1
Definición: el gobierno nacional está en contra de la reglamentación de una ley resistida por los productores de La Pampa
Según pudo saber LA NACION, la vicepresidenta del INTA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, buscará reunirse para interceder entre el gobierno provincial y los productores; alerta porque más de 200.000 hectáreas podrían quedar sin producir por límites para los agroquímicos
7 minutos de lectura'
LA NACION Belkis Martínez
El gobierno nacional está en contra de la decisión de las autoridades de La Pampa de pretender reglamentar una ley de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, que dejaría, según los productores, más de 200.000 hectáreas sin producir debido a fuertes condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de numerosos requisitos. Según pudo saber LA NACION, con el fin de buscar una solución al tema se involucró la vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), María Beatriz “Pilu” Giraudo, que formará parte de una reunión para intentar mediar entre el gobierno provincial y los productores.
Esta novedad se conoció mientras, luego de la tensión que se generó por este tema, los productores esperan que haya un cambio en la reglamentación de la ley o su derogación.
Desde el Ministerio de Producción de La Pampa, a cargo de Fernanda González, dijeron a LA NACION que estarían dispuestos a continuar con un diálogo con los productores “para armonizar los intereses”. En el medio, la oposición presentó documentos en la Legislatura sobre el incumplimiento del Poder Ejecutivo de no haber reglamentado la ley en los 120 días siguientes en 2020, que eran los plazos estipulados.
En el gobierno nacional tienen en claro que no pueden involucrarse en una ley provincial. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que no están de acuerdo con el avance de la reglamentación de la ley, ya que deja afuera miles de hectáreas productivas. En ese contexto se inscribe la irrupción de Giraudo.
El INTA está trabajando en el proyecto desde el minuto cero. El equipo de análisis del INTA lo lidera Jorgelina Montoya y se están haciendo sugerencias con todo el grupo de las entidades agropecuarias. Giraudo tiene previsto viajar el miércoles a La Pampa, donde va a firmar un convenido el jueves, y va a tratar de conversar y exponer la preocupación que tienen sobre esta situación con la ministra González. La idea es pensar en una estrategia que vaya de la mano con lo que hicieron las entidades en el último tiempo.
Por eso, en el Gobierno esperan que, a través de la vicepresidenta del INTA, se pueda establecer un diálogo fluido. La idea es que esta ley no restrinja la producción. A nivel nacional hay regulaciones encabezadas por el Senasa, donde cada producto aprobado lleva su etiqueta con las indicaciones sobre su uso y aplicación: máquinas permitidas, herramientas, tecnología y el uso adecuado. Por eso, creen que la ley debe facilitar todos estos aspectos. En su forma actual, tal como se plantea reglamentarla, es inaplicable.
“La provincia de La Pampa se encuentra en pleno debate respecto a la reglamentación de la ley de Gestión Integral de Plaguicidas 3288, la cual en primera instancia legisla sobre el uso de plaguicidas urbanos y rurales que involucran sujetos, criterios y objetivos de uso absolutamente diferentes. Ese aspecto complejiza su implementación, dados sus diferentes ámbitos de aplicación. Por otra parte, instaura una suerte de sistema de trazabilidad cuando el Senasa -organismo responsable al respecto- establece que se crea el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios”, dijo Giraudo.
Por otra parte, señaló que la formulación de políticas públicas debe estar basada en la evidencia científica. “Las prácticas regulatorias deben propender a ordenar las diferentes instancias del uso de los fitosanitarios de una forma expeditiva, acompañando a los actores y usuarios de forma de avanzar sobre el buen uso. Se debe evitar una burocratización excesiva sobre procesos que son regidos por la biología de los cultivos y de las plagas. El uso adecuado de fitosanitarios garantiza la inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, la salud y el cuidado del ambiente. Existe conocimiento, normativa y herramientas para que la legislación y reglamentación sea ágil, promueva la creciente producción mientras cuida al ambiente y a las personas”, resumió.
