Prohíben el examen de ingreso y hay polémica

El Senado aprobó el miércoles último una reforma a la ley de educación superior (LES), sancionada en 1995, que reavivó el debate en torno al concepto de educación pública y gratuita en las universidades nacionales al establecer la prohibición de los exámenes eliminatorios y la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones públicas.

Se trató de un proyecto de la diputada del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós -que fue directora de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires-, focalizado en los artículos 2 y 7 de la ley, sobre las condiciones de la educación de grado gratuita y pública, y sobre los exámenes como herramientas de filtro. Fue aprobada con el apoyo de la UCR, el Peronismo Federal y el bloque Progresistas. Pro la rechazó. La norma generó críticas. El ex director del Colegio Nacional de Buenos Aires Horacio Sanguinetti, por caso, sostuvo que es inconstitucional.

"Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior", dice el artículo 7 de la norma reformada. Según detalla en sus fundamentos, se pretende evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía "exámenes eliminatorios" u "otros mecanismos de exclusión".

En este sentido, ya no podrán tomarse exámenes de ingreso, por ejemplo, una opción que utilizaban algunas universidades como método de nivelación. El caso que siempre es noticia es el de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, donde suelen aprobar alrededor de 80 alumnos de los 2000 que se presentan, en promedio.

Si bien hasta el momento no hubo cuestionamientos formales por parte de las autoridades de las universidades, los especialistas en educación advierten que las modificaciones no se proyectan en torno al objetivo de elevar la calidad educativa nacional. También interpretan posibles especulaciones en torno al momento político en el que se sancionaron.

"Una de las razones que suele esgrimirse en este tema es que el examen de ingreso genera menos egresados", explicó a LA NACION Pedro Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación. "Pero tomo como ejemplo el caso de mi universidad de origen, La Plata, y los datos oficiales de 2011: la Facultad de Periodismo no tiene examen de ingreso, y ese año graduó a 235 alumnos, el 30% de los ingresados en la promoción. La Facultad de Medicina, por su parte, que tiene examen de ingreso, egresó 368 alumnos, el 90% de los ingresados en su cohorte. Quiere decir que la universidad con ingreso duplicó el número de egresados", detalló.

Barcia citó, además, ejemplos en los países limítrofes: "Chile, Cuba. Brasil, Colombia y Ecuador tienen exámenes de ingreso en sus universidades. Chile gradúa por año 60% más de alumnos que nuestro país. Brasil, el 50% más."

Otros especialistas, incluso, denunciaron oportunismo: "Una semana atrás el 60% de los argentinos votó en contra de este gobierno, con lo cual la inoportunidad de esta ley, para un tema que necesita debatirse a fondo entre todos los sectores, resulta aberrante", dijo Guillermina Tiramonti, investigadora de educación de Flacso. "Esta ley tiene el propósito de que el Estado financie la militancia de La Cámpora en todas las universidades que en el último tiempo levantaron en el conurbano", aseguró. "Obliga a seguir pagando los sueldos de todos los nombramientos locos que se han venido haciendo en las nuevas casas de estudio", concluyó.

El ex director del Colegio Nacional de Buenos Aires Horacio Sanguinetti, por su parte, consideró que la modificación es inconstitucional: "Fijar por ley que el ingreso a la Universidad debe ser directo es una violación flagrante de la autonomía universitaria establecida en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución nacional", declaró. A su vez, la reforma establece que cada universidad podrá definir los requisitos de regularidad de sus alumnos. Hasta ahora, los estudiantes debían aprobar, como mínimo, una materia por año; dos, en algunos casos. Sólo las universidades de más de 50.000 alumnos -siete de un total de 53 instituciones- podían establecer sus propios criterios.

Por otro lado, los senadores votaron un agregado para el artículo 2 que postula "la prohibición de establecer sobre ellos (los estudios de grado en instituciones públicas) cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa". La reforma prohíbe además "suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización".

Con la colaboración de Loreley Gaffoglio

Por Lucila Rolón

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