá, Irlanda, Francia y Australia”, señala Almada. Entre los objetivos están el producir estadísticas para la generación de políticas públicas de prevención y acompañamiento a las víctimas.

“No se entiende la profundidad de estos delitos”

Cada cinco años, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas analiza cómo los países que subscripción a esa Convención Internacional están actuando para proteger a las infancias. En ese contexto, Sande-Aneiros cuenta que el pasado 8 de marzo, el Comité “le pidió al Estado argentino que remita información sobre las medidas que tomó ante la violencia sexual contra niñas y niños, incluidas aquellas en materia de acceso a la Justicia y la eliminación de los plazos prescripción”.

Esos últimos puntos fueron tomados por el organismo internacional de un informe elaborado previamente desde CRIN, Aralma y otras organizaciones, donde se reflejaban las falencias de nuestro país en este sentido: las mismas que pone sobre la mesa el informe de The Economist.

Gallegos coincide en que los enormes desafíos que implica el acceso a la Justicia para quienes sufrieron estas violencias es un punto central. Esto se refleja en la dificultad para acceder un abogado del niño (“algo previsto en la ley 26.061 pero que en la práctica no funciona”) y también en la ausencia de operadores judiciales específicamente capacitados en la temática.

En esa línea, subraya que esa falta de capacitación “hace estragos”, por ejemplo, a la hora de la valoración de los relatos de las víctimas frente a la sospecha o confirmación de un abuso sexual en la infancia. “Es muy común que cuando pasan por la Cámara Gesell, sobre todo los chicos pequeños, de menos de siete años, quienes los entrevistan digan: ‘No dijo nada’. Esto oculta una incapacidad enorme para valorar esos testimonios, que no se expresan solo con palabras sino también con el lenguaje no verbal, los dibujos, etcétera”, detalla Gallegos.

En resumen, para el especialista, lo que subyace es el no entender “la profundidad de estos delitos y todo lo que tiene que atravesar un chico para llegar a la Justicia”. Y concluye: “Hay toda una serie de vallas por las cuales el Estado debería tener una posición mucho más activa y una oficina o agencia dedicada específicamente al tratamiento de los delitos sexuales contra la infancia, así como existe la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema de La Nación”.

Dónde pedir ayuda y denunciar

• LÍNEA 137. Llamá a esta línea del Ministerio de Justicia de la Nación para que te asesoren sobre los pasos a seguir. También podes enviar un WhatsApp al 11-3133-1000 desde cualquier lugar del país.
• Para otras opciones de denuncia y líneas de ayuda, asesoramiento y contención, ingresá en este link.

Más información

• The Out of the Shadows Index (el índice Fuera de las sombras, en inglés) está disponible en internet. Se puede acceder al ranking y los datos mundiales, los informes regionales y la metodología.
• Movimiento DATA: para conocer su proyecto de ley click aquí. Propone la imprescriptibilidad para delitos de violencia sexual padecida durante la infancia y adolescencia, el cambio de denominación del delito y la creación de una comisión de la verdad y la reparación. En abril harán una cumbre internacional en Buenos Aires sobre este último punto, con la participación de expertos internacionales.
• Aralma.
• Child Rights International Network (CRIN).