Amenazas y enfrentamientos en una provincia donde crecen las denuncias por usurpaciones

“El problema es que de mis 20 denuncias no avanza ninguna”, relató Emiliano Sánchez, un productor forestal cuyo campo, de 5900 hectáreas en Paso de Oscares, en Santiago del Estero, se encuentra usurpado desde principios de 2020, cuando regía la cuarentena estricta por Covid. Él y su hermano Rodrigo están desesperados porque les tomaron la propiedad que compró su abuelo en los 90. El caso de los Sánchez se suma a otros que ya dio a conocer LA NACION en las últimas semanas.

“Mis abuelos lo compraron, las escrituras hoy están a nombre de mi papá y mi mamá, pero no podemos ingresar”, dijo. “Trabajamos de la producción forestal en un campo de 5900 hectáreas, para comercializar y vender madera a la provincia de Córdoba, tenemos un convenio multilateral en el que nosotros hacemos producción desde la tala hasta la distribución”, explicó Emiliano.

La actividad a la que se dedica la familia desde hace décadas se vio interrumpida cuando un grupo de usurpadores irrumpió en la propiedad; golpearon a Rodrigo para ingresar de manera ilegal a la plantación. “Cuando comenzó la cuarentena, una organización de miembros del Mocase vía Campesina, pero que evidentemente son personas que están cubiertas por miembros de más arriba, el 16 de abril de 2020 nos tomó junto con la policía una fracción del campo y la casa que está dentro”, contó.

El día de la usurpación, expresó, estas personas llegaron junto con la policía por un llamado que hizo uno de los usurpadores. “A la zona donde nosotros estábamos, que era 3 kilómetros adentro de nuestro campo, no hay forma de que la policía lo supiera, y tan rápido. Cayeron a detenernos a nosotros que somos los dueños”, relató. Ese día, denunció, los usurpadores los “amenazaron con cuchillos”.

“La policía, en vez de detener a esta gente, nos detuvo a nosotros”, afirmó. Cuando iban en el patrullero, la misma policía les habría advertido que se tenían que ir hasta que terminara la cuarentena. “Nos dijeron que el campo lo teníamos que vender, que no se podía hacer nada con esas tomas”, dijo.

La policía, recordó, llegó a los 2 minutos supuestamente para que no haya violencia. “Nosotros le exhibimos la escritura digital, ellos saben que somos los dueños. El problema es que al presentarnos como dueños, nos hicieron ir a poner la denuncia a la comisaría. Cuando hicimos eso, ellos nos incendiaron 200 metros cúbicos de madera. Presentamos la denuncia para que la policía actúe y no lo hicieron”, describió.

Desde entonces, los usurpadores comenzaron a hacer una deforestación ilegal; no podían detenerlos hasta que los dueños comenzaron a filmarlos. Los abogados que se han hecho cargo de la causa no han podido lograr ningún avance.

Para Emiliano, los usurpadores se manejan en un “ambiente donde tienen tanta fuerza e influencia” que a ellos les resulta difícil de llegar. “Nosotros siempre teníamos problemas con el Ministerio de Ambiente, porque había un sistema paralelo porque se hace tala ilegal. Se comenzó a competir con eso, y son personas que están cubiertos por alguien de arriba, pero no sabemos quiénes son. La Dirección de Ambiente está totalmente corrompida. Esta gente comienza a manipular la estructura y por eso ya no los podemos detener. Están sacando tres camiones por semana, mínimo, son 90 toneladas de madera. Tienen que tener infraestructura, permisos para transportarla entre provincias. Alguien les tiene que dar un gran apoyo, porque están legalizando un sistema ilegal”, narró.

La familia dice que no ha podido ingresar al campo que está a nombre de ellos hace más de 20 años porque les pusieron una medida cautelar que fue notificada por la policía. “La Justicia no nos dio respuesta, fuimos a hablar con uno de los jefes de los fiscales y no nos dio respuesta. Son afines al mismo Gobierno que me está tomando el campo. Esto viene de los más altos de la cúpula”, explicó. Los usurpadores que están en este momento en la propiedad, contó, metió vacas y ovejas en un campo que es utilizado para la explotación forestal.

“No podemos sacarlos, porque la policía está totalmente corrompida”, planteó. En un enfrentamiento con los usurpadores, los hermanos Sánchez terminaron detenidos por la policía “por estar dentro de una propiedad privada”.

A partir de esta situación, dijo, sus padres comenzaron a asustarse y, de alguna manera, a resignarse. “Mi papá es el dueño, figura en la escritura, nosotros somos los administradores, pero la policía ya no nos quiere tomar las denuncias porque el círculo es de gente local. Con lo que están deforestando, me están destruyendo todo, lo que mi abuelo hizo durante 20 años para que crezca y florezca todo no sirve más. Con lo que roban de mercadería de las explotaciones forestales, evidentemente, se financian”, explicó.

Entre las denuncias que hicieron hay una contra una funcionaria de Ambiente de la provincia por supuestamente falsificar un permiso de tala a los usurpadores. “Si lo hacen con nosotros, imaginate con un productor de 100 hectáreas, que no pueden hacer nada. Estos tipos tienen tanta fuerza que es imposible. A veces le cuento a mis amigos, y ellos deben dudar si lo que estoy diciendo es verdad o no. Mi mamá un día dijo: ¿y si dejamos todo? Y le dijimos: no, mi abuelo luchó por esto”, puntualizó.

“Me tienen acorralado. Nosotros producimos hasta 140 toneladas al mes, y hoy no podemos producir ni 100. Estamos produciendo en el campo de un vecino. Le compramos la madera a él, los costos son el doble. Ellos sí pueden sacarme a mí, y yo a ellos no”, resumió, indignado.

Por Belkis Martínez

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