Alarma por la inflación de la pandemia: faltan productos clave para atender en la terapia intensiva

En medio de la segunda ola de contagios que azota al país, los principales prestadores y financiadores de salud denunciaron escasez de medicamentos y distorsiones en los precios, que según advirtieron, alcanzaron aumentos de más del 1200%. Se trataría de insumos clave para los tratamientos en terapia intensiva de pacientes afectados por Covid-19 como los analgésicos, sedantes y relajantes musculares.

Desde la Unión Argentina de la Salud (UAS) adjudicaron el motivo al aumento en la demanda mundial de esto productos cuya producción concentran principalmente China y la India. En el país, el sector de la salud sostuvo que la suba en los precios no se condijo con los costos para elaborarlos y que la medida del Gobierno de congelarlos por 6 meses convalidó el alza excesiva.

Con el objetivo de contener los aumentos, el jueves último se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Salud de la Nación con laboratorios y distribuidores de fármacos indispensables para pacientes internados en terapia intensiva que fijó un precio máximo de referencia. De acuerdo con la Unión Argentina de la Salud, lo que en realidad hizo la medida fue convalidar los aumentos que se habían dado en el último año. Advirtieron que los controles de precios y la falta de oferta generaron la aparición de un mercado negro de medicamentos.

“Es preocupante porque no hay ninguna explicación desde el punto de vista de la variación de los costos, y sin embargo hubo un piso de aumento del 300% para arriba. Si hay una explicación que es la escasez. Estos productos se están demandando mundialmente porque todas las terapias intensivas del mundo están necesitando estos medicamentos que son muy específicos en su uso, como los relajantes musculares, sedantes y anticoagulantes”, explicó a LA NACIÓN, Ricardo Lilloy, coordinador del Observatorio de Control de Costos de Salud de la Unión Argentina de Salud.

Lilloy destacó el caso de la heparina, un anticoagulante que se utiliza no solo en la terapia intensiva sino en todos los servicios de los hospitales, que incrementó significativamente por la alta demanda en el exterior. Señaló que la mayoría de los productos se fabrican en el país, pero lo que se importan son las drogas necesarias para que los laboratorios las transformen en medicamentos.

“El problema es la sobredemanda en el mundo. Este tipo de medidas que toma el Gobierno, por la urgencia, es como querer decretar o prohibir la escasez. Si algo es escaso por más de que lo prohíbas o controles, la medida no funciona. El Estado debería hacer licitaciones internacionales o nacionales porque de esa manera se produce un efecto sobre la oferta”, dijo Lilloy.

Para el farmacéutico y bioquímico, el Gobierno tiene que tomar medidas que incrementen la oferta de estos productos y así asegurar su abastecimiento. En ese sentido debería hacer compras masivas mediante licitaciones públicas.

“Los incrementos de precio son un problema para el abastecimiento de las terapias intensivas. Entre el 70 y el 80% de las camas son privadas. En consecuencia esto afecta al 70% del servicio y también afecta al sector público que está comprando más caro. La diferencia es que el sector público puede financiar un funcionamiento deficitario de un hospital, mientras que una entidad privada tiene más inconvenientes para hacerlo”, agregó.

Lilloy explicó que las entidades privadas no pueden salir a buscar estas licitaciones porque son cuestiones que regula el Estado y es muy difícil que actúen en conjunto. Además el nivel de la urgencia vuelve imposible la tarea. En cambio, existen antecedentes de licitaciones de forma conjunta del Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI, el IOMA y la Superintendencia de Salud que han hecho compras masivas para garantizar un mejor precio y el abastecimiento de un medicamento muy necesitado. Tal fue el caso del Factor 8 que tuvo un muy buen resultado en el país en la campaña contra la hepatitis.

El farmacéutico advirtió que “ya hay mercado negro en algunos productos” y que lo que sucede es que si bien los controles de precios pueden tener al principio algún efecto, si no aumenta la oferta es muy difícil que la empresa o la persona que provea el producto con un pico de demanda lo venda a precio congelado mientras haya sectores dispuestos a pagar cualquier precio.

Entre los aumentos que se registraron el último año y que quedaron convalidados con la medida del Gobierno se encuentra que el midazolam, para sedación de pacientes previo a la pandemia tenía un costo de 38,70 pesos y aumentó 1229%, fijándose luego del acuerdo en $514.

Por su parte el atracurium besilato, un relajante muscular, tenía un costo de 138,58 pesos y con un aumento anual de 428%, alcanzó los $732.

El Bromuro de pancuronio, que costaba $53,65 aumentó su precio un 362% y se fijó en $205. El Citrato de Fentanilo, que tenía un costo pre-pandemia de 52,20, aumentó 642% y su precio se fijó en $320.

Por último, las ampollas de propofol 200 mg x20 ml, que tenían un precio aproximado, según la marca, de $137 tuvieron un aumento de 524% y se fijó un precio de $710.

En el acuerdo que cerró el Gobierno, los laboratorios representados en la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (CAPGEN) y la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) se comprometieron a la provisión de los mismos a precios uniformes a todos los integrantes del sistema de salud.

El Observatorio de Costos de Salud de la UAS se encargará de hacer el monitoreo de la medida durante los seis meses para verificar su cumplimiento en cuanto a los precios y el abastecimiento.

Sin embargo desde la UAS sostuvieron que de continuar estos faltantes de productos, deberá recurrirse a medicaciones alternativas, situación que no es la ideal para la salud de los pacientes.