“Dólar agro” y la 125: imprevisión, parches y la vocación por desenterrar viejas peleas

Por recurso de última instancia o por manotazo de ahogado, el Gobierno vuelve a recurrir a un tipo de cambio diferencial para la soja y otros productos de las economías regionales. Las estimaciones del Ministerio de Economía indican que se buscan US$15.000 millones para los próximos meses. Otra vez, el campo y la agroindustria son vistos como tabla de salvación en un escenario macroeconómico que arroja indicadores cada vez más negativos.

El contexto, esta vez, es la feroz sequía. A diferencia del año pasado, el Gobierno apenas podrá contar con los dólares genuinos de las exportaciones del agro. A medida que avanza la cosecha, los rindes de los cultivos, especialmente los de la soja, son más bajos que los esperados y coinciden con las previsiones más pesimistas de hace poco más de 45 días.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su Panorama Agrícola Semanal, calcula que es muy probable que la cosecha arroje una cifra inferior a los 25 millones de toneladas de su estimación previa. Apenas las lluvias de las últimas semanas permiten empezar a vislumbrar un panorama un poco más alentador de cara a la siembra del trigo.

El ahora mal llamado “dólar agro”, porque no abarca a todos los productos, vuelve a alterar la comercialización de la soja. Quienes no entren ahora en esta nueva ventana cambiaria, guardarán todo lo que puedan el grano hasta esperar que se abra la próxima. Además, también vuelve a alterar los valores que pagan los consumos internos de la oleaginosa (tambos, avicultores y criadores de cerdos, entre otros).

Para algunas de las economías regionales, el tipo de cambio diferencial puede no coincidir con la temporada de cosecha y con la ventana estacional de comercialización. Ese tren les pasará de largo.

En definitiva, son parches que se presentan como medidas en favor del agro, pero que, en rigor, están lejos de ir al corazón de los problemas verdaderos: el déficit fiscal y la inflación elevada.

Esa política de parches también queda en evidencia con el fin del certificado de exclusión del pago de tributos como Ganancias e IVA para grandes importadores que tienen saldos a favor con la AFIP. La medida, que representa una suba del costo financiero a las empresas, congeló las operaciones de importaciones de fertilizantes y agroquímicos apenas fue conocida por los operadores. Nuevamente, la previsibilidad pasa a un segundo plano.

Reglas claras

Es la misma necesidad de reglas claras que tienen los productores tamberos, acuciados por la suba de costos y afectados en forma indirecta por la política de control de precios que impone el Gobierno sobre los lácteos.

“La histórica crisis climática que nos viene castigando durante las últimas tres campañas nos ha dejado sin las reservas que quedaban de la campaña 22-23. En la actual, la crisis continúa profundizándose y no sabemos cuándo terminará”, dice una declaración difundida por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y firmada por más de diez entidades de la lechería y otras rurales.

En la nota, piden a las autoridades que declaren a los tambos en “desastre agropecuario” y al resto de la cadena, básicamente la industria, “empatía”. En la nota, recuerdan que “sin productores no habrá lácteos que ofrecer. Y son miles los tambos que están en riesgo de desaparecer”. Ese pedido de empatía significa disposición para alcanzar acuerdos comerciales diferentes a los que se sostienen hasta ahora: entrega del producto sin conocer su precio.

En este contexto difícil vuelve a sonar una nota discordante. Esta vez fue el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, que en un alarde de escasa memoria histórica, dijo en su presentación en el Congreso que la violencia política comenzó en el país con el conflicto del campo en 2008.

Más allá de que omitió numerosas décadas de la historia argentina y que busca agradar tardíamente a la expresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete desentierra un conflicto del que no extrajo enseñanza alguna, pese a que en esa época dirigía la bancada peronista en la Cámara de Diputados.

Si la disputa por las retenciones móviles duró cuatro meses no fue, precisamente, por la falta de interés del ruralismo en dialogar y encontrar una salida. Fue el propio gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner que dinamitó toda posibilidad de llegar a un acuerdo. Rossi, se supone, es el jefe de Gabinete de un Gobierno que necesita los dólares que se generan desde el campo. Volver a atacarlo no parece la mejor manera de conseguirlos.