A un año de la compra, Boca no inició las obras y puede perder las tierras de Casa Amarilla

En abril de 2016 la comisión directiva de Boca, que preside Daniel Angelici, aprobó la compra de la manzana que conforman las calles 20 de Septiembre, Martín Rodríguez, Juan Manuel Blanes y Palos, a solo 300 metros de la Bombonera. No hay absolutamente ningún indicio. Ningún cartel ni alambrado. Pero ese lote, el que se extiende hasta Arzobispo Espinoza, y las dos medias manzanas linderas que están pegadas a los monoblocks de la avenida Almirante Brown, son del Club Atlético Boca Juniors, desde que en asamblea decidió incorporarlas a su patrimonio.

Doce meses después, todo está igual que entonces. Ni obra ni palas mecánicas, ni tierras removidas, ni construcción alguna. Completamente lo opuesto a la postura que tuvo la misma CD con los terrenos donde se construyó el fastuoso Centro de Entrenamiento en Ezeiza. En esas 60 hectáreas de la localidad bonaerense, los trabajos se iniciaron mucho antes de que la asamblea de representantes le diera el visto bueno a la obra.

Las dos manzanas, justo enfrente del complejo Pedro Pompilio donde cada semana se entrena el plantel profesional de Boca, cambian de rol de acuerdo al día: de lunes a viernes son un terreno baldío, abandonado. En cambio, los fines de semana cobran vida. Cuando hay fútbol en la Bombonera, ese mismo espacio se convierte en una gran playa de estacionamiento y centro de reunión de la barra brava xeneize. Allí hacen la previa, cuentan el dinero que recaudan los “trapitos” y, cerca de la hora del partido, inician la breve caravana al estadio. Cuando la pelota no rueda en Brandsen 805, la acción se traslada al campito, con torneos entre vecinos, mientras otros integrantes de las familias preparan el asado y los niños corren al aire libre, hasta que el sol se esconde.

Aunque lo parezcan, esas tierras ya no son públicas desde que el 25 de febrero de 2016 la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS) se las adjudicó a Boca, luego de un llamado a licitación pública por iniciativa privada con condiciones muy favorables para el club de la Ribera. A saber: sólo se aceptaban propuestas presentadas por organizaciones no lucrativas (asociaciaciones civiles, fundaciones, etc.) con 10 años o más de existencia, con al menos 500 integrantes, con al menos 10 años de antigüedad en la Comuna 4 y con un patrimonio neto igual o mayor que el 80 % del costo de los inmuebles más el valor de las inversiones. Sólo faltaba que se exigiera que el escudo tuviera estrellas amarillas.

Boca aprobó su compra en la asamblea realizada el 30 de marzo del año pasado. A los 15 días se firmó el contrato entre las partes y dos meses después se escrituró. A un año de todo aquello, lo único que identifica a esos cinco terrenos del sector conocido como “Casa Amarilla” con Boca son, sutilmente, las bases de los postes de los arcos de tamaño profesional que se erigen en el campito.

Nada es gratis. Según el contrato firmado con la CBAS, la entidad azul y oro le paga a la Ciudad 9.000.000 de pesos cada tres meses. Esa cuota se extenderá durante los próximos 10 años, hasta llegar al valor total de la superficie de 32.000 m2, tasada para la ocasión en 180.600.000 pesos (a razón de 5000 pesos el m2). Las extraordinarias facilidades de pago también constan en el Pliego Único de Bases y Condiciones, del llamado a Licitación Pública por Iniciativa Privada Nº 7- CBAS-2015, que forma parte del Plan de Desarrollo y Mejoramiento Urbano “Casa Amarilla”, y que puede leerse íntegro en internet.

Fuentes oficiales del club le dijeron a la nacion que los planos con las obras propuestas fueron presentados en tiempo y forma a la Ciudad de Buenos Aires en febrero de este año, es decir ocho meses después de la escritura. Y que esos planos aún no fueron aprobados. “Imposible colocar carteles o iniciar los trabajos sin esa aprobación”, se justifican. “Dependemos de que acepten los planos que les presentamos. Cuando eso suceda, tenemos 45 días para contratar a los que van a realizar la obra y un año de plazo para terminarla. Desde la CBAS aseguran que “Boca tiene todo en regla”, y que “la Corporación tiene designado un inspector de obra, para controlar las obras, cuando se inicien”.

A pesar de lo que declaran las partes involucradas, según el pliego, Boca hoy está en falta, expuesto a multas e, incluso, ante el riesgo de perder las tierras compradas. Según el punto 23, público pero muy favorable a un club como el de la Ribera (único oferente), el adjudicatario tenía “90 días corridos para el inicio de las tareas incluidas en la propuesta”. No las inició. Según el punto 23.3, tenía que colocar a los 10 días posteriores a la firma dos carteles de anuncio del proyecto a ejecutar. Tampoco se ven. Y el punto 16, el más preocupante, afirma que Boca perderá las tierras compradas si 36 meses después de firmado el contrato no cumplió con las obras prometidas. Ya dejó pasar un año. Le quedan dos.

Existe otro motivo que encienden las alarmas sobre unas tierras que parecen no tener paz. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (una organización social independiente que monitorea las políticas públicas y las actividades privadas en el ámbito de la ciudad) presentaron una acción judicial para declarar la nulidad de la venta de los terrenos de Casa Amarilla, por considerarla ilegal y anticonstitucional.

En su página web brindan una detallada explicación del asunto, donde se destacan dos puntos. El primero es que según el artículo Nº 82 inciso 4 de la Constitución de la Ciudad es la Legislatura la que aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad. La venta de las tierras de Casa Amarilla ni siquiera fue tratada en la Legislatura.

El otro conflicto de intereses se enfoca en que los predios de Casa Amarilla se encuentran dentro del marco de la Ley 2.240, que declara la Emergencia Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca, un reclamo vecinal desde hace varias décadas que nunca tuvo soluciones reales. En ese contexto, según el informe del Observatorio “el Gobierno de la Ciudad está destinando estos predios para que un privado desarrolle un plan integral orientado a cuestiones deportivas y comerciales, y al modificar el destino habitacional de esos predios se incumple otra Ley, la Nº 1251, que faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad a transferir al Gobierno de la CABA aquellos bienes inmuebles que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública”.

El recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires fue rechazado en primera instancia por el Juez Darío Reynoso por “falta de legitimación”. Sin embargo, en segunda instancia votaron dos jueces (los doctores Fabiana Schafrik y Esteban Centanaro, padre de Ivana, ex legisladora kirchnerista devenida macrista, y hombre muy cercano a Angelici) y está 1 a 1, a la espera de que un tercer juez (Fernando Juan Lima) defina, algo que debería ocurrir antes de julio.