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Siete millones de alumnos no tuvieron los días de clases exigidos
Sólo 8 de los 24 distritos completaron el mínimo de 180 jornadas programadas
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Durante el ciclo lectivo 2005, que terminó ayer en casi todo el país, sólo ocho provincias alcanzaron el mínimo de 180 días efectivos de clases por los paros docentes, mientras que las 16 jurisdicciones restantes no pudieron llegar a ese umbral, exigido para garantizar una enseñanza de calidad.
La proliferación de las medidas de fuerza, en su mayoría por reclamos de mejoras salariales, perjudicó así a unos 7.400.000 alumnos, que no cubrieron el mínimo de clases.
La provincia más afectada fue Chaco, con 52 días perdidos, y por segundo año consecutivo encabezó la lista de las provincias con menos días de actividad en las aulas.
Pese a que la ley 25.864, sancionada hace dos años, obliga a las provincias a garantizar 180 días de clases y a recuperar las jornadas perdidas por los paros, no todas extendieron el calendario escolar. Muchas hicieron una selección de contenidos e impartieron sólo los aprendizajes considerados prioritarios.
Además del Chaco, los paros docentes incidieron con fuerza en Río Negro, que perdió 35 días lectivos en el año. Le siguen Salta, con 34; Neuquén, con 24; Santa Fe y Entre Ríos, con 18, y Santiago del Estero y Chubut, con 16. La provincia de Buenos Aires, que reúne casi el 40% del total de alumnos del país, perdió 10 días de clases sobre un total de 186 jornadas previstas.
Consultado por LA NACION, el ministro de Educación, Daniel Filmus, admitió que la disminución de las jornadas de clases por los paros atenta contra el aprendizaje de los chicos. Y explicó que siete provincias “elaboraron programas que permitieron recuperar los días perdidos, lo cual ya es muy importante”.
La cartera educativa informó que las provincias de Chaco, Buenos Aires y Catamarca centraron la recuperación en la reorganización de los contenidos que se consideran prioritarios, mientras que Río Negro, San Luis, Santa Fe y Salta sumaron a esa recuperación de temas el compromiso de extender el ciclo lectivo de este año o del próximo. Filmus consideró que estas medidas son suficientes para subsanar las consecuencias negativas de los paros.
La única provincia que no perdió ningún día de clase fue Santa Cruz, donde rige un atractivo sistema de bonificaciones por presentismo para los maestros. Hubo allí un ciclo de 184 días.
Tucumán, Misiones y la ciudad de Buenos Aires sólo perdieron un día. Córdoba tenía un calendario de 185 días, y si bien los alumnos perdieron cinco jornadas, el gobierno provincial dispuso más días de clases para alcanzar el calendario fijado.
Todas ellas completaron el mínimo de 180 días, al igual que Corrientes, Formosa y San Juan. Así, los alumnos que alcanzaron el mínimo exigido suman unos 3.200.000.
La provincia de La Rioja es un caso particular. Se perdieron cuatro días de actividad en los colegios, pero los departamentos de Chilecito y Famatina, durante el primer semestre, tuvieron 45 días de huelga docente. El ministro de Educación de la provincia, Fabián Calderón, señaló que se podrían adoptar medidas para estos casos al inicio del año que viene.
Algo similar ocurrió en Chubut, donde los días perdidos fueron 16, pero en Comodoro Rivadavia la cifra ascendió a 37, por lo cual en esa ciudad se extendió el ciclo lectivo hasta el 20 de este mes.
Peor que en 2004
Las estadísticas de este año son menos favorables que las de 2004, cuando 12 provincias habían alcanzado el mínimo de 180 días.
El ministro Filmus consideró que "los días de clases son una variable muy importante", aunque no la única a considerar para evaluar la calidad educativa. Mencionó la importancia de la formación docente y la infraestructura de los establecimientos a la hora de evaluar la calidad del sistema educativo.
Sin embargo, recordó que el mismo año que asumió como ministro, en 2003, se sancionó la ley que estipula los 180 días mínimos de clases, "ya que entonces no se proponían ni esta meta".
Filmus consideró un avance el hecho de que las provincias empiecen a asumir el compromiso de tomar medidas para recuperar los aprendizajes que no se pudieron impartir en el tiempo previsto.
No obstante, señaló que el Gobierno está preocupado porque "no estamos cumpliendo con los derechos de los chicos argentinos que incluyen cumplir con los 180 días de clases", y anticipó que ya dispuso avanzar a la cifra de 185 días para 2006.
En la primera mitad de este año escolar ya se habían producido más paros docentes que en los últimos 14 años y los alumnos de trece provincias habían perdido más días de clases que en 2004, según un informe que dio a conocer en ese momento el Centro de Estudios Nueva Mayoría.
Garantías
"Si el Estado nacional no puede hacer cumplir una ley bastante simple como la de los 180 días de clases, ¿cómo hará para garantizar el financiamiento educativo?, se preguntó el doctor Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, ante una consulta de LA NACION sobre el año lectivo que acaba de finalizar. Y agregó que si se pudiera salir del problema de la cantidad de escolaridad se podría pasar al de la calidad educativa.
Por su parte, Inés Dussel, coordinadora del área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señaló el problema de la "inefectividad de la ley en la Argentina" que afecta no sólo al sistema educativo. "Los instrumentos legales deben ser respetados", consideró.
"Pienso que hay más paros porque hay más espacio para hacerlos y mayor conciencia social, porque se viene de un retraso salarial muy grande. No sé si la gente está peor, sino que se siente con más derecho a reclamar", consideró la investigadora.
Si bien la mayoría de las huelgas escolares respondió a conflictos con los gobiernos provinciales, la Ctera contribuyó a la pérdida de días de clases cuando realizó un paro nacional de 24 horas en mayo, luego de dos años de no llevar a cabo ninguna medida de protesta. La entidad gremial reclamó entonces la sanción de una ley de financiamiento de la educación que fije un piso mínimo de inversión del 6% del producto bruto interno (PBI), en coincidencia con el proyecto de ley que elaboró el ministro Filmus.
El reclamo estaría a punto de ser satisfecho. La ley de financiamiento educativo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso ya tiene media sanción del Senado y el Gobierno espera que sea aprobada antes de fin de año por la Cámara baja durante el período de sesiones extraordinarias del Parlamento.
De aprobarse la ley, el presupuesto para el área educativa para 2006 representaría el 4,7 por ciento del PBI y se iría incrementando año tras año hasta alcanzar el 6 por ciento en 2010. De esta forma, la Argentina dejaría de ocupar el puesto número 67 y pasaría, en cinco años, a formar parte del grupo de 30 países que más invierten en el área en todo el mundo.
