Femicidios: hizo varias denuncias, la asesinaron y piden una reparación ante la ONU

Florencia Albornoz tenía 22 años la noche del 17 de enero de 2010 en que Miguel Ángel Mazó, su exmarido y policía bonaerense, la asesinó con su arma reglamentaria. Desde 2008, se había cansando de golpear puertas en la comisaría cercana a su domicilio, en Quilmes, donde él trabajaba. A pesar que durante años Mazó la violentó de diferentes formas y la amenazó de muerte en varias oportunidades, sus denuncias juntaban polvo en los cajones.

La joven tenía el supuesto resguardo de una perimetral –a la que finalmente había accedido en una fiscalía–, cuando su exmarido hizo que ella y Ernesto Escudero, un amigo con el que estaba el día de su femicidio, se quitaran la ropa y se pusieran de rodillas contra la pared antes de dispararles a ambos. El asesino primero gatilló contra Ernesto, quería asegurarse de que Florencia viera que cumplía con sus amenazas.

Como Florencia, se cuentan de a cientos las mujeres víctimas de femicidio que mueren cada año en la Argentina tras haber realizado una o varias denuncias en contra de sus agresores. Tomando su caso paradigmático como bandera, esta semana se presentó un pedido de reparación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la ONU. Es la primera vez que este organismo internacional interviene en un caso de femicidio contra el Estado Argentino, como consecuencia "de no haberle brindado la protección y vías de acceso a la Justicia en un contexto de violencia de género", explican los abogados que realizaron la presentación.

En plena cuarentena y en un marco en que las cifras de violencia doméstica y femicidios crecieron de forma exponencial, con un caso cada 27 horas, la petición –técnicamente denominada comunicación– fue realizada por Atravesados por el Femicidio en conjunto con el equipo de abogados especializados en derechos humanos de la agrupación Justicia y Reparación.

Mazó fue condenado en 2012 a 15 años de prisión por el femicidio de Florencia y Ernesto Escudero. A pocos días de que a Florencia la enterraran, una tarde sonó el celular de Fernanda, una de sus hermanas. "Eran de la comisaría de la mujer. Me dijeron: ‘Quiero comunicarme con Florencia Albornoz para que venga a ratificar la denuncia’. Les respondí: ‘Medio tarde, el marido la mató’", cuenta Fernanda. Y, tras una pausa, resume: "Siempre tarde".

"Vos tenes otro macho" era la frase que Mazó le repetía a Florencia, ya separados, cuando no pasaba ni un día sin que la acosara, la esperara en la esquina de su casa, la amenazara delante de sus hijos, le apoya su arma en la sienes. En una ocasión, intentó prender fuego el puesto de diarios donde ella trabajaba. Fue la crónica de una muerte anunciada. Siempre que los vecinos o la familia de Florencia llamaban a la policía, aparecía un patrullero con los compañeros de él, que le palmeaban la espalda y le decían: "Bueno, bueno, vamos, dejála, ya está".

"Remarcamos las falencias del Estado respecto al seguimiento de las denuncias hechas por la víctima y las medidas cautelares que se tomaron. El caso de Florencia es muy simbólico: había hecho muchísimas denuncias y su expareja la asesinó con su arma reglamentaria, que le había dado el mismo Estado", señala el abogado chileno Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación. Se trata de una organización nacida en Chile pero con alcance regional que desde hace 10 años se especializa en derechos humanos.

Berndt Castiglione cuenta que, en el caso de Florencia, todas la denuncias que hizo en la sección primera de la comisaría de Quilmes, quedaban en la nada, gozando Mazó de una "amplia impunidad". "De hecho, a pesar de que había sido oficialmente desvinculado de la Policía Bonaerense, seguía prestando servicio e incluso se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes al momento en que llevó a cabo el femicidio", describen los abogados y el equipo de Atravesados por el Femicidio en la presentación que realizaron.

En 2012, los familiares de Florencia iniciaron una acción civil contra la provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños, motivada "en el tratamiento negligente" a las denuncias de la joven. "Sin embargo, después de ocho años, este expediente todavía ni siquiera fue abierto a prueba, por lo que sigue en la etapa inicial del proceso", aseguran los abogados.

Una esperada reparación

Desde Justicia y Reparación comenzaron, hace un tiempo, a indagar en aquellos casos de femicidio donde el Estado "a través de su omisión negliente", no dio garantía de cumplimientos de derechos. Vieron que las causas donde las mujeres víctimas de femicidio había realizado previamente denuncias contra sus agresores, se contaban de a montones, una realidad que se repetía en distintos países de la región. "El caso que teníamos completo era el Florencia, por eso avanzamos con el suyo. Sin embargo, los demás están pendientes de una acción colectiva que también realizaremos contra el Estado", detalla Berndt Castiglione.

¿Cuáles son los próximos pasos? El abogado explica que desde el Cedaw se notificará a la Cancillería argentina, "que deberá adoptar una posición defensiva o sentarse a la mesa a buscar una solución amistosa". Berndt Castiglione se muestra optimista en que el Gobierno acceda al pedido. El objetivo, es que el Estado "se hagan cargo" de las observaciones del Comité enfocadas a mejorar estándares a nivel legislativo y a fortalecer políticas públicas para tratar los casos de violencia, además de otorgar una reparación económica a la familia.

Florencia era mamá de Valentín (hijo de una pareja anterior) y de Lara, que al momento de ser asesinada tenían seis y tres años. Esther Robledo, la abuela materna, es la responsable de criarlos con el apoyo de las hermanas de Florencia.

"Cuando pasó el femicidio, para toda la familia fue como si explotase una bomba. Ya nunca más fuimos las personas que éramos. El dolor que sentimos es como una mochila enorme que llevamos en la espalda: tenemos que seguir caminando por los chicos. Sonreímos por ellos", resume Esther, que fue verdulera, operaria en una fábrica y, hasta que mataron a su hija, trabajaba como empleada doméstica. Tuvo que dejar las nueve casas que limpiaba por semana para dedicarse a sus nietos y la situación económica se volvió cada vez más apretada.

La muerte de Florencia es, para su familia, una herida abierta. "El calvario", como lo llama Fernanda, sigue. Sus hijos adolescentes, sus hermanas, su mamá, Esther, sacan fuerzas de donde pueden para seguir adelante. "El grupo que formamos, Atravesados por el Femicidio, me da mucha fortaleza en mi camino para ayudar a otras familias y a chicas que podría ser mi hermana. Esta es mi lucha", concluye Fernanda.