“Dilapidados sin sentido”: en qué gastaba millones un controvertido fideicomiso que eliminará el Gobierno

El Gobierno formalizará la semana entrante la eliminación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), creado durante el gobierno de Alberto Fernández para subsidiar la harina que la industria molinera entrega a las panaderías. El fideicomiso, que si bien era manejado por el Estado se nutría con el aporte privado de las retenciones a la soja, en los hechos ya estaba desactivado desde diciembre pasado.

Aunque no lo mencionó con el nombre, ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en la red X: “Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que depende del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos”. Según trascendió de fuentes oficiales, ese fondo es el FETA.

En la práctica, como se mencionó, el mecanismo ya no estaba activo. “La Secretaría de Comercio le mandó una notificación el 10 de diciembre a todos los molinos diciendo que se dejaba sin efecto; terminaron de liquidar lo que debían durante diciembre y enero”, contó una fuente industrial. Días antes, incluso BICE Fideicomisos, que actuaba como fiduciario del FETA, había enviado a las empresas una nota donde mencionaba que había recibido una nota de Comercio sobre el fin de la operatoria. La constitución del fideicomiso, más allá de contar con empresas que formaron parte de manera individual, fue criticada por diversas cámaras molineras.

Este fondo estatal fue creado por decreto en marzo de 2022. En ese momento lo impulsó el exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, ante la suba de los precios internacionales de los granos tras la invasión de Rusia a Ucrania, dos productores claves en commodities agrícolas.

En un primer momento el fondo se nutrió con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja del 31 al 33%. La expectativa era recaudar US$400 millones. Cuando empezó a funcionar, todos los meses publicaba un precio de referencia para la harina entregada a las panaderías. El anterior gobierno fijó las condiciones de acceso y terminó ingresando casi una treintena de molinos. Comercio todos los meses fijaba un valor más bajo para la harina subsidiada que llegaba a las panaderías.

Desde un primer instante el FETA no estuvo exento de polémica como una denuncia que hicieron legisladores de la Coalición Cívica contra Feletti y, además, un pedido para investigar a Molino Cañuelas, el principal molino del país, con un 25% de la molienda. La empresa, no obstante, nunca recibió notificación alguna de la Justicia, según han dicho en la compañía, que además defendió el mecanismo por su implementación de controles y estaba vinculado al nivel de abastecimiento.

Molino Cañuelas, vale recordar, está negociando con acreedores la salida de un concurso por unos US$1300 millones donde ofrece respetar la moneda de origen, sin quitas ni con años de gracia de por medio, según explicaron en su momento desde la firma. En diciembre pasado, Impulsar informó que el FETA destinó más de $33.000 millones para el grupo Molca (Molino Cañuelas y Florencia).

Con la llegada de Sergio Massa como ministro de Economía, el FETA, después de varios meses pasó a fondearse con el 1,3% de lo recaudado con las retenciones al aceite y la harina de soja. Esto fue luego que el exfuncionario dejara sin efecto la suba de los derechos de exportación para la harina y el aceite de soja, medida esta última que en cierto modo tomó para agradecer a los exportadores por contribuir al dólar soja.

“Establécese en uno coma tres (1,3) puntos porcentuales de la alícuota del derecho de exportación de las mercaderías alcanzadas por las posiciones arancelarias de la Nomencaltura Común del Mercosur (N.C.M.) 2304.00.10, 1507.10.00, 2302.50.00, 1507.90.11, 1507.90.90 y 2308.00.00, en todos los casos que contengan soja, como importe que será destinado al ‘Fondo Estabilizador del Trigo Argentino’, creado por el Decreto N° 132 de fecha 19 de marzo de 2022, en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 288 de fecha 31 de mayo de 2023″, decía la norma del gobierno anterior que hizo el cambio de fondeo.