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Azurix abandona la concesión del agua
La provincia se hará cargo del servicio a partir del mes próximo
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LA PLATA.- El viernes 1° de marzo será el último día en que la empresa Azurix, encargada del servicio de agua potable y cloacas en 72 localidades de 49 distritos bonaerenses, estará formalmente al frente de la concesión.
Así lo confirmó ayer la firma de capitales estadounidenses, al precisar que a partir del 2 de marzo dejará de operar en territorio provincial, y que por lo tanto será el Estado bonaerense el que deberá hacerse cargo de la prestación del servicio.
Paralelamente, se iniciará otra etapa de negociaciones con el gobierno provincial, ya que Azurix reclama alrededor de 200 millones de dólares en concepto de compensación, por incumplimiento contractual por parte del Ejecutivo bonaerense.
En tanto, fuentes de la empresa hicieron saber que una firma de origen holandés, Nuon, habría manifestado su interés por la prestación del servicio que dejará de brindar Azurix en los próximos días.
Por ese motivo, representantes de esa empresa mantuvieron en los últimos meses una serie de reuniones con las autoridades de Azurix, con el objetivo de interiorizarse en las características del servicio prestado.
Asimismo, desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos se admitió a LA NACION que enviados de la firma energética holandesa, que provee servicios a más de 5 millones de usuarios, también realizaron contactos reservados con funcionarios de esa cartera, pero se habría desestimado la propuesta y en consecuencia no se avanzó en la posibilidad de que esa empresa reemplace a Azurix.
Al respecto, fuentes del MOSP indicaron que su propio titular, Julián Domínguez, está decidido a que sea la provincia la que asuma la responsabilidad de continuar con el servicio.
También se reiteró que en ese contexto será rechazado cualquier pedido de resarcimiento económico que presente Azurix contra el Estado bonaerense por supuesto incumplimiento contractual.
Para el subsecretario de Servicios Públicos, Eduardo Sícaro, la decisión adoptada por la firma "significa, lisa y llanamente, abandono de la concesión".
En tal sentido, precisó a LA NACION que en caso de formalizarse el retiro de Azurix, desde el Estado bonaerense se demandará a la empresa por "los daños y perjuicios que una actitud de ese tipo generará sobre millones de personas".
Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de Azurix, Gustavo Pedace, confirmó que "el 2 de marzo próximo la empresa deja la concesión, por lo que es importante y urgente que la provincia tome el servicio".
Agregó que la firma reclama "una compensación justa, porque se termina el contrato de concesión por incumplimiento de la provincia", al tiempo que subrayó que ese monto oscila entre los 150 y los 200 millones de dólares.
Pedace explicó que "la empresa ofrece al gobierno no ir a juicio internacional", como lo había previsto cuando comenzó el conflicto, y que se conforma, para retirarse de la provincia, "con un monto menor al invertido, de casi 600 millones", ya que "lo que se reclama es una suma de alrededor de 200 millones".
Precisamente, ante la reiterada negativa expresada por las autoridades bonaerenses, advirtió que "elevó el tema al ámbito de la Procuración Nacional del Tesoro, porque si en definitiva se somete el tema a arbitraje internacional, será con la Argentina y no con la provincia de Buenos Aires".
Intervención
En octubre de 2001, Azurix anunció su intención de rescindir el contrato a partir del 2 de enero último, lo que fue recurrido por la provincia, al considerar que no existían los presuntos "incumplimientos" esgrimidos por la empresa para retirarse de la concesión, pero se acordó la extensión del servicio hasta la conclusión del verano, que finalmente se concretará el 2 de marzo.
Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas viene diseñando el plan de acción, que contempla la intervención de los 1300 agentes que hoy trabajan para la prestataria y que antes pertenecían a la estatal Obras Sanitarias de Buenos Aires (OSBA).
Por lo tanto, el gobierno bonaerense dispone de algo más de una semana para garantizar la administración y el gerenciamiento del servicio hasta tanto se decida llamar a una nueva licitación internacional.
Antecedentes
Problemas: Azurix adujo que el organismo regulador de la provincia no le permitió aplicar la tarifa sobre la real valuación de las propiedades de acuerdo con la actualización catastral. Según la firma, la pérdida de la recaudación era de 10 millones de dólares anuales.
Crisis: en mayo de 2000 se registraron las deficiencias más graves del servicio cuando en Bahía Blanca recibieron en sus casas agua turbia y con fuerte olor a insecticida. El entonces gobernador Carlos Ruckauf quiso cancelar el contrato.
