¿Alguien está pensando en el “Súper Niño”?

Nos empantanamos. A pesar de estar en un moderno jeep Mercedes-Benz del Grupo de Artillería Antiaérea 121, el barroso terraplén que defendía a Santa Fe de las inundaciones fue demasiado en ese día lluvioso que quedará para siempre en mi memoria. Transcurría 1983 y la ciudad capital de la provincia estaba totalmente rodeada de terraplenes. El agua de un lado del terraplén estaba varios metros por encima de la ciudad, que dormía aterrorizada del otro lado de un terraplén que cada tanto cedía. El icónico puente colgante ya se había caído. Solo en la ciudad los evacuados llegaron a 30.000, y hubo anegamientos en 14 de los 19 departamentos de la provincia. En el país, hubo un total de 4 millones de hectáreas anegadas, la mayor superficie de todo el mundo en tal evento, casi todas en el noreste, y alrededor de 300.000 evacuados. El daño económico total, actualizado a precios de hoy, superó los US$15.000 millones, según el geólogo Eduardo Malagnino.

El mundo se veía afectado por un evento extremo de El Niño, un fenómeno climático natural en el que las aguas del Océano Pacífico tropical se calientan más de lo normal, lo que altera los patrones de lluvia y temperatura en todo el mundo, llevando sequías en algunas regiones e inundaciones en otras. En la Argentina, suele traducirse en lluvias por encima de lo normal entre octubre y marzo, aunque también eleva el riesgo de inundaciones en el noreste del país.

Un “Súper Niño” es una versión extrema de este fenómeno, cuando el calentamiento del océano es especialmente intenso, y por eso sus efectos sobre el clima global, y sobre las cosechas, los precios de los alimentos o la generación hidroeléctrica suelen ser mucho más fuertes y disruptivos que en un episodio de El Niño normal.

El de 1982/83 fue el primero de los tres eventos del “Super Niño” ocurridos desde 1950. Su magnitud, sin embargo, palidece con respecto a lo que los pronosticadores esperan para los meses que siguen. Estos ven una probabilidad de 100% para El Niño, en el que ya estamos inmersos hasta al menos abril de 2027, y un 90%-95% de probabilidad de ocurrencia un Super El Niño de una magnitud mucho más intensa que los anteriores entre octubre y enero. Hay un 69% de probabilidad de que sea El Niño más fuerte de toda la historia.

En términos generales, la economía argentina se beneficia durante los fenómenos de El Niño. Las fuertes nevadas en la cordillera, por ejemplo, ayudarán a la producción hidroeléctrica de las centrales de la Patagonia este año, que tienen un costo más bajo que las centrales térmicas.

Pero el efecto mayor sobre la economía está dado por el hecho de que las fuertes lluvias favorecen los cultivos como la soja y el maíz. En términos muy generales, la productividad del campo argentino –medida como toneladas cosechadas sobre hectáreas plantadas—aumenta cerca del 20% en años con El Niño con respecto a años normales. El impacto en los precios de los agrícolas que exporta la Argentina es mixto porque, aunque suele traer sequías a partes de los Estados Unidos y al norte de Brasil, lleva a cosechas más fuertes en la Argentina y en el sur de Brasil.

Esta vez, sin embargo, una combinación de factores está llevando a una suba fenomenal de los precios agrícolas. Los precios del trigo, el maíz y la soja están un 41%, 31% y 20% más altos que hace un año, respectivamente. Al impacto de El Niño, con sequías que están afectando la cosecha de trigo en los Estados Unidos, se suman varios factores adicionales. La guerra de Medio Oriente derivó en una suba de los precios de los fertilizantes. Este año se sumará además un evento de naturaleza similar al del Niño en el Océano Indico, el Indian Ocean Dipole (IOD), que puede extremar la sequía en Australia. Además, el dólar se estuvo depreciando contra otras monedas del mundo, lo que suele beneficiar al precio de los commodities. Y, por último, Rusia y Ucrania se están bombardeando los puertos de exportación agrícola; entre ambos controlan, por ejemplo, el 27% del mercado global de trigo. Es decir, para los productores argentinos, este año se pueden combinar fuertes precios internacionales con una buena cosecha. A menos que se inunden sus tierras.

Esto nos lleva a la pregunta de qué se está haciendo en la Argentina para amortiguar el impacto del “Súper Niño”. Esto debería incluir desde obras hidráulicas hasta la planificación del sistema de emergencias y evacuación. En Mendoza, por ejemplo, se trabajó tanto en la limpieza de cauces y acequias, como en la respuesta ante emergencias. En Santa Fe, se está trabajando en la limpieza del sistema de canales troncales, en obras de defensa costera, y se creó un fondo de $10.000 millones para brindar respuestas rápidas, entre otras iniciativas. Entre Ríos declaró la emergencia hídrica por 180 días para implementar obras de mitigación.

