Garantías para pagar a los maestros
Las provincias podrán recurrir a préstamos para abonar los sueldos; a cambio, deben hacer reformas
El Ministerio de Educación utilizará un préstamo de $ 600 millones del Banco Mundial para garantizar a los docentes el pago puntual y completo de sus salarios el año próximo.
Así lo informó ayer el ministro de Educación, Andrés Delich, al presentar un detalle del presupuesto educativo 2002, que alcanzará los $ 3445,5 millones y no incluirá los $ 660 millones del fondo de incentivo docente.
Las provincias que presenten dificultades para abonar los sueldos a los maestros podrán solicitar por una vez en el año el dinero equivalente a una nómina salarial completa para evitar retrasos en los pagos.
A cambio de los fondos, deberán comprometerse a realizar reformas administrativas profundas para reducir el gasto, como unificar un legajo por docente, ordenar las plantas de personal de las escuelas y crear un sistema de liquidación de haberes para no sumar más nombramientos "a menos que sean necesarios". Si no cumplen estos compromisos o no devuelven en tiempo los fondos recibidos el monto se retirará automáticamente de los recursos que les corresponden como coparticipación federal.
En el cálculo de recursos, que aún debe aprobar el Congreso, no se prevén recortes en las asignaciones a las universidades nacionales.
El total del presupuesto educativo registra un aumento de $ 451,1 millones, debido a la inyección de los $ 287 millones del Sistema Integrado de Protección a la Familia que el Gobierno puso en marcha por decreto.
Así, se destinarán $ 300 millones para financiar becas de $ 400 pesos anuales para 700.000 jóvenes de entre 14 y 17 años de bajos recursos, y $ 78,8 millones para extender el envío de libros de texto y mochilas con útiles a 5 millones de alumnos en todo el país.
Situación de crisis
Según afirmó Delich, el fondo para el financiamiento de salarios docentes, que regirá por un año, "es una herramienta para una situación de crisis, que apunta a garantizar 180 días de clase y a liberar fondos al ordenar gastos".
Intenta, así, contener los conflictos por los atrasos en los pagos de sueldos y aguinaldos que este año originaron la pérdida de días de clase en varias provincias. En Buenos Aires, por caso, se perdieron 23.
Al respecto, hay 13 provincias que este año acumularon deudas con los docentes: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Formosa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Tucumán y Tierra del Fuego.
A pesar de esta "garantía para el pago de sueldos en término" , el incentivo docente no aparece en el presupuesto. "El Congreso tiene que resolver cómo se financiará el fondo", dijo el ministro Delich, que aclaró que se garantizará el pago de la deuda de $ 330 millones correspondientes a las cuotas del incentivo no pagadas este año.
Por otra parte, el presupuesto universitario se mantendrá en $ 1820 millones. Sin embargo, se incluirán controles más estrictos sobre la utilización que las universidades hacen de sus fondos.
Por ejemplo, el 8% del presupuesto -$ 158,4 millones- se retendrá en forma proporcional y redistribuirá de acuerdo con pautas objetivas, aprobadas por las propias universidades, que incluyen el número de docentes y alumnos, la investigación que realizan y partidas especiales para reformas académicas y de infraestructura.
Según se informó, la intención es ir aumentando el porcentaje de los recursos que se redistribuye con estas pautas, hasta llegar a un 15% en tres años.
Además, las universidades deberán presentar ante el Congreso y el Ministerio de Educación la nómina salarial completa y, semestralmente, rendir cuentas de los avances de sus programas de reforma.
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