BCP: el escándalo salpica a la Iglesia

Interrogante: dos opiniones contrapuestas defienden o involucran al arzobispo Quarracino en una maniobra presuntamente dolosa.
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23 de octubre de 1997  

Poco después de las 17 de ayer, José Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas de Menem, abogado del Arzobispado de Buenos Aires y de su titular, Antonio Quarracino, volvió de La Plata con dos certezas y algunas presunciones.

Su acción principal en los últimos dos meses se había centrado en tratar de deslindar toda responsabilidad institucional o legal de la Iglesia de Buenos Aires, o de su jefe, en presuntas maniobras fraudulentas cometidas en conjunto con el Banco de Crédito Provincial (BCP) y con sus principales dueños, los hermanos Trusso.

En síntesis, los cuestionamientos indicaban que un contrato entre la Sociedad Militar Seguro de Vida y el Arzobispado de Buenos Aires por un préstamo de 10 millones de dólares, gestionado mediante el BCP y que nunca se hizo efectivo para los firmantes, era real, y había sido suscripto por el mismo Quarracino y por su secretario privado, Roberto Toledo.

Según Dromi, las pruebas periciales ordenadas por Bruni, y próximas a ser difundidas públicamente, certifican que en los referidos contratos "hay firmas falsificadas, firmas abusadas (eufemismo por pedidas de favor) y otras escaneadas mediante el uso de la informática científica (simplificación letrada por muy similares a las reales de los nombrados)".

Esta sería la primera certeza del ex-ministro menemista.

La segunda, a su juicio, es que "queda probada la falta de responsabilidad penal de sus defendidos, aunque restan las instancias administrativas, comerciales y civiles, que pueden emprender los perjudicados por estas maniobras".

De acuerdo con esta versión de la historia, los Trusso habrían pedido el apoyo de Quarracino, ante su ahogo financiero por un severo drenaje de depósitos de su banco, y la suma conseguida no habría ingresado nunca a la cuenta eclesial, sino a una cuenta en Estados Unidos del mismo BCP, y vuelta a entrar a la institución mediante una capitalización financiera desde el Swis Bank de Nueva York.

De hecho, para Dromi, más allá de los vericuetos jurídicos en defensa de sus patrocinados, existió una defraudación a la sociedad mutualista que otorgó el cuestionado préstamo por 10 millones y una tentativa de estafa al Arzobispado por parte de los Trusso.

El camino de las presunciones

Pero el mismo profesional abrió el abanico de las presunciones al no querer opinar sobre presuntas declaraciones de los directivos de la mutual, señalando que el contrato de préstamo fue firmado en la sede del Arzobispado y que los papeles en cuestión fueron entregados por el secretario privado de Quarracino, Roberto Toledo.

Tampoco quiso abrir juicio sobre otra versión, suministrada por allegados directos a los Trusso, que aseguraron que una de las firmas de los peticionantes del crédito corresponde efectivamente al arzobispo, y la otra a su secretario privado y hombre de confianza durante los últimos treinta años.

"La de Quarracino no es segura, y con relación a la firma de Toledo, se trata de un funcionario de planta, no tiene responsabilidad institucional y si algo hizo, lo hizo por su cuenta", explicó el profesional.

Para Dromi, toda la operatoria legal en torno de la firma del presunto contrato estaría viciada de "groseras formas", en las que no se cumplieron mínimos requisitos de este tipo de operatorias, y sobre cuya responsabilidad, "tendrán que explicar su rol desde los máximos niveles del BCP hasta los auditores del Banco Central".

La otra historia

La otra historia la relatan fuentes directamente vinculadas con Francisco Javier Trusso y afirman que el contrato en cuestión existió, que fue firmado por Toledo y Quarracino, y que el apoyo de estos representantes de la Iglesia argentina forma parte de una sólida red de vínculos financieros, económicos y políticos librados a lo largo de más de una década, principalmente por el todavía vicepresidente del intervenido BCP, y el mismo arzobispo.

Según un relato que proviene del mismo riñón de los Trusso, la relación con Quarracino viene de muchos años atrás, mediante el padre de los hermanos Trusso, Francisco Eduardo, un abogado de más de 70 años, que trabó amistad con el prelado cuando este último era arzobispo de La Plata, allá por 1985.

Trusso padre fue embajador argentino en el Vaticano durante buena parte de la gestión menemista, propuesto para ese cargo por el ex-ministro del Interior, Gustado Beliz, además de cumplir con otras actividades en el sector financiero argentino, entre ellas una breve representación nacional del Banco Ambrosiano conocido también como el Banco del Vaticano.

