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En la Argentina, los pobres están muy lejos de la Universidad
Representan sólo el 22% de los egresados
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En la Argentina, a los más pobres les cuesta más llegar a la universidad: seis de cada diez chicos que ingresan en ella provienen de los sectores sociales medio y alto. Y les cuesta más egresar de ella: el 78% de los graduados pertenece a estos niveles socioeconómicos.
El dato, que se repite en la mayoría de los países latinoamericanos, tiene en la Argentina una particularidad: con el 40,2% de la población bajo la línea de pobreza, aquí se considera “no pobre” a una familia que tiene ingresos de, al menos, 1050 pesos mensuales.
Según estadísticas de doce países del continente –recogidas por el Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (Siteal), de la Unesco–, la mayor parte de los que acceden a la educación superior pertenece al 40% de los hogares con mayores ingresos familiares, con la excepción de Uruguay.
Así, en América latina el papel de la educación como garantía de la movilidad social ascendente está en cuestión y la mayoría de los jóvenes queda atrapada en su nivel socioeconómico de origen, del que la educación pocas veces puede rescatarla.
La falta de movilidad social se da incluso en la Argentina, donde el 85,6% de los estudiantes asiste a universidades públicas. De los casi 1,5 millones de estudiantes que hay en el país, 1.278.284 asisten a instituciones del sector público. La proporción es similar cuando se mira a los graduados. En el país egresan por año unos 75.000 profesionales; el 75,4% sale de universidades públicas.
Mirada en conjunto, la situación es particularmente desigual en Brasil, Guatemala y Honduras. En todos los casos, además, los egresados pertenecen a niveles socioeconómicos altos en su mayoría.
Aunque la educación superior latinoamericana ha sido tradicionalmente selectiva -a mediados del siglo XX, sólo cinco de cada 100 jóvenes ingresaban en la universidad-, en los últimos treinta años vivió un inédito proceso de expansión.
Los estudiantes pasaron de 1,6 millones en 1970 a los actuales 8 millones, que asisten a más de 800 universidades y unos 4000 institutos. Se ha convertido, además, en un sistema fuertemente "privatizado": el 60% de las universidades y la mitad de los institutos terciarios del continente son privados.
En este aspecto, la Argentina comparte con Uruguay una particularidad: la existencia de un sistema público y gratuito de universidades, que concentra a la mayoría de los estudiantes.
Como resultado de ese proceso de masificación, en el continente ingresan hoy en la educación superior alrededor de 25 de cada 100 jóvenes. Sin embargo, la cobertura es todavía baja: los universitarios representan, en promedio, el 17,7% de los jóvenes de su grupo de edad.
"Con esta ampliación del acceso se han beneficiado, primero, los jóvenes provenientes de los dos quintiles de mayores ingresos", afirmó a LA NACION José Joaquín Brunner, especialista en educación superior e investigador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, en Chile.
"Simultáneamente, la simple ampliación de la oferta ha contribuido a generar oportunidades de acceso para los jóvenes de los tres restantes quintiles, sea por la vía gratuita o paga", dijo.
En Chile, los números le dan la razón: 40 de cada 100 jóvenes de la edad correspondiente están en la universidad, y la relación entre los ingresantes de ambos extremos sociales disminuyó en casi 5 puntos entre 1990 y 2003. Se trata, sin embargo, de un sistema en el que las universidades estatales cobran arancel.
Sin embargo, los panoramas nacionales son diversos. Brasil, en un extremo, tiene más del 80% de sus ingresantes en el sector más rico de la sociedad; en México es el 70%, pero en Uruguay se trata de algo menos del 40 por ciento.
Para el sociólogo Carlos Marquís, especializado en educación superior, "en términos generales, la universidad sigue siendo un espacio reservado para los sectores socioculturales más favorecidos", un fenómeno del que no sólo se puede responsabilizar a la educación.
"Hay momentos históricos más propicios que otros para que la educación funcione como un mecanismo de ascenso social. Los altos niveles de exclusión en la actualidad crean dificultades crecientes para la movilidad social en el continente", agregó.
Con matices
En la Argentina, en tanto, la tendencia promedio podría estar escondiendo fenómenos en el sentido contrario.
"Los estudiantes que acceden a la educación superior pública muestran indicadores socioeconómicos más bajos que en los últimos 20 años, porque trabajan o porque pertenecen a hogares con padres profesionales, pero que no tienen la misma capacidad económica que antes", comentó Marcela Mollis, especialista en educación superior comparada.
Para la investigadora y subsecretaria de Posgrado de la UBA, el perfil socioeconómico de los estudiantes universitarios está en transición en la Argentina: "En las universidades públicas se ve un empobrecimiento; en general asisten los niveles sociales medios y medios bajos, mientras los sectores más ricos van crecientemente a las privadas de elite", dijo Mollis.
"Los datos sobre los egresados son lógicos. La gente prolonga sus estudios porque trabaja; gran parte de los que terminan a tiempo tienen una capacidad socioeconómica que los aventaja y les permite hacerlo", comentó Mollis.
La presencia de la Argentina entre los países más desiguales en el acceso, de todos modos, puede deberse al aumento de la presencia de las universidades privadas y de su matrícula en el sistema local, que creció en los últimos años.
Igual que Bolivia
El estudio también muestra datos sobre las tasas de educación secundaria completa, con la Argentina en un lugar intermedio: algo más del 20% de los de menos de 30 años terminó el nivel medio.
También se midió el abandono de los estudios universitarios. La Argentina comparte con Bolivia una situación peculiar: altos niveles de acceso a la educación superior y de abandono al mismo tiempo.
"Hay una contradicción entre el llamado ingreso irrestricto y lo que sucede cuando se empiezan las carreras, desde las dificultades en el espacio físico en las universidades masivas hasta las diferencias entre los requerimientos del estudio universitario y el devaluado nivel de un egresado de la escuela media", expresó Marquís.
Hacia adelante, los expertos coinciden en marcar la responsabilidad de todo el sistema educativo para lograr reducir los niveles de desigualdad. "Se requiere igualar las oportunidades en la enseñanza primaria y secundaria, para que América latina no siga atrapada en la ley de la reproducción de las desigualdades de origen", dijo Brunner.
"Creo que a mediano plazo la tendencia será hacia una mayor expansión del acceso, pero la rapidez con la que se incorporen los jóvenes provenientes de los sectores de menores ingresos dependerá de la universalización de la enseñanza secundaria", apuntó el investigador.
En contextos de desfinanciamiento por parte del Estado, como el que se registra en los países de todo el continente, aparece enseguida la pregunta por los recursos.
Para Brunner, el arancelamiento, a la manera de la experiencia chilena, es la respuesta. "La gratuidad significa un subsidio encubierto a los herederos del capital cultural y escolar. A la larga introduce un sesgo de inequidad que refuerza aún más las desigualdades de origen sociofamiliar", dijo, en una postura que otros resisten fuertemente. "Arancelar los estudios superiores no soluciona por cierto el problema de la inequidad en el acceso pero, al menos, ayuda a compensar la inequidad en la distribución de los ingresos", agregó.
Marquís, por su parte, transmitió una posición intermedia: "Sería necesario que los gobiernos pudieran desarrollar un sistema de becas masivo e importante para jóvenes talentosos de sectores humildes", concluyó
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