La mayor duda es la provincia de Buenos Aires. El gobierno de María Eugenia Vidal había comenzado y ejecutado una gran cantidad de obras hídricas, incluyendo en los alrededores de La Plata y en la cuenca del Río Luján (ambos no se inundan más), y también en la cuenca del Río Salado. Las obras en este último, sin embargo, entiendo que no se completaron durante la gestión de Axel Kiciloff. Y, si bien el gobierno de la provincia de Buenos aires lanzó un plan de prevención recientemente, quizás sea muy tarde. Es decir, a pesar de las tareas de prevención que parecen estar en marcha, los riesgos de inundaciones tanto urbanas como rurales son elevados. De hecho, ya hay zonas anegadas en el norte de Santa Fe y en otras provincias.

Mientras tanto, luego de un período de sequía, el equipo económico y el Banco Central (BCRA) están lanzando una lluvia de medidas para, en palabras del ministro de economía Luis Caputo, ayudar a “reactivar” la economía. Un planteo raro para un gobierno cuyo Presidente inundó en días recientes de insultos a los periodistas y economistas que hablan de una economía que se mueve “a dos velocidades”.

El Gobierno anunció un programa que asigna $2 billones, alrededor de US$1300 millones, del Fondo de Garantía de Sostenibilidad (FGS) de la ANSeS para subastar depósitos bancarios a largo plazo y así facilitar a los bancos ampliar los préstamos hipotecarios. Bajo el esquema anunciado, los bancos licitarán para obtener depósitos del FGS a 1 a 5 años comenzando con una línea inicial de $200.000 millones, ofreciendo tasas mínimas de rentabilidad entre la inflación +2,5% y +4,5%. Los bancos participantes deben conceder hipotecas con un tipo máximo de interés limitado a la inflación +7,5% y un mínimo de 15 años. Los fondos provendrán de los depósitos a plazo fijo de FGS y de las ingresos de futuros dividendos e intereses, sin reasignación de otros activos.

La iniciativa tiene como objetivo financiar aproximadamente 18.000 primeras viviendas. La deuda hipotecaria representa solamente el 2% del PBI en la Argentina, con 57.000 préstamos desde finales de 2024, para alcanzar los 182.000 préstamos activos. Esto compara con aproximadamente un 13% en Brasil y un 28% en Chile. Es decir, se trata de una medida cuantitativamente importante comparada con el stock de préstamos existentes, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Al involucrar a un ente público como el FGS, el anuncio muestra un grado de pragmatismo importante para un gobierno libertario. Pero es un pragmatismo justificado. El problema de la Argentina es que, luego de la trágica nacionalización de las AFJP que implementó el tándem Kirchner-Fernandez-Boudou-Massa, el país se quedó sin inversores que tengan un horizonte de inversión de largo plazo, como ocurre en todo el mundo. En otros países, los fondos de pensión son los compradores naturales de activos de largo plazo, como es el caso de una hipoteca. En la Argentina, el único actor del mercado con un horizonte de largo plazo es el FGS. Todo el resto del mercado se mueve con un horizonte de muy corto plazo.

La otra medida reciente fue que el Gobierno y el Banco Central implementaron una expansión de la liquidez en el mercado, lo que llevó a una fuerte baja de tasas de interés. Así, revirtieron el error cometido desde fin de julio y durante parte de agosto, una suba de tasas que iba en contra de la reducción y la estabilización de las mismas que habían implementado a partir de fin de febrero. Una política monetaria más expansiva es la herramienta más importante con la que cuenta el Gobierno para que la economía digiera el problema de la mora en los créditos y para, con permiso del ministro, reactivar el consumo. El cambio incluyó revertir otro error temporal, que fue intentar mantener el tipo de cambio por debajo de $1500, a costa de mayores tasas de interés. El peso se depreció en días recientes, desde $1488 a mediados de agosto a $1512 hacia el final de la semana pasada en el mercado mayorista.

El Gobierno contó recientemente con el alivio de algunos buenos datos. La economía se expandió un 0,8% mensual (2,4% interanual) en junio, luego de caídas en abril y mayo. El índice de confianza en el gobierno de la Universidad Di Tella, que sigue muy bien la aprobación presidencial, subió el 6,4% en agosto, con una mejora fuerte en el segmento más joven de la población, luego de una caída similar en julio. La aprobación presidencial se encuentra nuevamente por encima del 40%. Además, Martín González Rozada, investigador de la Di Tella, estimó que el indicador de pobreza se habría vuelto a contraer en el trimestre móvil que termina en julio, luego de seis trimestres móviles consecutivos de subas. Siguiendo con las estimaciones, se prevé que la inflación de agosto vuelva a perforar el 2%.

Al mismo tiempo, aunque no exento de sobresaltos y contrainiciativas, el Gobierno pudo avanzar con su agenda legislativa en el congreso. Esto incluyó la aprobación de la inocencia fiscal, del tratado de patentes y de la nueva Carta Orgánica del BCRA por parte de Diputados. Los proyectos de ley tienen que ser aprobados ahora por el Senado. Dotar de independencia al Banco Central es análogo a construir terraplenes para cuando vengan las inundaciones propiciadas por el populismo. Aunque quizás el kirchnerismo sea demasiado, es como un Super Populismo, con un pronóstico difícil.

Por Marcos Buscaglia

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• Inundaciones
• Ministerio de Economía

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