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Biocombustibles: apoyo de las empresas de etanol y rechazo de pymes de biodiésel tras la media sanción del nuevo régimen
Mientras el Consejo Agroindustrial Argentino estimó inversiones por US$1000 millones, firmas no integradas cuestionaron el esquema de transición hasta 2036
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LA NACION Belkis Martínez
La media sanción que el Senado le dio al nuevo marco regulatorio de los biocombustibles abrió una etapa en una discusión que durante meses enfrentó posiciones dentro de la propia industria. Mientras las empresas vinculadas con el bioetanol, la industria aceitera y buena parte de la agroindustria recibieron con respaldo la iniciativa, las pymes regionales de biodiésel volvieron a rechazarla por considerar que el esquema de transición previsto hasta 2036 reduce progresivamente el espacio que hoy tienen dentro del mercado interno. El proyecto fue aprobado con 41 votos afirmativos y 25 negativos y ahora pasará a Diputados.
Durante el tratamiento se formalizaron cambios que habían sido objeto de negociación hasta último minuto, sobre todo en los artículos vinculados con la comercialización del biodiésel, la definición de los grupos económicos y los límites de participación de las empresas.
Entre quienes respaldaron la media sanción estuvo Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, que consideró que el cambio de régimen abre una perspectiva diferente para el sector. “Estamos muy satisfechos porque marca un cambio de paradigma para el bioetanol argentino. El paso del 12% al 15% y el mercado libre amplía el mercado y, sobre todo, genera una señal de largo plazo para quienes tienen que invertir”, señaló.
Adam sostuvo además que la Argentina cuenta con disponibilidad de maíz y caña de azúcar, capacidad industrial y tecnología y vinculó el nuevo marco con la posibilidad de aumentar las inversiones y el valor agregado local. También destacó la habilitación de vehículos flex fuel, capaces de utilizar mezclas superiores, y planteó que el 15% debería funcionar como un punto de partida para una utilización mayor del bioetanol en el futuro. “Entendemos que el 15% es un piso y no un techo”, afirmó.
En el sector sucroalcoholero hubo una recepción favorable. Entre los aspectos destacados se encuentran el mantenimiento de los seis puntos de corte para la caña de azúcar, el aumento total al 15% y el límite que impide que una sola elaboradora de bioetanol supere el 20% de la demanda anual. Esa restricción también está contemplada expresamente en el proyecto aprobado.
El sector argumentó, además, que una mayor participación del bioetanol permitiría sustituir parte de las importaciones de naftas y aditivos. Durante 2025 se importaron 754 mil m³ de naftas por US$416 millones, volumen que, sostienen, podría ser reemplazado progresivamente por producción local.
Para el bioetanol, el corte de las naftas pasará del actual 12% al 15% también después de un año. Dentro de ese porcentaje seguirá reservado el 6% porcentual para el bioetanol elaborado con caña de azúcar y otro 6% para el producido con maíz; los tres puntos restantes no tendrán una materia prima predeterminada.
En el biodiésel, el porcentaje mínimo de mezcla con gasoil continuará en 7,5%, pero subirá al 10% a los 12 meses de sancionada la ley. El biodiésel estableció un período de transición hasta el 1° de enero de 2036 y se mantuvo una diferenciación entre empresas integradas —vinculadas con fábricas de aceites vegetales y harinas proteicas y con capacidad superior a 50.000 toneladas— y no integradas.
Mientras el corte se mantenga en 7,5%, ese porcentaje quedará en manos de las no integradas. Cuando el corte total suba al 10%, tendrán reservado el equivalente a 6,5 puntos porcentuales hasta fines de 2028; esa participación bajará a 5,5% en 2029, 5% en 2030 y quedará en 4% desde 2031 hasta el final de la transición, en 2036. El resto —3,5%, 4,5%, 5% y finalmente 6%, respectivamente— podrá ser disputado tanto por integradas como por no integradas bajo los mecanismos de negociación previstos en la ley. Para el segmento de las empresas no integradas, ninguna elaboradora podrá superar el 10% del biodiésel comercializado por año, con un máximo de 50.000 toneladas.
