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Certidumbre para la industria aceitera
Para mantener su actual posición como el mayor proveedor internacional de productos procesados, la Argentina requiere una fuerte actitud en contra de la competencia desleal
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La Argentina ha atravesado durante los últimos veinte años cambios de modelos y políticas económicas, con fuertes impactos en la industria. Sin embargo, hay algo que los argentinos, desde los distintos roles públicos y privados, supimos hacer bien: el desarrollo de la cadena oleaginosa y su inserción en el mercado mundial.
Hoy, dentro del concierto de los grandes productores de aceites vegetales y harinas proteicas somos la industria de referencia, y esto ha sido posible por la eficiencia de la cadena productiva de la cual somos parte. Ello nos ha permitido ser el mayor proveedor internacional de productos procesados y contar con el parque industrial más moderno del mundo.
La producción de soja de América del Sur por segundo año consecutivo superó la originada en Estados Unidos. No obstante, los problemas de competencia desleal siguen persistiendo y, de no mediar una fuerte actitud en defensa de los intereses de la cadena oleaginosa, éstos se agravarán.
A nivel multilateral, faltando un mes para la Conferencia Ministerial de Cancún, no prevemos que se produzcan modificaciones sustanciales o progresos en cuanto a recortes de subsidios y ayudas internas.
Tampoco vemos en el ALCA los avances que deberíamos esperar en la creación de una zona de libre comercio regional. Decimos esto porque en la lista de oferta de la gran mayoría de países del hemisferio los aceites han sido excluidos o están puestos en la categoría de máxima sensibilidad. En el ámbito bilateral, tenemos cifradas esperanzas en el Acuerdo que se está gestionando con la India, donde esperamos obtener algún grado de preferencia que nos permita seguir abasteciendo al primer demandante mundial de aceites.
Sin embargo, otros problemas ensombrecen este escenario. En el actual proceso de negociaciones con México vemos con desazón que no sólo los aceites y harinas sino la totalidad de los productos agroalimentarios han sido excluidos de la oferta de ese país. Esas negociaciones no pueden proseguir en estas condiciones porque es un trato absolutamente discriminatorio e inaceptable. Tampoco hemos podido avanzar con nuestro reclamo de llevar a la OMC a Uruguay y Perú por los ilegítimos derechos antidumping con los cuales nos han cerrado la exportación de aceites envasados con una pérdida de divisas importante en productos de alto valor agregado.
Tampoco puedo dejar de referirme a la reglamentación de trazabilidad y etiquetado de productos y derivados de OGM por parte de la Unión Europea. Esta medida, tal como ha sido reglamentada, tiene componentes de discrecionalidad y puede operar como una barrera paraarancelaria.
Búsqueda de consenso
Ello, aunado a cómo se vaya reglamentando el Protocolo de Cartagena, puede llegar a implicar una fuerte elevación de los costos de transacción y dependerá de la fuerza que demuestre el gobierno argentino y de la búsqueda de consenso con los demás países afectados, determinar quién pagará los costos resultantes de etiquetado y manejo de grandes volúmenes de commodities con identidad preservada.
La industria de las oleaginosas argentina, con una amplia inserción en los mercados internacionales no puede de ninguna manera sustraerse a la situación del país. Con un coeficiente de exportación superior al 90% y una extensa red de mercados compuesta por más de 100 países, su actividad depende no sólo de las condiciones externas, sino y en forma muy importante, de las normativas que definen la operatoria nacional. En el año 2002 la cadena oleaginosa exportó por un valor de 6 mil millones de dólares a pesar de las severísimas dificultades que implicó la salida del modelo basado en la convertibilidad, que conllevó no pocos cambios en la normativa sectorial y un fuerte impacto en la operatoria del sector. La modificación de la estructura del IVA granario ha sido positiva. Sin embargo, otros hechos implican un gran costo para la actividad, entre ellos la pesificación de la deuda del Estado por Factor de Convergencia que alcanza los 180 millones de dólares. La arbitraria e injustificada pesificación de dicha deuda ha provocado que la mayoría de las empresas hayan recurrido a la Justicia para hacer valer sus derechos.
Adicionalmente, la presentación de un proyecto de ley que establece como valor de referencia para el impuesto a las ganancias, el precio del día del embarque del producto puede afectar severamente al mercado de futuro y transformarlo en un mercado de disponible por falta de certidumbre, imposibilitando la planificación de la logística necesaria para la exportación de 50 millones de toneladas de granos por año.
Hoy no podemos dejar de estar sumamente preocupados y molestos con algunas actitudes de hostigamiento hacia el sector. Nuestra industria ha sido y es la más controlada del país especialmente en los últimos dos años por parte de los organismos fiscales. No nos incomoda este elevado control. Nuestra molestia tiene origen en las acusaciones genéricas, sin fundamento e irresponsablemente lanzadas a través de los medios de comunicación. Estas imputaciones, hechas con una total ligereza, dañan no sólo nuestra imagen en el país, sino también el prestigio del sector y de la Argentina como proveedores confiables y serios.
Esfuerzo inversor
La industria aceitera realizó en los últimos años un esfuerzo muy significativo en inversiones, disponiendo actualmente de la capacidad de procesamiento necesaria para captar la producción de oleaginosos.
La industria siempre acompañó el esfuerzo de los productores, pero hoy, para continuar con el ritmo de inversiones de años atrás, hace falta certidumbre para una actividad que implica una red de seguridad muy vasta y compleja de negocios a futuros, tanto nacionales como internacionales. La ley 21.453 fue el instrumento que nuestro país desarrolló para este tipo de operaciones. Puede estar haciendo falta una mayor profundización de la misma para que abarque la nueva realidad tecnológica del comercio, pero no desmembrarla y que pierda sentido como el instrumento de política que otorga la certidumbre necesaria para operar en estos mercados. El futuro de la actividad depende, esta vez, del imperio de la lógica y la sensatez.
El autor es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara).
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