Franciso Javier hijo, cumplió funciones de operador político en las internas eclesiales dentro del país, y en el Vaticano en los últimos años, en las contiendas cortesanas destinadas a afianzar la línea Quarracino A pesar de este autoadjudicado rol de operador laico, en el entorno Trusso se calificó muchas veces al gestionar de Francisco Javier como el de un simple "mensajero" del arzobispo.

La presencia del citado Trusso fue permanente y a todas horas en los últimos lugares en los que Quarracino cumplió funciones oficiales, presencia que podrían certificar habituales concurrentes como funcionarios, prelados, periodistas y políticos, de acuerdo a las fuentes involucradas.

De esta manera, tan nutridos contactos permitieron a los Trusso aprovechar la calificación del BCP como el "Banco de la Iglesia" en el país, para realizar numerosos negocios, buscar nuevos socios, grandes inversores aquí y en el extranjero, entre representantes del establishment local y de distintos gobiernos.

La información suministrada reconoce que el grupo Trusso muchas veces mediante el BCP, y otras por medio de aportes personales, resolvió todas las necesidades financieras e institucionales del que denominaron como "grupo íntimo" de Quarracino.

Se incluyó allí además del mismo cardenal, a su secretario privado Roberto Toledo, y al arquitecto Norberto Silva, secretario laico del arzobispo.

Ese apoyo financiero a lo largo de años superaría largamente los 10 millones de dólares.

Entre otras pruebas de tan sólidos lazos se citó el otorgamiento de tres tarjetas de crédito Corporate de American Express, una para el uso de Quarracino, otra para Toledo y una tercera para Silva. También la compra de tres vehículos de alto valor en el mercado, uno de ellos a nombre del mismo banco para uso del arzobispo, otro a nombre de su secretario privado y el tercero para su otro secretario laico.

También el nombramiento de familiares y amigos personales del dignatario eclesiástico en el mismo BCP, o en alguna de las otras entidades ligadas al grupo.

La posibilidad de fuertes lazos económicos, sociales y políticos entre una parte de la cúpula de la Iglesia argentina y los responsables del mayor escándalo financiero de la última década, circuló con distinta fuerza, argumentaciones y pruebas a cargo de las partes en las últimas semanas.

El tema, sin ser el centro de atención de los angustiados damnificados por el vaciamiento de la institución platense, mereció gestiones y participación en la búsqueda de respuestas y soluciones, de personalidades de la Iglesia, el Gobierno y la clase política y financiera nacional, además del interés del Vaticano y miembros de gobiernos extranjeros.

Entre otras derivaciones internacionales, se aseguró en círculos ligados con la Iglesia y el Gobierno, que la reciente visita privada del presidente Menem al Papa y realizada en Roma, tuvo la corta duración registrada por todos los medios, por la preocupación existente en ese ámbito por las derivaciones de los escándalos de la familia Trusso.

Lo cierto es que más allá de esta problemática, otros son los datos ligados con el tema BCP, aún sin resolver.

Entre ellos la resolución primero judicial, pero luego administrativa, civil y comercial de esta estafa que supera los 200 millones de dólares, y que entre otras cuestiones significó el invento de 21.000 créditos por 64 millones de dólares, la falsificación de saldos de tarjetas de crédito por otrs 20 millones, el desvío de depósitos en el exterior por unos 80 millones más, y la contabilización de préstamos inexistentes.

Datos fríos y contables que encubren una realidad más desvastadora. Unas 80.000 familias perjudicadas en forma directa, miles de grandes, medianos y pequeños empresarios afectados seriamente, y sobre todo la destrucción de la confianza social en instituciones que sobrevivien, se consolidan y crecen, justamente porque la gente común quiere seguir confiando en ellas.

BCP: el Provincia vuelve a aparecer como salvador

El juez Bruni no descarta alguna medida procesal antes de la elección del domingo, pero el misterio rodea puntos como el de un peritaje caligráfico

LA PLATA.- El juez en lo criminal Juan Carlos Bruni no ha adoptado todavía ninguna decisión respecto de la causa del Banco Crédito Provincial, pero no descartó que pudiera hacerlo antes de las elecciones del domingo.

