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Biocombustibles: avanzó en el Senado un nuevo régimen que sube los cortes y abre el mercado a una mayor competencia
Un plenario de comisiones de la Cámra alta emitió el dictamen que unificó siete proyectos para elaborar una nueva ley prevé llevar el biodiésel del 7,5% al 10% y el bioetanol del 12% al 15%; para las pymes no integradas establece una transición hasta fines de 2035; hubo apoyos, reparos y fuertes rechazos entre las cámaras del sector
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LA NACION Belkis Martínez
El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió este jueves dictamen sobre el proyecto de nuevo marco regulatorio de los biocombustibles, una iniciativa que plantea elevar los porcentajes obligatorios de mezcla de biodiésel y bioetanol y, al mismo tiempo, avanzar hacia un mercado con mayor competencia y participación privada que el contemplado por la legislación vigente.
El texto que avanzó en las comisiones unifica siete proyectos presentados por los senadores Patricia Bullrich, Beatriz Ávila, José María Carambia, Natalia Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Flavia Royón, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Jorge Capitanich. Durante el tratamiento se incorporaron sucesivas modificaciones, en particular sobre la participación de las empresas pymes de biodiésel, denominadas en el proyecto “empresas no integradas”.
El nuevo régimen mantiene buena parte de la orientación del proyecto originalmente impulsado por Bullrich y otros senadores de La Libertad Avanza, que “buscaba reemplazar el esquema actual por un mercado más abierto, promover inversiones y aumentar la utilización de biocombustibles”. En aquella iniciativa se proponía “impulsar la transición” hacia un mercado “dinámico, eficiente, desregulado y libre”, con mayor espacio para los acuerdos entre privados. Durante la discusión legislativa, ese planteo fue modificado para incorporar mecanismos de transición y protección para determinados productores, especialmente las pymes de biodiésel.
Uno de los principales cambios respecto de la situación actual está en los porcentajes de corte obligatorio. Hoy el gasoil que se comercializa en la Argentina debe contener un 7,5% de biodiésel, nivel que fue establecido en 2022 sobre el 5% previsto originalmente por la ley 27.640. Para las naftas, el corte obligatorio vigente es de 12% de bioetanol.
Con el nuevo régimen, el biodiésel mantendría inicialmente el 7,5%, pero a los 12 meses de la sanción de la ley el corte obligatorio pasará al 10%. En el caso del bioetanol ocurrirá algo similar: partiría del 12% actual y llegaría al 15% después del primer año. En bioetanol, el acuerdo alcanzado establece que, dentro del 15%, se mantendría 6% para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el de maíz. El otro 3% quedará abierto a la competencia, sin una asignación predeterminada por materia prima. Además, “para evitar posiciones dominantes, ninguna empresa podrá concentrar más del volumen correspondiente”.
En el biodiésel, en cambio, se estableció una transición más extensa. Las pymes no integradas —es decir, aquellas que no forman parte de grupos económicos que poseen fábricas de aceites vegetales y harinas proteicas— mantendrán inicialmente la totalidad del corte obligatorio del 7,5%.
El punto de partida será el actual corte del 7,5%, que durante esa primera etapa quedará íntegramente en manos de las no integradas. Cuando, transcurridos 12 meses, el corte total suba al 10%, las pymes tendrán reservado el equivalente al 6,5% mientras que los otros 3,5% quedarán dentro de un segmento de negociación en el que podrán participar tanto empresas integradas como no integradas.
La participación protegida irá disminuyendo paulatinamente: en 2029, las no integradas tendrán 5,5% del corte y otros 4,5% quedarán en el mercado abierto; en 2030, el reparto será de 5% y 5%, respectivamente. Finalmente, desde el 1° de enero de 2031 y hasta fines de 2035, las pymes conservarán 3 puntos porcentuales, mientras que los otros 7 puntos del corte obligatorio del 10% quedarán sujetos al segmento de mayor competencia.
