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Histórico embargo a una cerealera por más de US$3100 millones y autos de lujo
Un juez de Rosario dispuso esa medida en contra de la cerealera Díaz & Forti, acusada por el Banco Central de no liquidar divisas por ventas al exterior
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.- El grupo Olio pasó de ser uno de los grupos agroexportadores que más crecieron en los últimos cinco años a ser blanco de uno de los embargos más grandes de la historia: por más de US$3100 millones de dólares, acusados de no liquidar divisas en concepto de exportaciones entre mayo y septiembre de 2020.
El juzgado federal Nº3 de Rosario, a cargo del magistrado Carlos Vera Barros, avaló el pedido del millonario embargo contra Díaz & Forti –la empresa agroexportadora del grupo empresario rosarino- que hizo el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en base a que “existiría el concreto peligro de insolvencia de los demandados”. LA NACION consultó a fuentes de la firma, que admitieron que desconocían la resolución judicial, a la que tuvo acceso este diario.
En la resolución, firmada el 15 de junio pasado, el magistrado incluye una lista de propiedades y vehículos de alta gama en poder de los principales accionistas de esta firma, que operó a fasón hasta fines del año pasado dos plantas de Vicentin en San Lorenzo y Ricardone, en el Gran Rosario. También tenían la concesión del puerto de Barranqueras, cuyo contrato fue rescindido por la provincia de Chaco, según confirmaron fuentes de la compañía.
El millonario embargo pedido por el BCRA y avalado por la justicia federal es porque sospechan que esta firma, que no liquidó divisas, puede terminar en quiebra, luego de que se presentaran en convocatoria de acreedores. Esta hipótesis la expone el magistrado en la resolución que firmó el 15 de junio.
Entre los autos de alta gama que fueron embargados, figuran dos Mercedes Benz, un Porsche Macan y un BMW. También camionetas, motos y campos, uno en Aarón Castellanos, en Santa Fe y otras tres propiedades en Firmat.
En el escrito el magistrado sostiene que “corresponde hacer lugar a las medidas solicitadas por el Banco Central de la República Argentina, por el monto máximo de una eventual sanción respecto al monto infraccional total (que en el caso asciende a USD 312.194.609), por lo que de acuerdo con lo establecido en el art. 2 inc. a) de la Ley Penal Cambiaria, las cautelares deberán ser ordenadas por la suma de USD 3.121.194.609 a fin de asegurar el cobro de la posible pena de multa aplicable...”
Investigación
La investigación arrancó cuando la gerencia de Fiscalización Cambiaria del BCRA inició una inspección luego de que se detectara en ese organismo que Díaz & Forti no había liquidado las divisas correspondientes a las exportaciones que había realizado al 30 de septiembre pasado.
En el informe 383/633/20 el BCRA comprobó que la cerealera “transgredió” su obligación “de ingresar y liquidar en tiempo y forma las divisas provenientes de operaciones de exportación”. Luego la gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario comprobó en otro informe –Nº381/173/20- “la materialidad de las operaciones cuestionadas”.
“La firma investigada no realizó ninguna presentación vinculada a la liquidación de operaciones realizadas en el mercado de cambios con relación a las exportaciones en análisis”, resumió uno de los informes que figuran en la causa que se tramite en el juzgado federal Nº3 de Rosario. Según el expediente, “están pendientes la liquidación de 95 operaciones de exportación”, en el periodo comprende entre el 4 de mayo de 2020 al 29 de septiembre de ese año.
Hace poco más de una semana el BCRA dispuso la suspensión de la cerealera Extrugreen para operar en el mercado de cambios producto de su falta de liquidación de aproximadamente 70 millones de dólares de las exportaciones de este año. Esta empresa está siendo investigada por su vinculación con Díaz & Forti y el Grupo Olio, que ya habían sido desautorizadas para realizar embarques por la autoridad monetaria. Díaz & Forti había intentado seguir operando en la fábrica aceitera de Vicentin en San Lorenzo con soja puesta a nombre de Extrugreen.
Díaz & Forti empezó a exportar desde la planta de Vicentin en mayo pasado. Ese mes vendió por 11.592.278 dólares, una cifra que subió a lo largo de este último tiempo ya que en julio llegó a facturar 455.296.413 dólares.
Para generar un ingreso para poder pagar a los empleados, Vicentin, que está con una deuda concursal por $122.375,4 millones, empezó a hacer acuerdos de fasón. Uno de los contratos se firmó con Díaz y Forti por 300.000 toneladas de soja y maíz por mes.
Olio es el frontman de un holding de empresas que en medio de la recesión empezó a ganar terreno con inversiones millonarias en el sector frigorífico y portuario -manejaba la concesión del puerto de Barranqueras, en Chaco-, y tras la caída de Vicentin comenzó a operar en mayo pasado a fasón –una especie de alquiler- las terminales de San Lorenzo y Ricardone, que poseen 1200 empleados.
Antecedentes
Esa maniobra agitó miradas con recelo en el sector agroexportador sobre cómo este grupo –que tuvo un rápido crecimiento- se quedó con el cupo de exportación de la empresa que había entrado en convocatoria de acreedores. En diálogo con LA NACION, Olio había advertido a mediados del año pasado que sus intenciones eran quedarse con Vicentin.
Pero las ambiciones abiertas del grupo empresario de quedarse con Vicentin se desmoronaron en un abrir y cerrar de ojos luego de que comenzó a profundizarse la investigación del BCRA por el incumplimiento en la liquidación de divisas. El 3 de diciembre pasado, el Ministerio de Agricultura suspendió del Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) a Díaz & Forti, una decisión que ya había tomado y levantado el 24 de noviembre pasado. Ninguna firma puede operar en el mercado sin estar en ese registro.
Ese fue el final de una serie de disposiciones del BCRA que puso la lupa sobre el grupo Olio. También la entidad pidió a la Dirección General de Aduanas que no de curso a los pedidos de embarque y despacho de granos de Díaz & Forti. Un día antes el BCRA emitió la resolución Nº C88678 que suspendió a la empresa para realizar operaciones de cambio para “egresos” del país de divisas.
Según una comunicación del BCRA, al que tuvo acceso LA NACION, “las operaciones vencidas al 30 de noviembre registran un saldo pendiente de regularizar de 450.341.892 dólares”. Este monto representa –de acuerdo al Central- un “incumplimiento en la liquidación de divisas” del 97,8 por ciento de las operaciones de exportación. Por el monto del embargo esa cifra sería mucho mayor.
Así, el grupo Olio no habría liquidado hasta el 30 de noviembre casi ninguna de las exportaciones que hizo operando la planta de Vicentin. Agentes del mercado sospechan que habrían operado con lo que debían liquidar en la compra de Contado Con Liqui, lo que habrá generado una diferencia a favor de la firma que podría superar los 30.000 millones de pesos.
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