En otro aspecto de la situación de la entidad, el gobernador Eduardo Duhalde alentó, por su parte, a perjudicados por la maniobra, al señalar que el Banco de la Provincia de Buenos Aires no ha desechado la idea de adquirir el BCP. Por último, en un intento casi desesperado por llamar la atención de las autoridades, empleados del banco realizaron una movilización por la zona céntrica.

Los peritajes

Ayer, Bruni confió a La Nación que los peritajes sobre las firmas de monseñor Antonio Quarracino no habían concluido, por que sólo momentos antes se había vuelto a contar con una máquina que se había descompuesto y que resulta irreemplazable para llevar adelante el estudio.

"Hoy (por ayer) no emitiré ninguna resolución sobre el BCP", señaló, aunque luego no descartó, ante una pregunta de La Nación , que lo pudiera hacerlo antes de los comicios del domingo.

Volvió a referirse a la complejidad de la causa debido a las difusas normativas penales vigentes.

A su juicio, ese vacío se produce para encuadrar las conductas presuntamente penales, cuando tienen origen en accionistas o directivos de una institución bancaria. "Por el contrario, es mucho más diáfana, jurídicamente, en el caso de que los delitos sean atribuibles a clientes bancarios."

El tema del BCP continuó debatiéndose ayer en la gobernación bonaerense. Una delegación que presidió el intendente, Julio Alak, y estuvo integrada por representantes de las entidades comerciales y empresariales, así como por los damnificados por las irregularidades, entrevistó al gobernador.

El presidente de la Cámara de Comercio, Ramón de Pinaga, dijo al concluir la reunión con Duhalde que les había ido "moderadamente bien".

Tras ello resaltó una gran predisposición por parte del mandatario, que les informó que continúan las conversaciones para la eventual compra del BCP por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participó el directivo del banco oficial bonaerense Horacio Elizondo, que dijo que un eventual paso en este sentido debería suceder a un estudio exhaustivo, carpeta por carpeta, de los activos y pasivos del banco platense.

El embajador de Chile intentó ayer entrevistar al gobernador, según trascendió, pero la agenda preelectoral de Duhalde le impidió recibirlo.

Tras la entrevista quedó naturalmente expresado por todos que la posibilidad de que el Provincia asuma la compra es la mejor contemplada.

Las exigencias y requerimientos del grupo Yarur, que ya han trascendido, no despiertan el entusiasmo de los inversores.

Ampliarán la red de seguridad financiera

Respaldo: el BCRA estirará hasta los 7100 millones de dólares el préstamo contingente que negoció, a fines del último año, con 13 bancos extranjeros.

El Banco Central (BCRA) negocia la ampliación en 1000 millones de dólares del acuerdo de facilidades contingentes que firmó a fines del último año con un grupo de entidades extranjeras, a modo de garantía anti- crisis financiera.

El objetivo es mantener el monto total del seguro, que se acciona automáticamente ante una corrida de depósitos que afecte a los bancos locales, en torno del 10% del total de colocaciones con que cuenta el sistema.

Paralelamente se buscará avanzar en una ampliación del menú de activos que respalde la línea de pases contingentes a disposición de los bancos, que, hasta hoy, está restringida a títulos públicos dolarizados.

El acuerdo vigente, suscripto con 13 bancos del exterior y que se renueva trimestralmente, dispone que las entidades extranjeras tienen la obligación de comprarles a los bancos locales títulos públicos emitidos en dólares (Brady, Bonex, Bocon y Bote) por un máximo de 6100 millones de dólares.

Entonces, el sistema bancario local atesoraba depósitos por unos 55.000 millones, por lo que la "malla de seguridad" representaba poco más del 11% de las tenencias.

Pero la suba del 22% que mostraron a lo largo del presente año los depósitos obliga al BCRA a estirar la línea hasta los 7100 millones, para la relación que ayudó a mejorar la solidez y evaluación del sistema no se deteriore. Y la idea es que esos nuevos recursos sean respaldados por otros activos, como hipotecas securitizadas y deudas que las provincias mantienen con bancos locales contra garantía de su coparticipación.

"Tenemos ofertas para sumar 2500 millones, de los que tomaremos 1000 y reemplazaríamos el resto mediante el cambio de garantías. Eso lo definiremos antes de fin de año", confirmaron en el BCRA. La primera oferta la acercó el West Merchant Bank, de Inglaterra, miembro del grupo de bancos prestamistas.

Esta red de seguridad busca acotar la posibilidad de una nueva crisis, como la del tequila, y cuesta a los bancos argentinos unos 16 millones de dólares al año.

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