Precisamente, uno de los puntos que concentró las negociaciones de las últimas semanas fue cómo evitar que esa apertura terminara desplazando a las empresas pymes, particularmente aquellas ubicadas lejos de los principales centros industriales y portuarios. “Ahí se acotó a 10% lo que puede tomar cada empresa dentro del cupo para no integradas. Al mantener oferta equilibrada en función de la ley actual, entendemos que da más chances de sostenerse, sobre todo a las que están a más distancia”, explicó a LA NACION el senador Pablo Cervi. Según señaló, a ese mecanismo se suma el mantenimiento de los tres puntos de corte para las no integradas hasta fines de 2035. A partir del 1° de enero de 2036 termina esa transición.
También se incorpora una regla para evitar la concentración: ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% del total del bioetanol comercializado anualmente para el corte obligatorio.
Repercusiones
Patrick Adam, presidente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, consideró que el dictamen representa “un paso muy importante en la dirección correcta, porque brinda previsibilidad y crea un marco adecuado para invertir, producir y crecer” y destacó que fue resultado de “un trabajo colectivo en el que se escucharon y tuvieron en cuenta las distintas voces y realidades del sector”.
A su vez, cuestionó el régimen vigente, al que calificó como un esquema “cerrado e hiperregulado” que, con el tiempo, “terminó convirtiéndose en un verdadero cepo a la producción y a la inversión”. “Tenemos la expectativa de que, en breve, el proyecto pueda obtener media sanción y que la Argentina avance definitivamente hacia una política de biocombustibles que permita liberar todo su potencial productivo”, agregó.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) cuestionaron con dureza el dictamen. Federico Martelli, referente de la entidad, afirmó: “Rechazamos el dictamen de LLA. Las concesiones que se hicieron para conseguir la firma de los aliados no cambian el fondo del problema: las plantas regionales van a quebrar de todos modos, porque se achica la participación en el mercado, que baja de 7,5% a 3%, y no hay criterios de regionalidad para segmentar”. Y agregó: “Esperamos que los senadores no convaliden esto en el recinto. No se puede hacer una Ley de Biocombustibles contra las provincias que hacen biodiésel”.
Martelli también cuestionó la representatividad política del acuerdo alcanzado en comisión. “Sale dictamen sin la firma de ningún senador de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, y sin el apoyo de ningún gobernador de las provincias productoras. Es inaceptable legislar de esta manera”, sostuvo.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) señalaron que el dictamen alcanzado en las comisiones “refleja los acuerdos alcanzados por los senadores que representan el interés de sus provincias” y destacaron que apunta a promover “una nueva ley que permita ingresar a competir a todas las empresas de biodiésel que están instaladas en el país”.
Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) consideraron que el dictamen representa “un importante avance”. Si bien señalaron que “hay puntos que esperábamos diferentes”, entendieron que el texto final “es fruto de la negociación política” y remarcaron que lo central es avanzar hacia un cambio de régimen. “Lo fundamental es que finalmente cambiemos una ley muy mala por una que generará competencia, mejores precios para el consumidor e inversiones, dejando abierto el mercado para todos”, indicaron.
Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), su presidente, Marcelo Kusznierz, sostuvo que el dictamen representa “un avance ante la intransigencia demostrada en contra del sector del biodiésel al inicio del tratamiento en comisión”, cuando, según señaló, se planteaba “un proyecto con ganadores y perdedores”. “Toda política pública debe definir escenarios; lo que no puede ser es discriminatoria. Hoy podemos decir que hay un dictamen mejorado respecto del proyecto original de Bullrich o de Daniel González y que es una buena base para ajustar detalles en el recinto”, afirmó.
Entre esos cambios, Kusznierz planteó que, dado que la segmentación entre empresas integradas y no integradas se mantendrá solo hasta 2036, el porcentaje reservado para estas últimas debería ser del 6% y no del 3%. También reclamó “incluir claramente en el proyecto al biodiésel de segunda generación y su doble conteo”, al remarcar que la tecnología para producirlo ya existe en la Argentina. “Si no se incluye, esta ley ‘nueva’ nacerá vieja y desactualizada”, advirtió, y agregó que habilitar esos desarrollos permitiría a la industria “reconvertirse”, como propone Bullrich.
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