Se trata de dos personas vinculadas con el hecho que sufrió el productor Benito Sánchez el mes pasado en Buchardo; continúa la investigación
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A un mes del robo de unas 300 toneladas de soja por un valor de alrededor de $9 millones en el establecimiento rural San Antonio de Benito Sánchez, en Buchardo, al sur cordobés, se realizaron 12 allanamientos en simultáneo donde se logró secuestrar ocho camiones que habrían participado del hecho. Por otra parte, aunque no trascendieron sus identidades, se detuvo a dos hombres mayores de edad, uno en la ciudad de Merlo (San Luis) y otro de la localidad de Las Vertientes. La organización delictiva está integrada en su mando por tres personas con funciones definidas.
Asimismo, se incautaron armas de fuego, drogas, drones, celulares, equipos de intervención de comunicaciones, cámaras de seguridad, herramientas de corte, dinero en efectivo y una copiosa prueba documental como cartas de porte que ayudó a esclarecer rápidamente el hecho.
En diálogo con LA NACION, Cristian Murialdo, comisario inspector, director de la departamental de General Roca y encargado de la investigación, dijo que en un trabajo conjunto el operativo fue organizado por el fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti; el juez de la causa Claudio Mazzuqui con la policía, y magistrados de las jurisdicciones de General Roca, Juárez Celman, Río Cuarto y San Luis.
“Lo organizamos para ayer domingo por la mañana aprovechando que en general los productores agropecuarios no acostumbran a realizar cargas los fines de semana. En total se realizaron 12 allanamientos de manera simultánea, en zonas urbanas y rurales de Río Cuarto, Sampacho, Berrotarán, General Cabrera, Jovita y Las Vertientes, en Córdoba; y Merlo, Carpintería y Villa Mercedes, en la provincia de San Luis”, informó.
“Fueron en total 87 efectivos policiales cordobeses y de San Luis que participaron del operativo. En uno de ellos encontramos una habitación preparada como invernadero para el cultivo de plantas de marihuana”, añadió.
El hecho delictivo ocurrió a la medianoche del 24 de junio pasado cuando un grupo de delincuentes ingresaron al campo del productor agropecuario Benito Sánchez, ubicado a unos cuatro kilómetros de la localidad de Buchardo, partido de General Roca, en el sur cordobés y luego de destruir el sistema de alarma que tenía el establecimiento, rompieron un silobolsa y se llevaron un total de 300 toneladas de soja por un valor de $9 millones.
En ese momento, Sánchez dijo que el asalto fue realizado por una organización delictiva de al menos 15 personas con muchos datos y conocimiento de la zona y “que en menos de cuatro horas ya se habían retirado del lugar con toda la mercadería robada”.
Desde ese momento, la investigación comenzó a avanzar en la búsqueda de rastros de los camiones que participaron del robo. Registros de lugares, rutas de escape y franjas horarias fueron las estrategias en las que trabajaron los especialistas.
Uno de los primeras líneas de investigación fue conseguir pruebas fílmicas de los distintos pueblos que pudieron haber transitado los camiones. Otra arista importante fue el entrecruzamiento de llamadas telefónicas cuando los delincuentes estaban en el campo de Sánchez y luego de la partida.
“Sabemos cómo fue la trama de la operación delictiva, que los camiones fueron directamente al puerto de Rosario y que la mercadería la compró legalmente una empresa importante con asiento en la provincia de Santa Fe. Están todos los movimientos bancarios en la causa”, afirmó el investigador.
Para Murialdo, había tres cabezas en la organización delictiva. “Estaba todo digitado profesionalmente: el primero era el responsable de la logística de la mercadería; otro encargado de las tareas de inteligencia en el lugar, la planificación de la llegada, la desactivación de la alarma y del personal que iba manipular la maquinaria para la carga del cereal y la última cabeza era el responsable de comercializar la mercadería que cuando salió del campo ya estaba vendida”, detalló.
Si bien es poco probable que se recupere algo de la soja robada, con la investigación avanzada, al productor de 89 años le queda la posibilidad de constituirse en parte querellante en la causa y lograr así un resarcimiento al daño perpetrado. En los días próximos, se esperan nuevos allanamientos y detenciones.
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