Más de 150 intelectuales, científicos y artistas condenan la “ruptura institucional” por parte del Gobierno

El choque de poderes en la Argentina no pasa desapercibido entre los intelectuales. Con la firma de más de ciento cincuenta escritores, artistas, científicos, profesores universitarios y periodistas, se dio a conocer hoy un comunicado que condena la “ruptura institucional” por parte del Poder Ejecutivo, que anunció que no acataría la sentencia de la Corte Suprema que ordena al Gobierno nacional reponer parte de los fondos de coparticipación recortados a la ciudad de Buenos Aires en 2020. Entre los firmantes apararecen Graciela Fernández Meijide, Juan José Sebreli, José Emilio Burucúa, Norma Morandini, Daniel Sabsay, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Luis Alberto Romero, Darío Lopérfido, Diana Cohen Agrest, Federico Andahazi, Liliana De Riz, Marcelo Gioffré, Miguel Wiñazki, Silvia Plager, Marcelo Birmajer, Josefina Delgado, Diana Sperling, Maximiliano Gregorio-Cernadas, Luis Quevedo, Osvaldo Bazán y Gonzalo Garcés, entre muchas otras figuras públicas. También adhieren al comunicado políticos opositores como Fernando Iglesias, Laura Alonso, Eduardo Amadeo, Pablo Torello, Silvana Giudici y Hernán Lombardi.

“En medio de la pandemia y ante un conflicto policial en la provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo le quitó arbitrariamente a la ciudad de Buenos Aires fondos coparticipables que le correspondían para entregárselos a la Provincia, gobernada por el oficialismo -recuerda el documento al inicio-. Ante la vulneración de sus derechos y exigiendo respeto por la Constitución, la ciudad de Buenos Aires acudió a los tribunales y la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar a fin de reponer una parte de los fondos afectados. Sin embargo, tras una reunión con algunos gobernadores, cuyo único temario consistió en soliviantarlos para que se sumaran a su estrategia de desacato, el gobierno nacional decidió desobedecer la sentencia”.

“En las últimas décadas, los ataques a la institucionalidad han adquirido una persistencia inquietante y creciente -prosigue-. Basta citar como antecedentes el desconocimiento de la sentencia que ordenaba reponer a Eduardo Sosa como Procurador de la Provincia de Santa Cruz, los crueles incumplimientos de las sentencias a favor de los jubilados, y más recientemente la resolución del Senado para la designación de miembros del Consejo de la Magistratura, siguiendo una ley que ya había sido declarada inconstitucional por la Corte”.

En el comunicado se afirma que la decisión del Ejecutivo es de “enorme gravedad” y que incita “al ciudadano común a no respetar las sentencias, las normas y la autoridad en general”. También se considera que no acatar un fallo de la Corte implica “un salto en la escala” que amenaza con “producir un cambio de régimen” y sitúa al país al margen de la ley.

El escritor y periodista Marcelo Gioffré cuenta que el planteo inicial acerca de la necesidad de emitir un comunicado fue hecho por Julio Montero, profesor de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. “Yo se lo transmití a Luis Alberto Romero, a Juan José Sebreli y a Daniel Sabsay, que es un especialista, y entre todos armamos un documento original -dice Gioffré a LA NACION-. Hubo un importante aporte de Marcos Novaro en la redacción y de inmediato comenzaron a llegar mensajes de adhesión por mail y WhatsApp. Pensamos en darlo luego del fin de semana festivo por la Navidad”. Gioffré destaca que entre los firmantes hay investigadores del Conicet y profesores universitarios de instituciones públicas que “se la están jugando” al expresar su opinión.

Una vez que se conoció el fallo, el presidente Alberto Fernández indicó que presentaría un recurso “in extremis” contra la decisión judicial y que recusaría a los magistrados del máximo tribunal. Hoy, en su cuenta de Twitter, comunicó además que le pagará a la administración porteña con bonos. “Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, tuiteó. Para los firmantes del comunicado, que se reproduce a continuación, el pago con bonos igualmente incumpliría el fallo de la Corte.