Según un informe de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Carbap, Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (Cepia), Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación Profesionales Agropecuarios La Pampa (Apalp), Aapresid, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Cámara de Propietarios de Máquinas Agrícolas de La Pampa (Caproma), si se avanza con la reglamentación se dejará de facturar $276.301.535.500. Las estimaciones apuntan a que habría 209.000 hectáreas que quedarían fuera de producción, si se toman en cuenta los 3000 metros [para aplicaciones aéreas] donde se tendrían que pedir autorización y del ejido urbano. Para aplicaciones terrestres la restricción es de 500 metros.
La Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), una mesa de instituciones públicas y privadas creada en 2017, había elaborado un trabajo para entregar un proyecto de ley al gobierno de Sergio Ziliotto, pero no fueron considerados. Dicen que ley desconoce los avances tecnológicos disponibles que permiten trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).
La semana pasada, el Consejo Consultor se reunió con la ministra de Producción, en un primer contacto que hicieron entre las autoridades provinciales y el sector agrícola. Allí, los productores manifestaron que no están de acuerdo con la ley ni su reglamentación.
Carlos Portu, un productor agropecuario e ingeniero agrónomo de General Pico, señaló que ven como positivo la apertura al diálogo con la oficina de Producción. “Están apelando al diálogo al que nunca estuvieron dispuestos y sugieren posibles cambios en la reglamentación de la Ley. Han apelado a grupos pseudo ambientalistas como La Pampa libre de Agrotóxicos. Pareciera que no han tenido gran impacto, se limitan a las mismas frases hechas de siempre”, precisó.
Portu afirmó que la oposición en la Legislatura ha presentado documentos referidos al incumplimiento del Ejecutivo en no reglamentar la ley en los plazos estipulados y pretenden que vuelva a la Legislatura. Actualmente, la Legislatura es 50% oficialista y otro 50% opositora, por tanto, cualquier intento de avanzar sobre la ley podría ser desempatada por la vicegobernadora, Alicia Mayoral.
“Los intercambios informales están. La respuesta que se ha dado desde la mesa y las entidades es que queremos reunirnos con el gobernador. Hace más de 20 días tenemos pedido una audiencia. La decisión política de llevar adelante la ley es del Poder Ejecutivo”, puntualizó Andrés González, productor agropecuario y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
“Se está hablando de que esta ley es impracticable y criminaliza la producción, porque queremos traducir esta frase de criminalizar la producción. Como es una ley tan burocrática al extremo, y de tantas trabas, es muy fácil no cumplirlas o se vuelve imposible. Al ser imposible, mañana estaremos todos fuera de la ley”, advirtió.
“No hay forma de acomodarla. Tenemos que ir por una nueva ley, se tiene que derogar y trabajar en una nueva ley, quedó desactualizada. Nosotros intentamos hacer aportes que incorporen toda la tecnología disponible y se hizo caso omiso a eso. Todos los aportes que quisimos hacer hace cuatro años no fueron escuchados. Hoy, la reglamentación lo único que hace es agravarla. Hay distintas varas para medir un mismo producto”, observó.
Los productores aclaran que “no están en desacuerdo de que no haya una ley o control”, sino que no fueron tenidos en cuenta a la hora de llevar adelante el proyecto de ley y su reglamentación. “Estamos listos para hacer aportes, hacer una nueva ley o trabajar a favor de la provincia. En eso nos vamos a trabajar, avocar e insistir con todos los intendentes, porque esta ley tiene mucha discrecionalidad y le da mucha responsabilidad a los intendentes y comisiones de fomento: los carga de estructura y le da discrecionalidad”, dijo González.
Desde la oficina de Ziliotto respondieron a LA NACION que “la ley 3288 [sobre gestión de plaguicidas] es una ley sancionada como corresponde al sistema republicano por la Legislatura provincial. Si existiera alguna posibilidad de modificarla, cosa que dudo, es en ese mismo ámbito donde debiera realizarse. Hoy se pretende realizar una discusión fuera del lugar que corresponde con cifras insólitas tiradas al voleo”.
Más leídas de Campo
