Advierten sobre más subas del colectivo
La petrolera Shell suspendió la venta de gasoil a precio subsidiado para el transporte público de pasajeros. Desde el viernes entrega el combustible al valor del mercado: entre $ 2 y 2,10 en la Capital Federal, y no a los 0,55 y 0,65 pactados en 2008 con el Gobierno.
Como Shell aporta el 24% del gasoil subvencionado que se destina a las empresas de colectivos, esta decisión podría llevar a un aumento del boleto para los usuarios. Así lo sostuvo Marcelo Gonzalves, gerente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), que estimó la suba entre un 10 y un 15 por ciento.
La petrolera Esso podría seguir el mismo camino. En ese caso, quedaría comprometido un tercio del combustible subsidiado para el transporte. Fuentes vinculadas a Esso manifestaron que todavía se están evaluando alternativas y que su posición se conocerá antes de fin de mes.
El presidente de Shell en la Argentina, Juan José Aranguren, dijo a LA NACION que la suspensión no es definitiva. También negó que esté relacionada con la deuda de $ 66,5 millones que el Estado mantiene en concepto de créditos fiscales por la diferencia entre el precio de venta de mercado y el subsidiado.
"No nos fuimos por la deuda, porque la vamos a cobrar. Simplemente queremos que la Secretaría de Transporte responda el pedido que hicimos en diciembre: la firma sin demoras de un acuerdo para 2009 y un nuevo sistema de subsidios directos para las empresas de colectivos", resumió.
En 2008, el acuerdo se demoró hasta septiembre, por lo que las petroleras acumularon nueve meses de créditos fiscales. El Estado llegó a deberle a Shell $ 265 millones, que en la actualidad se redujeron a 66,5 millones.
"La acumulación de estos montos en créditos no es saludable para la sustentabilidad de ninguna empresa", apuntó Aranguren.
De acuerdo con el sistema actual, las petroleras reciben créditos fiscales cada vez que venden gasoil a precio subsidiado. Esos montos pueden usarse para comprar barriles de crudo a las productoras, pagar retenciones de sus productos exportados, o ser exigidos al Estado. Claro que en épocas de baja producción y exportación, los créditos son difíciles de colocar y se acumulan.
Según Aranguren, sería más sencillo si el fisco inyectara esos fondos directamente en las empresas de transporte.
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