Se expanden sin control las sedes universitarias

En una cadena que agrega eslabones sin control, las universidades argentinas están en pleno proceso de reproducción.

Por iniciativa propia, a pedido de gobiernos municipales o por convenios con institutos terciarios, cada vez más universidades públicas y privadas abren sedes, anexos y extensiones de aulas en zonas alejadas de su localización central.

No se registran cifras oficiales sobre la cantidad de anexos universitarios que hay en el país, pero un relevamiento realizado por LA NACION sobre datos de las propias casas de altos estudios contó 140.

Su intención primaria es difícilmente criticable: evitar a los jóvenes el costo económico y personal de trasladarse para estudiar y promover el desarrollo cultural de las localidades más pequeñas.

Pero, en la realidad, la virtual ausencia de control oficial sobre las carreras y la calidad de la enseñanza que ofrecen las subsedes alejan sus efectos de ese ideal: el mapa de los apéndices universitarios del país muestra la repetición de estudios tradicionales, como Derecho y Ciencias Económicas -que atraen muchos alumnos y no necesitan infraestructura ni tecnología para dictarse-, en lugar de carreras que respondan a necesidades locales y no se superpongan con ofertas ya existentes.

Cabe un ejemplo: en la provincia de Buenos Aires se dictan 44 carreras de Derecho, pero sólo siete en universidades propiamente dichas.

En los últimos años, en tanto, surgió una nueva modalidad de reproducción: la firma de convenios entre universidades e institutos terciarios y colegios secundarios, para dictar en ellos las materias que permitan a graduados terciarios acceder a una licenciatura en uno o dos años. Se trata de una figura -bautizada con el nombre de colegios universitarios- que intenta evitar la emigración de los estudiantes a los centros más poblados.

"No se puede abrir una sede en cualquier parte, por una cuestión de competencia con otras universidades, pero es más fácil si se hace en asociación con terceros", dijeron en una universidad privada que tiene la expansión "como política".

La proliferación preocupa al Ministerio de Educación, aunque sus autoridades reconocen que sólo pueden ejercer un control parcial.

Según la regulación vigente, las únicas universidades que deben pedir permiso para abrir una sede son las privadas con autorización provisional. El resto -las nacionales y las privadas autorizadas definitivamente- sólo deben hacerlo si quieren extenderse fuera de su región geográfica de influencia.

"La ley de educación superior instaló un mecanismo que impide la apertura de universidades de baja calidad, pero no pudo controlar la expansión de las subsedes", dijo a LA NACION Ernesto Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

"El sistema universitario argentino se desarrolló más por oferta que por demanda. El aspecto positivo de las subsedes es que atiende la demanda de una comunidad, pero muchas veces la calidad de la enseñanza no es buena", dijo Villanueva.

La competencia territorial, sin embargo, ya casi es historia antigua: la expansión de la educación a distancia hace que los adversarios ahora atraigan alumnos a través del ciberespacio.

Los intereses económicos juegan su papel: en la mayoría de las sedes -también en las de universidades públicas-, las carreras son aranceladas (entre $ 50 y $ 100 mensuales), para costear, por ejemplo, los viajes y estadas de los docentes.

La apertura de subsedes responde muchas veces a pedidos expresos de gobiernos locales y asociaciones. La Universidad Nacional de Lanús (UNLa), por ejemplo, tiene, entre otros, un convenio con la Secretaría de Salud Pública del gobierno bonaerense para que los enfermeros completen una licenciatura en lugares como Bahía Blanca, Berazategui, Morón y General Villegas, entre otros.

De la misma manera, dicta la licenciatura en educación física en la ciudad de Buenos Aires, previo convenio con la Secretaría de Educación porteña. Y ofrece licenciaturas en trabajo social y economía empresarial para los oficiales del Servicio Penitenciario de la provincia, en su sede de La Plata.

"No vamos a instalarnos con nuestra oferta a cualquier lugar, sino que respondemos a demandas puntuales", explicó el secretario académico, Juan Carlos Geneyro.

De manera similar describieron su política de expansión en la Universidad de Morón. "Nos complementamos con institutos terciarios para llevar carreras concretas donde hay una demanda. Nosotros ponemos los docentes y ellos la infraestructura", dijo el secretario general, Carlos Gowland. Además, abrieron un anexo independiente en La Falda, Córdoba, a pedido de la comuna, para dictar carreras del área de turismo y comercio internacional.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), por su parte, fue el paradigma de la apertura de subsedes para el dictado de la carrera de Abogacía durante la última mitad de la década del 90 -hoy se dicta en ocho centros de extensión, como Zárate, Las Flores, Trenque Lauquen, Goya y Rufino-, pero es una política que está en revisión.

"No pensamos abrir ningún centro más, e incluso estamos pensando en habilitar las carreras sólo en la medida en que haya demanda. Los centros exigen recursos para mantenerse y tienen un ciclo. La demanda por la carrera de Derecho se agota", dijo Diego Molea, secretario general de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora.

"Los municipios piden Derecho porque hay demanda de carreras tradicionales, pero muchos de los que se reciben terminan emigrando, porque no tienen trabajo", agregó.

Con sedes en Rosario y otras localidades del conurbano, más una política activa de alianzas con terciarios, la Universidad Abierta Interamericana (UAI), en proceso de autorización definitiva, suma 20.000 estudiantes en total y argumenta que "antes de abrir una sede hacemos un estudio y llevamos una propuesta relacionada con la región".

Desde la Secretaría de Políticas Universitarias, en tanto, se ensaya una salida al desorden.

"Acelerar los procesos de evaluación de las carreras tendrá impacto, porque cada sede deberá acreditar su carrera. Así se evitará que mucha gente se inscriba, muchas veces sin otra opción, y termine frustrada por el bajo nivel de la enseñanza que recibe", dijo su titular, Juan Carlos Pugliese.

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