Semillas: Sturzenegger habló de “transferir el control” al sector privado
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado deslizó que se podría avanzar así porque el Estado no tiene “capacidad para auditar esto”
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El debate por una nueva ley de semillas y la eventual adhesión de la Argentina al convenio internacional de Upov-91 volvió a tomar impulso en las últimas horas tras las definiciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según mencionó, en el Gobierno buscan reforzar la protección de la propiedad intelectual en semillas, habilitar nuevos esquemas de control —con mayor protagonismo privado— y generar condiciones para atraer inversión tecnológica al agro. En tanto, anticipó que desde la Secretaría de Agricultura estiman que un proyecto de ley de tierras rurales para liberar la compra por parte de extranjeros podría habilitar el ingreso de hasta US$15.000 millones en proyectos productivos e infraestructura.
Durante su participación en el programa Economistas de la TV Pública, el ministro, junto al exCEO de Syngenta y exfuncionario Antonio Aracre, se explicitó con mayor claridad el enfoque que el Gobierno busca llevar al Congreso. Fue luego que Aracre planteara: “En la Argentina se siembran casi 20 millones de hectáreas de soja, casi 6 o 7 millones de hectáreas de trigo, y en su mayor parte eso involucra una investigación genética —en algunos casos biotecnológica— que no se remunera. A diferencia de Brasil o de Estados Unidos”, planteó.
Para responder, Sturzenegger buscó graficar el impacto productivo de esa brecha regulatoria con un ejemplo concreto: el algodón. “En Chaco la Argentina produce algodón con rendimientos de 600 kilos por hectárea. Cruzás la frontera hacia Brasil, en una zona bastante parecida, y el rendimiento es de 1400 kilos por hectárea”, explicó. Y descartó que la diferencia radique en la capacidad de los productores: “Los nuestros son igual de buenos o mejores. Las condiciones geográficas son similares. El tema es que los brasileños usan una semilla desarrollada con investigación que permite mayor rendimiento”.
Según el ministro, la clave está en la ausencia de garantías para la propiedad intelectual en el país, lo que desalienta la introducción de esas tecnologías. “Esa semilla no viene acá porque no hay respeto a la propiedad intelectual. Es un tema que la Argentina tiene que resolver”, afirmó.
El esquema que propone el Gobierno, por un lado busca mantener la posibilidad de que los productores continúen utilizando sus prácticas actuales —incluido el uso propio de semillas— sin cambios obligatorios inmediatos. Por otro, establecer un sistema que permita capturar valor cuando el productor decida adoptar genética superior: “Si alguien quiere usar una semilla que produce 1400 en lugar de 600, y le conviene, que haya un esquema de control para que esa propiedad intelectual se remunere”, explicó Sturzenegger.
En ese punto aparece una de las novedades más sensibles del planteo oficial: la transferencia de la fiscalización al sector privado. “Vamos a transferir el control al sector privado”, indicó. “El sector público no tiene capacidad para auditar esto”, sostuvo el ministro, sugiriendo un cambio de paradigma en el control del cumplimiento.
Consultado sobre si este esquema requiere necesariamente una nueva ley —en el marco del histórico estancamiento legislativo del tema—, Sturzenegger amplió: “Sí, es totalmente factible sin cambio de ley, porque la realidad ya obliga la remuneración. Lo que pasaba antes es que el Estado no tenía cómo fiscalizar, y eso hoy cambió”.
“Todo lo que está ahora queda igual, pero para el futuro todo lo que es novedoso, nos permita que pueda estar en la producción. Estamos estimando que le aportamos a la producción argentina unos US$4000 millones de dólares y traería inversiones”, puntualizó.
El trasfondo de esta discusión remite a un conflicto de larga data entre el Gobierno, las empresas desarrolladoras de biotecnología y los productores agropecuarios. Mientras el Gobierno buscará entrar a los estándares internacionales tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, quien sugirió tener reglas claras que aseguren el cobro por los desarrollos —en línea con la Upov 91—, una parte importante del sector productivo defiende el derecho al uso propio y advierte sobre el impacto en los costos.
Vale recordar que una propuesta de proyecto de ley fue presentada por los representantes de la Mesa de Enlace a las autoridades del Gobierno para que sea analizada y debatida con las partes, antes de que el proyecto de adhesión a UPOV 91 se envíe al Congreso, para su eventual tratamiento. La propuesta del ruralismo busca equilibrar el reconocimiento de la propiedad intelectual con el uso propio. El esquema plantea que el productor pueda guardar semilla adquirida legalmente (como soja o trigo) pero pagando una retribución acordada por hasta tres multiplicaciones, con la opción de cancelar ese monto desde el inicio al comprar la bolsa. Al mismo tiempo, introduce un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio gratuito durante tres campañas y un sistema “incremental”, donde si se amplía la superficie sembrada más allá de la original, solo se paga por ese excedente.
En paralelo, Sturzenegger vinculó este debate con un paquete más amplio de reformas orientadas a liberalizar inversiones en el agro. En particular, mencionó el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” y modificaciones a la legislación sobre tierras rurales sancionada durante el kirchnerismo, que limitaba la participación extranjera en el sector.
Según detalló, la eliminación de esas restricciones podría habilitar el ingreso de unos 15.000 millones de dólares en inversiones, especialmente en economías regionales que requieren altos niveles de capital por hectárea, como sistemas de riego e infraestructura productiva. En ese contexto, recordó antecedentes como la inversión de 2000 millones de dólares en la planta de celulosa de Arpulp, como ejemplo del potencial que, según el Gobierno, quedó limitado por regulaciones previas. “Estamos sacando todas esas trabas que había”, resumió el ministro.
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