El abigeato florece al amparo de la tolerancia

Por Jorge Guido Ugolini Para LA NACION
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3 de mayo de 2003  

El abigeato es un antiguo flagelo cuyo auge se incrementa cuando los precios del ganado adquieren valores que lo hacen sustantivos de tentación.

Este delito lesiona la propiedad del productor, a la vez que genera un sistema de comercialización de carnes que evita la cadena de intermediación y procesamiento, generando evasión fiscal, competencia desleal y riesgo en la salud pública al poner al alcance del consumidor un producto que no ha cumplido los controles sanitarios y bromatológicos correspondientes, y son suficientemente importantes los beneficios económicos que este mercado paralelo genera para las personas involucradas, que en ocasiones logra a nivel local cierto amparo.

El uso etimológico de la palabra abigeato proviene del derecho romano (abigere), acepción que designaba la forma material con que se consumaba el hurto de animales que "no se cargaban al hombro para llevarlos", sino que se los desviaba y se los hacía marchar a otro destino distinto con el objetivo de aprovecharse económicamente.

Si para tipificar ciertos casos de hurto de tropas, donde necesariamente intervienen varios actores que coordinan las distintas etapas hasta la venta final (sustracción, traslado, faena, transporte de la carne y venta minorista) se asimilara la figura de "asociación ilícita", estaríamos ante un nuevo escenario.

Sin ley

Se viene registrando un malestar creciente entre los productores ganaderos por el aumento considerable de casos ocurridos en este tipo de acto ilícito, y existe unánime consenso de que poco y nada tienen que ver con el "hurto famélico"; antes bien, entre las causales agravantes en la generación de estos hechos no sólo se encuentra la falta de controles adecuados por la ineficacia y la carencia de medios en las policías provinciales y nacionales, sino fundamentalmente el lícito beneficio al que acceden los delincuentes al concedérseles la excarcelación una vez apresados.

En el Código Penal, la regulación del abigeato se encuentra en el Art. 163, donde se imponen penas de prisión de 1 a 6 años cuando el hurto es de una o más cabezas, agravando la pena de 2 a 8 años cuando se trata de 5 o más cabezas y se utiliza un medio motorizado para su transporte.

Según el Código Procesal Penal de la Nación (puede variar en las provincias), procederá la excarcelación del imputado cuando, entre otras causales, corresponda la exención de prisión, si ésta ha sido solicitada al juez y luego otorgada sobre la base de la calificación de los hechos y la evaluación de la pena que pueda corresponderle.

La eximición de prisión corresponde a imputados en delitos con una pena máxima que no exceda los 8 años. La excarcelación también puede otorgarse por ejecución condicional de la pena, que significa dejar en suspenso su cumplimiento, por lo que no tiene sentido aplicar prisión preventiva; corresponde cuando la pena mínima no excede los tres años y se trata de la primer condena; por tanto, no es aplicable a reincidentes.

En algunas provincias, los códigos de procedimientos establecen penas diferentes, bajando la eximición de prisión a una pena máxima de 6 años; en este caso, el abigeato será excarcelable si el hurto es de una o más cabezas de ganado, porque la pena tipificada en el Art. 163 del Código Penal es de 1 a 6 años, pero si el hurto es de 5 o más cabezas no será excarcelable por eximición de prisión porque la pena máxima excede los 6 años; no obstante, podrá serlo por la vía de la ejecución condicional, dado que el mínimo es de 2 años, siempre y cuando el imputado no sea reincidente.

Oportunamente, a través de la presentación de diversos proyectos de ley, se intentó elevar las penas del abigeato con el objetivo de evitar la excarcelación, pero no consiguieron el consenso necesario, fundamentalmente porque las penas más elevadas no guardaban proporcionalidad con otros delitos (como hurto de menores, de 3 a 10 años; homicidio culposo, de 1 a 3 años).

Posiblemente, la solución más efectiva a este flagelo habría que buscarla en concentrar esfuerzos para ajustar el cumplimiento del procedimiento de instrucción de la causa, y sobre todo en el sistema de persecución penal de la etapa de procesamiento o juicio hasta llegar a la sentencia. Es común asistir a la prescripción de las causas por inmovilización de expedientes y falta de seguimiento, como también al no procesamiento del imputado por falta de mérito ocurrida en la etapa de instrucción.

Actualmente hay en las cámaras legislativas iniciativas para la modificación del Código Penal que intentan dar mayor protección y seguridad a la población rural, elevando las penas por delitos contra la propiedad, sustentados en el desamparo que es propio y de condición inherente a quienes realizan esta actividad productiva.

La experiencia nos muestra que el 80% de los delitos de abigeato que se esclarecen son cometidos por reincidentes, y el 20 % restante lo será próximamente; nadie roba hacienda por única vez, mucho menos si no tiene castigo. Lamentablemente, el 100% queda en libertad en pocas horas, a pesar de que los jueces cuentan con la posibilidad de no otorgar la excarcelación en los reincidentes. Es en este escenario donde el abigeato florece al amparo de la tolerancia.

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