Dólar agro: una mejora del tipo de cambio que tiene daños colaterales

La mejora nominal del dólar soja y el dólar agro a $300 provoca una serie de daños colaterales en la actividad que alteran los ritmos de producción y comercialización de los productos.

La primera es la que causa en los alquileres de campos. Alrededor del 60% de la producción agrícola se realiza bajo la modalidad de arrendamiento. Los valores, según explican los especialistas, se establecen en quintales de soja. ¿El precio se fija según el dólar que regía hasta el viernes pasado o el que se fijó hasta el 31 de mayo próximo? es la pregunta que abre las febriles negociaciones entre propietarios y arrendatarios. Esto no solo comprende la actual campaña agrícola, que tiene resultados pésimos a causa de la sequía, sino también el próximo ciclo, cuya cosecha llegará muy probablemente con un gobierno de un signo político diferente del actual.

Por la sequía, la cosecha podría llegar a 25 millones de toneladas, contra los 48 millones calculados al comienzo de la siembra. En rigor, por los bajos rindes obtenidos en las primeras semanas, se cree que la cifra podría ser más baja.

“Todo es muy artificial, es un clima raro para hacer negocios”, dice el consultor Teo Zorraquin. La rareza está impregnada de la desconfianza hacia el Gobierno. Tras el anuncio del dólar soja de septiembre pasado, el Banco Central dispuso un aumento de las tasas de interés para solicitar créditos a quienes tuvieran en stock más del 5% la cosecha de soja. Esto parece explicar la actitud de cautela de los productores en el primer día de operaciones en el mercado de granos con la nueva modalidad.

En ese contexto de dudas, no obstante, Zorraquin señala que quienes todavía tienen soja para vender, podrán mejorar su “poder de fuego” entre un 20% y un 30% para cancelar deudas. Claro, es un “beneficio” al que no podrán acceder quienes ya se desprendieron de los granos. Cada empresa es un mundo.

Hay otro daño colateral que es el aumento de costos fijos para quienes usan la soja como uno de los componentes de las dietas de los tambos y feedlots, por ejemplo. En las anteriores versiones del llamado “Programa de Incremento Exportador”, el Gobierno pagó compensaciones, pero meses más tarde de que la leche y los novillos salieran de esos establecimientos.

Discrecionalidad

En las llamadas “economías regionales” se abre el riesgoso camino de la discrecionalidad. Según el ministro de Economía, Sergio Massa, ingresarán aquellos sectores que firmen acuerdos de precios y se comprometan con volúmenes determinados. Aunque varias cámaras empresariales emitieron comunicados de apoyo a la medida, se abre una ronda de reclamos para contar con la ventaja temporal de un dólar a $300 hasta el 31 de agosto próximo. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo que se iban a incluir a los quesos, pero no está claro si se sumará la leche en polvo, por ejemplo.

Otro de los riesgos es que esta ventana temporal corre el riesgo de excluir a quienes no están en la temporada de cosecha. Un productor de arándanos que llega al mercado a partir de noviembre, por ejemplo, verá pasar de largo esta mejora.

La temporalidad acotada de la medida también puede beneficiar a la industria o al exportador de una economía regional, pero no necesariamente al productor. “Las bodegas nos pagan a partir de agosto y en 12 cuotas por la uva”, dijo Marcelo Cid, productor vitícola y frutícola de Mendoza en una entrevista en LN+ Campo. En otras palabras, pueden beneficiarse quienes tengan stock, pero aquellos que deben planificar la producción entran en el terreno de la incertidumbre.

Pero tanto en la soja como en las economías regionales, el Gobierno descartó la medida que hubiera provocado un efecto directo sobre los números de la producción: la eliminación o reducción temporal de los derechos de exportación. El Estado sigue siendo el socio que no resigna su ingreso ni aun cuando las cosas van mal.