Otro punto modificado fue el artículo 15, referido a los contratos a término que generó rechazo.
La posición más crítica volvió a provenir de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb). Su director, Federico Martelli, rechazó la media sanción aun después de las modificaciones incorporadas al biodiésel. “Consideramos inaceptable el cronograma de extinción que fija la ley”, apuntó.
Según la entidad, la reducción progresiva del segmento reservado para las no integradas pone en riesgo a plantas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. “Vamos a trabajar junto a los diputados para revertir esto y lograr una ley equilibrada con un segmento para las pymes regionales, tal como obtuvo el bioetanol de caña de azúcar”, dijo.
La crítica de Cepreb se concentra precisamente en que las empresas no integradas pasarán de abastecer actualmente el 7,5% completo a tener garantizados cuatro puntos desde 2031, mientras los otros seis puntos del corte obligatorio del 10% quedarán abiertos a la competencia con las empresas integradas.
El senador neuquino Pablo Cervi (La Libertad Avanza), uno de los cofirmantes de la iniciativa originalmente presentada por Patricia Bullrich, dijo que el objetivo fue avanzar hacia un mercado con mayor competencia, pero mediante una transición que contemplara a las empresas que ya operan en el sector. “Después de meses de trabajo logramos acercar posiciones para avanzar con un régimen que aumente la producción, genere mayor competencia y le dé previsibilidad a toda la cadena”, añadió a LA NACION.
El senador destacó los cambios centrales del aumento del bioetanol del 12% al 15% y del biodiésel del 7,5% al 10%, y remarcó que el proyecto también busca modificar la forma en que se determinan las operaciones. “No se trata solamente de aumentar los cortes. Queremos reglas más claras, un mercado más transparente y competitivo y mayor libertad de negociación entre privados para generar inversiones y ampliar la producción”, expresó.
Reconoció que el tratamiento exigió compatibilizar esa apertura con la situación de las pymes. Según Cervi, la transición apunta a “dar previsibilidad a las pymes y a quienes llevan años invirtiendo y generando empleo en el sector” y a encontrar “un equilibrio” entre las inversiones existentes y el ingreso de nuevos actores.
El nuevo régimen no se limita al biodiésel y al bioetanol, sino que incorpora herramientas para impulsar biogás, biometano, diésel renovable, combustible sostenible de aviación —SAF o biojet— y otros biocombustibles, productos que aparecen expresamente contemplados entre las facultades de la autoridad de aplicación.
Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), tuvo una posición más matizada. “No es la ley perfecta, pero lo que llegó al principio se mejoró”, sostuvo.
Destacó que finalmente se incorporara un período de transición hasta 2036, que se mantuviera la diferenciación entre empresas integradas y no integradas y que el último tramo reservado a estas últimas subiera del 3% que se había discutido inicialmente al 4% que obtuvo media sanción.
Kusznierz pidió revisar los efectos que podrían tener los contratos a término del artículo 15 sobre las empresas no integradas y cuestionó aspectos vinculados con el coprocesamiento en las refinerías, que bajo el proyecto puede recibir los beneficios impositivos correspondientes hasta un máximo del 5%, aunque ese volumen no se computa dentro del corte obligatorio de biodiésel.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) respaldaron el resultado. Ambas entidades celebraron la media sanción y señalaron que el proyecto aumenta los cortes obligatorios y promueve la competencia, dado que permitirá generar condiciones para nuevas inversiones. “Ahora le toca a la Cámara de Diputados sancionar la ley para que se pueda implementar desde el año 2027”, destacaron. El CAA estimó que la plena implementación del régimen podría movilizar más de US$1000 millones en inversiones privadas.
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