Con la guardia en alto frente a un escenario de alta incertidumbre

La derrota del oficialismo en las elecciones legislativas del domingo pasado obliga al campo y a la agroindustria en general a mantenerse en estado de alerta en un escenario en el que predominará la incertidumbre. El Gobierno pretende afirmarse en una posición negacionista del mensaje que dejaron las urnas. Al mismo tiempo, convoca a un diálogo de contenido confuso y sin metas claras. Se prepara para hacer más de lo mismo, o peor.

Lo que se conoce como la “ruralidad”, aquellas zonas del país más cercanas a la producción agroindustrial, le dieron al oficialismo un reclamo claro: democracia, libertad, seguridad, educación, economía estable y trabajo digno.

Estas ideas ya se habían expresado en el primer traspié que tuvo el gobierno de Alberto Fernández con el campo: la intención de expropiar Vicentin, que encontró una resistencia de la comunidad de Avellaneda, en Santa Fe, y en una movilización popular inédita para reclamar por una empresa del complejo oleaginoso. Fue un movimiento cívico que no se hizo para defender a los dueños de una empresa quebrada sino para reclamar por el respeto a los valores de la propiedad privada y de la independencia de la Justicia, ámbito en el que se tiene que dirimir el grado de responsabilidad de los directivos de Vicentin en la debacle de la compañía.

A tal punto llegó la oleada de aquel hecho, que una de las figuras emergentes del domingo pasado fue Dionisio Scarpín, intendente de Avellaneda, y ahora senador electo por Santa Fe, al ocupar el segundo lugar, detrás de la periodista Carolina Losada, en la lista de Juntos por el Cambio. “El Estado ni siquiera se puede hacer cargo de cortar el pasto en la ruta 11″, dijo en su momento Scarpín al rechazar la expropiación de la cerealera. Desnudó al populismo.

Aunque el presidente Alberto Fernández haya dicho en el curioso acto del miércoles pasado en Plaza de Mayo que necesitaba del campo para crecer, buena parte de las medidas que adopta van en el sentido contrario.

Esto último puede comprobarse con el mercado de granos. La “autorregulación” con medidas no escritas, avalada por los exportadores, para autorizar embarques de trigo y de maíz pueden no tener consecuencias en el corto plazo por el actual nivel de precios. Pero de persistir o transformarse en mecanismos como los cupos y los ROE, la distorsión derivará en una transferencia de ingresos de un sector de la cadena a otro, como ya se vio en los primeros gobiernos kirchneristas. Si eso llega a pasar quizás no haya reclamos públicos, sino un silencioso recorte de área, como también ocurrió en la década pasada.

Con la ganadería se va en el mismo sentido. A la suba de precios de la hacienda y de la carne, anticipada hace meses por los especialistas del negocio, se le responde cada vez con más intervenciones cuando se sabe que el fenómeno tiene otras raíces: la inestabilidad financiera que comenzó en 2018 y que derivó en una inflación persistente. La extraña decisión que tomó esta semana Coto en Liniers al devolver 90 animales luego de bajado el martillo y retirarse del mercado para no convalidar las subas de precios revivió las épocas de Guillermo Moreno al frente de la secretaría de Comercio Interior.

En ese contexto, el ruralismo y la dirigencia agroindustrial deberán estar más atentos que nunca porque, por un lado, hay llamados al diálogo y al debate de leyes, pero por otro, aparecen de la nada controles e intervenciones o proyectos insólitos.

En el Congreso habrá un número interesante de legisladores que tienen vinculación con el campo. Según estimó la Fundación Barbechando entre los que renovaron sus bancas y los nuevos habrá 25 legisladores que directa o indirectamente se relacionan con la actividad agropecuaria. A diferencia de lo que sucede en Brasil o Estados Unidos nunca hubo una “bancada rural” o una coalición de diputados y senadores que trabajaran en conjunto en el Congreso para el agro. La experiencia del debate por la 125 no fue capitalizada. Aun así, la dirigencia rural tiene una oportunidad para estar atenta a los debates que se vienen. No solo por el proyecto de ley de fomento agroindustrial sino también por temas ambientales o económicos.

En el plano general, el contexto de incertidumbre, particularmente económica, sigue siendo elevado. Cada vez que se discute un acuerdo con el FMI, la posibilidad de aumentar los derechos de exportación está latente. Sucedió en 2019 cuando se frenaron las bajas previstas. Es otro frente de posible conflicto para estar alertas.