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El futuro de Vicentin: la corredora Grassi cerró un acuerdo comercial con Bunge
Según pudo saber LA NACION, es para operar juntas activos de la cerealera si es que el cramdown es favorable
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LA NACIONPilar Vazquez
En medio de la inminente definición del futuro de Vicentin, el Grupo Grassi —acreedor y a la vez una de las firmas interesadas en el proceso de salvataje de la cerealera— cerró un acuerdo comercial y financiero de largo plazo con la multinacional Bunge, que se suma al esquema que la compañía ya había delineado con Cargill para operar conjuntamente los activos de Vicentin si su propuesta resulta ganadora en el cramdown abierto por la Justicia luego de caer en 2020 en concurso de acreedores.
Según confirmaron a LA NACION fuentes vinculadas a la negociación, el entendimiento abarca toda la operatoria de granos —soja, girasol y otros cultivos— e incluye tanto la molienda industrial en las plantas de Avellaneda, Ricardone y Renova como la comercialización y exportación de subproductos. Ante una consulta de este medio, desde Bunge señalaron que “no hay comentarios sobre el tema”.
El esquema para trabajar no se trata de una venta ni de un contrato “a fasón”, modalidad con la que la cerealera venía operando en los últimos meses, sino de una explotación conjunta e integrada. Vicentin mantendría la propiedad de los activos, mientras que Bunge, además del caso de Cargill, aportarían acceso a los mercados internacionales, financiamiento y logística. El objetivo, según explicaron las mismas fuentes, es darle solidez al proyecto sin desarmar la compañía ni reducir personal, aprovechando la capacidad industrial instalada y el respaldo operativo de dos de los principales jugadores del comercio mundial de granos.
En ese sentido, la incorporación de Bunge forma parte de la estrategia presentada por Grassi en el marco del proceso de salvataje orientada a mantener la operatoria de las plantas industriales y su integración con el comercio exterior. El acuerdo con Cargill, dado a conocer en septiembre, fue el primer entendimiento de ese tipo, y la participación de Bunge se suma al mismo esquema de cooperación comercial e industrial.
De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, ambas multinacionales acompañarían la propuesta de Grassi como acreedoras en el proceso de cramdown. Según dijeron, ambas compañías se habrían contactado con distintos operadores del mercado para comunicar su decisión de apoyo.
El modelo prevé que los embarques de granos y subproductos se canalicen a través de los sistemas comerciales globales de las dos compañías. En la práctica, Vicentin pasaría a operar “como una in company” dentro del circuito de las grandes exportadoras, con capacidad de acceder a los mismos beneficios financieros que los líderes del mercado.
En el frente judicial, el cramdown —abierto tras el rechazo judicial a la homologación de un acuerdo de acreedores- exige que las ofertas consigan la adhesión de al menos dos tercios del capital y más de la mitad de los acreedores.
Hasta el momento, hay dos propuestas principales en competencia: la de Grassi SA y la presentada por Molinos Agro SA junto a Louis Dreyfus Company (LDC), que plantea una reestructuración financiera con capital de trabajo inmediato para reactivar la operatoria y un esquema de pago mejorado para los acreedores.
Esta última iniciativa recibió el respaldo formal de la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), una de las cooperativas agrícolas más importantes del país. En un comunicado la entidad destacó que la propuesta conjunta de Molinos y LDC es “financieramente sólida y simple, respeta los derechos de cobro de los acreedores y busca ofrecer una salida ordenada, transparente y sostenible al proceso de reestructuración de Vicentin”.
Para la cooperativa, el proyecto “permite preservar la actividad y las fuentes laborales” en el norte santafesino, donde se concentran los principales activos de la compañía.
El cramdown es la última instancia del concurso de acreedores que Vicentin atraviesa desde 2020, cuando la empresa —entonces una de las mayores exportadoras de granos y subproductos del país— se presentó a esa instancia con un pasivo por más de US$ 1500 millones. La firma, con sede en Avellaneda (Santa Fe), mantiene deudas con unos 1700 acreedores, entre ellos productores, cooperativas, bancos y empresas internacionales.
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