1
Ordenan revisar en La Pampa el estado de 427 escuelas
La Justicia amenaza con clausurarlas
1 minuto de lectura'
SANTA ROSA.- Diez días. Ese es el plazo que le dio la justicia provincial al gobierno de La Pampa para que revise, uno por uno, los 427 edificios escolares de educación general básica y del polimodal. Si las autoridades educativas no responden, podría clausurarlos a todos.
El doctor Eduardo Pascual, juez sustituto del Juzgado Civil N° 2, hizo lugar a una acción de amparo presentada por la diputada provincial Josefina Díaz (UCR) y exigió al Poder Ejecutivo local que presentara inmediatamente los certificados que garanticen que cada una de las escuelas de La Pampa se encuentran en condiciones de salubridad, higiene y seguridad para los docentes y alumnos que concurren a ellas.
El magistrado firmó una resolución que contiene definiciones lapidarias hacia la administración del gobernador Carlos Verna, que en los últimos meses amplió la difusión de obras y refacciones en edificios escolares, al tiempo que ha iniciado la construcción de una veintena más.
Denuncias y peritajes
En su escrito, el juez Pascual acusó al Estado pampeano de haberse sumido en un "letargo". Todo pese a que se había probado desde 2005 el grave estado de deterioro que presentaban varios edificios.
El juez se apoyó en peritajes técnicos realizados por el arquitecto Luis A. Fernández y los ingenieros civiles Patricia M. Rosón y Rafael A. Tribenti sobre doce escuelas. La diputada Díaz había centrado su denuncia judicial en las precarias condiciones de esos establecimientos.
Según el magistrado, en esas escuelas hay "fisuras en mampostería estructural, filtraciones de agua por deficiencias en las distintas barreras hidrófugas (sea en sus losas, techos, y paredes), rudimentarias, peligrosas e incluso antirreglamentarias instalaciones eléctricas sin puesta a tierra".
También advierte sobre "sanitarios fuera de servicio, inexistencia de pararrayos, insuficiencia de elementos extintores y habitaciones enrejadas con imposibilidad de una evacuación inmediata en caso de incendio", entre otras deficiencias y riesgos.
Pascual dijo que las "deficiencias estructurales" se deben principalmente a la antigüedad de los edificios, pero también a la "falta de adecuado mantenimiento". Y pese a que reconoció que la situación no es tan grave en el resto de las escuelas pidió un informe de cada uno de los edificios.
Los alumnos y los docentes están en peligro. "Son circunstancias que hacen al temor genuino y fundado, que comparto, de posibles daños a la salud e integridad física de los alumnos y docentes que a diario acuden a los establecimientos", expresó Pascual.
El juez repartió culpas. "Esta situación no reconoce como único responsable al Ejecutivo de turno. Es fruto de mucho tiempo", indicó.
La diputada Díaz, al conocer la resolución judicial, reconoció a LA NACION que diez días no son suficientes para certificar las condiciones de las 400 escuelas de la provincia.
"No es fácil hacer el relevamiento. Pero también hay que tener en cuenta que las primeras advertencias por los problemas edilicios datan de 2005, cuando hice una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas", sostuvo.
Como esa fiscalía no actuó debidamente, en 2006 la legisladora presentó el recurso de amparo en la Justicia.
De milagro
En 2005, en una escuela de la localidad de Anguil se cayó parte de un techo.
En Santa Rosa, por la rotura de un alambre perimetral, el año pasado un hombre ingresó y amenazó con un cuchillo a personal docente y alumnos. En la Escuela N° 84 de General Pico, con 570 chicos, sólo había un matafuegos.
Además, en una escuela de 25 de Mayo había cables pelados por doquier. En Dorila, un alumno recibió una descarga eléctrica mientras abría la canilla de un baño. Y hace dos meses, una escuela rural de Urdaniz, que no contaría con pararrayos, se incendió totalmente.
No se sabe si el juez Pascual es creyente. Pero en su resolución dijo que por milagro no se ha producido una tragedia.
Apelan a los suplentes en Salta
- SALTA.- El Ministerio de Educación salteño comenzó la designación de docentes suplentes -hasta ayer se habían nombrado 20- para reemplazar a los maestros que por decisión de la Asamblea Provincial Docente (autoconvocados) siguen en paro desde el inicio de clases, el 26 de febrero. Los maestros en huelga por mejoras salariales superan el 50 % del plantel docente de la provincia. Reclaman un salario básico de $ 1200, pero el gobierno ofreció 460. La medida adoptada ayer por el ejecutivo provincial motivó que, en algunos establecimientos, maestros que estaban trabajando se plegaran a la huelga en protesta.