La ruptura institucional

En medio de la pandemia y ante un conflicto policial en la Provincia de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo le quitó arbitrariamente a la ciudad de Buenos Aires fondos coparticipables que le correspondían para entregárselos a la Provincia, gobernada por el oficialismo. Ante la vulneración de sus derechos y exigiendo respeto por la Constitución, la ciudad de Buenos Aires acudió a los tribunales y la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar a fin de reponer una parte de los fondos afectados. Sin embargo, tras una reunión con algunos gobernadores, cuyo único temario consistió en soliviantarlos para que se sumaran a su estrategia de desacato, el gobierno nacional decidió desobedecer la sentencia.

La decisión del Poder Ejecutivo es de enorme gravedad: arrasa la división republicana de poderes y viola la Constitución Nacional porque es la Corte la que tiene competencia originaria para juzgar de manera definitiva los conflictos entre el Estado nacional y las provincias. Pero además esta interferencia con el orden constitucional convoca abiertamente al ciudadano común a no respetar las sentencias, las normas y la autoridad en general.

En las últimas décadas, los ataques a la institucionalidad han adquirido una persistencia inquietante y creciente. Basta citar como antecedentes el desconocimiento de la sentencia que ordenaba reponer a Eduardo Sosa como Procurador de la Provincia de Santa Cruz, los crueles incumplimientos de las sentencias a favor de los jubilados, y más recientemente la resolución del Senado para la designación de miembros del Consejo de la Magistratura, siguiendo una ley que ya había sido declarada inconstitucional por la Corte.

Las tensiones entre las democracias constitucionales y los Ejecutivos que buscan concentrar el poder son el lamentable signo de un tiempo donde la democracia vuelve a estar en tela de juicio. Arrogándose la representación exclusiva de un “pueblo” imaginario y monolítico que dicen encarnar, algunos gobernantes olvidan que, directa o indirectamente, los otros dos poderes también emanan de un poder constituyente que expresa una voluntad popular diversa y plural. Ante cualquier crítica o sentencia contraria a sus deseos intentan anular, entorpecer o debilitar esas garantías del sistema y subordinar a las minorías.

Pero decisiones como la de no respetar un fallo de la Corte Suprema implican un salto en la escala, pues amenazan con producir un cambio de régimen y ponen al país frente a un inédito regreso a las épocas oscuras en que los gobiernos se colocaban deliberadamente al margen de la ley. Por eso los abajo firmantes exigimos al Poder Ejecutivo que respete las sentencias y el sistema constitucional, disipando cualquier tentativa de experimentar con formas novedosas de golpismo. La democracia está en juego.

Graciela Fernández Meijide, Juan José Sebreli, Norma Morandini, Marcelo Gioffré, Luis Alberto Romero, Julio Montero, Santiago Kovadloff, Oscar Martínez, Héctor Guyot, Alejandro Fargosi, Alejandro Carrió, Fundación Julio César Strassera, Maximiliano Gregorio-Cernadas, Cecilia Scalisi, Sandra Pitta, Fernando Pedrosa, Alejandro Bongiovanni, Marcelo Birmajer, Maximiliano Guerra, Fernando Iglesias, Sebastián Linares Lejarraga, Marta Oyhanarte, Myriam Barroso, Marcelo Mazzarello, Rogelio Alaniz, Horacio Jaunarena, Galo Soler Illia, Liliana de Riz, Eduardo Amadeo, Silvia Plager, Federico Andahazi, Jorge Ossona, Sabrina Ajmechet, Diana Sperling, Diego Guelar, Fernando Chichero, Diana Wang, Hernán Lombardi, Gonzalo Garcés, Gustavo Noriega, Fanny Mandelbaum, Diana Cohen Agrest, Josefina Delgado, Mauricio Devoto, Jorge Sigal, Miguel Wiñazki, José Emilio Burucúa, Fabio Quetglas, Claudio Avruj, Carlos Ernesto Gutiérrez, Darío Lopérfido, Alina Diaconú y Luis Diego Fernández son algunos de los firmantes.

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