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Como si a la Argentina le sobrara plata, ahora hay rechazo a los extranjeros
El fracaso de la reforma a la ley de Tierras demuestra que el país le pone límites al aprovechamiento del potencial productivo de la agroindustria
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LA NACIONCristian Mira
El retiro del proyecto del Gobierno que promovía la reforma de la ley de Tierras que impone restricciones a la adquisición por parte de extranjeros representa un retroceso desde el punto de vista del desarrollo agroindustrial del país.
Tres cuartas partes del territorio argentino es árido o semiárido. Para transformarlo en productivo se requieren inversiones de diferente tipo: desde equipos de riego hasta recuperación de suelos en zonas degradadas por la erosión. Si quienes confundieron la cuestión de la soberanía con la productividad y la propiedad privada creen que solo una empresa argentina está en condiciones de poner en valor millones de hectáreas de la Patagonia, Cuyo, el NOA o el oeste arenoso tienen una idea equivocada del capital nacional.
Entre los datos absurdos que expusieron quienes rechazaron la reforma, se presentó el caso de una empresa forestal de Chile que posee más de 200.000 hectáreas en Misiones. Si hay una actividad agroindustrial que exhibe el mayor retraso de los países de la región es la forestal. Uruguay, Brasil y Chile superan ampliamente desde hace décadas los volúmenes de exportación y producción de la Argentina así como de la superficie con bosques cultivados. Basta recordar el caso Botnia, hace 20 años, que una intensa campaña de rechazo agitó fantasmas que nunca se coporizaron. ¿Cuál fue el resultado? Los puestos de trabajo fueron para los uruguayos, no para los argentinos.
Otra de las curiosidades del rechazo a la participación de extranjeros en las tierras rurales es que hace 15 años cuando el kirchnerismo impuso la ley una extensa campaña argumentaba que el 20% del territorio nacional estaba en manos de empresas de otros países. Tras la aprobación y la reglamentación posterior, se comprobó que el promedio nacional de propietarios extranjeros no superaba el 5%, diez puntos porcentuales menos del 15% fijado por la norma.
En estos días, un observador y protagonista sagaz del agro como José Álvarez, conocido en la red social X, como @bumpercrop, vinculaba el origen de la ley de tierras con la implantación del cepo cambiario. No por casualidad, explicaba, el precio de la hectárea en la pampa húmeda experimentó desde entonces una fuerte caída. Es lo que ocurre cuando se imponen regulaciones de este tipo: cae el valor de los activos. Si a eso se le suma el aumento exponencial de la presión impositiva vía el aumento de los Derechos de Exportación (DEX) en ese período la erosión del sistema estaba asegurada. Otra casualidad que no es tal: uno de los mayores opositores a la reforma de la ley de Tierras es el actual senador Martín Lousteau, autor intelectual de la resolución 125 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.
Este rechazo a la inversión extranjera omite también cómo se está moviendo el tablero internacional y las oportunidades que podría tener la Argentina para lograr el desarrollo. A raíz de las regulaciones que impone la Comunidad Europea a la producción agroindustrial con supuestas intenciones ambientales o de inocuidad alimentaria, hay empresas del Viejo Continente que están mirando con atención a la Argentina como punto de radicación para exportar a los países de la Unión Europea. Y no es que aquí las normas de sanidad y calidad agroalimentaria no tengan base científica, sino que no van al extremo que quieren imponer los reguladores de Bruselas mediante la política del llamado “Pacto Verde”. Un caso reciente fue el del grupo español Vall Companys que invirtió US$14 millones en el Grupo Pacuca de la Argentina para crecer no sólo en el mercado interno sino a nivel internacional.
Pero además del potencial para atraer inversiones, los defensores del cepo al extranjero no tienen en cuenta que también hay empresas argentinas que han comprado tierras en el exterior. El ejemplo más reciente fue el de la familia Buratovich que desde 2018 está en Australia y hace unos meses invirtió US$44 millones para adquirir unas 147.000 hectáreas ganaderas en el norte del país de Oceanía, según reportaron medios australianos. Del otro lado del mundo nadie se escandalizó porque una empresa de origen argentino fuera a invertir allí. Australia hace décadas que tiene en claro que sin libertad de comercio y respeto a la propiedad privada no se puede construir una sociedad mínimamente desarrollada.
Con la simple protección de zonas de frontera o la participación de Estados en recursos que pueden ser estratégicos no se necesita otra restricción, a menos que se quiera imponer un capitalismo de amigos y de negocios regulados.
