Abastecimiento: el G-6 pidió que la ley sea declarada inconstitucional

El Grupo de los 6 (G-6) presentó ayer la demanda contra la ley de desabastecimiento, a la que las entidades que lo integran califican de una "amenaza concreta" sobre la actividad de las empresas. Además, pidió una medida cautelar para que la Justicia le impida al Gobierno aplicar la ley hasta que finalice el juicio. La demanda, que quedó radicada en la justicia civil y comercial federal, fue formalizada pocas horas después de que, anteanoche, la Presidenta hablara en la conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, Cristina Kirchner aconsejó a los industriales que todavía no presentaran la demanda porque, dijo, el Gobierno aún no aplicó la ley: según la mandataria, las empresas todavía no tienen motivo para sentirse perjudicadas.

La demanda contra la ley 26.991 está patrocinada por el estudio Cassagne y es impulsada por Héctor Méndez y Daniel Funes de Rioja (UIA), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio), Jorge Brito (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Luis Miguel Etchevehere (Sociedad Rural Argentina) y Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción).

Desde que comenzó el debate legislativo, los empresarios señalaron su intención de impugnar la norma en los tribunales, porque consideran que le da al Gobierno un margen muy amplio de intervención sobre la actividad de las empresas. La demanda sostiene que la ley tiene un catálogo de normas muy abierto, donde cualquier actividad empresaria puede ser leída por la Secretaría de Comercio como una infracción que puede disparar casi automáticamente multas, clausuras, allanamientos, secuestro y venta de su mercadería, lo que "coloca a toda la actividad económica del país bajo el riesgo concreto de una intervención del Estado" y "viola la Constitución Nacional".

Las disposiciones que el G-6 pide que sean declaradas inconstitucionales son básicamente las que tienen relación con dos asuntos:

Las que permiten a la Secretaría de Comercio establecer márgenes de ganancia, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, regular el proceso de comercialización y producción y disponer la continuidad o la suspensión de la producción y venta.

Las que fijan "figuras penales absolutamente indeterminadas", como la elevación "artificial" de precios o la obtención de ganancias "abusivas".