El campo que viene: hechos, más que palabras
Ahora que el presidente Alberto Fernández ha dicho que el campo es un "actor importante y necesitamos de su desarrollo" habría que preguntarle por qué anunció hace un mes la expropiación de la compañía procesadora de granos y oleaginosas de capitales nacionales más grande del país sin medir las consecuencias que podía tener una medida de ese calibre.
Durante una videoconferencia que se realizó el miércoles pasado, en una inauguración que no fue tal, del puerto de Timbúes de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) (se prevé que la obra esté terminada dentro de 90 días), Fernández procuró exhibir un "gesto" hacia el campo.
La pregunta que no pocos se hacen es si todavía el Poder Ejecutivo está dispuesto a tomar un atajo en los procedimientos que indican las leyes para empresas que atraviesan concursos de acreedores y hacerse de la propiedad de ellas, como procuró hacer con Vicentin, o respetará la propiedad privada. La elección de una u otra posibilidad es crucial no solo para que el campo sea un "actor importante", como cree el Presidente, sino para el resto de los sectores económicos.
El impacto del hasta ahora fallido anuncio de expropiación afectó las decisiones de gasto e inversiones de los productores. Esta semana, el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, que elabora el Índice Ag Barometer, que mide las expectativas presentes y futuras de los empresarios del agro, arrojó como resultado que el 60% de los encuestados dijo que ese anuncio tenía un impacto negativo en sus negocios y el 86% dijo que estaba "preocupado".
Además, el misterio sobre el origen de los ataques a más de 70 silobolsas en lo que va del año, a lo que se suman incendios de campos en consecuencias muy poco claras, continúa provocando temor. El Gobierno comenzó a reaccionar y abrió un diálogo vía la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra.
Pero hasta ahora, salvo un episodio en Gonzales Chaves, el esclarecimiento brilla por su ausencia. Para peor, algunos partidarios del oficialismo relativizan las denuncias de los productores con el argumento de que en otros años también hubo silobolsas rotos y con los antecedentes de supuestas disputas laborales o con transportistas. No contribuyen a despejar las dudas de quienes ven al kirchnerismo detrás de los ataques. En rigor, no hay evidencias de cuál es el origen de los ataques. Sin pruebas no se los puede atribuir al partido gobernante.
El reconocimiento de Fernández al campo llega en un momento en que, pese a que no se superó la pandemia, se plantea cómo se recuperará la economía de la crisis más profunda de la que se tenga memoria. Los especialistas calculan una caída del PBI de entre 10 y 15 por ciento. En la Argentina eso significa que millones de personas caerán bajo la línea de pobreza, con un índice de desempleo que superará los dos dígitos.
De los pocos sectores que estarán en condiciones de emerger rápidamente en la crisis pospandemia, el campo figura en primer lugar. Las decisiones que tome el Gobierno de acá en más, no solo las palabras de elogio, serán claves.
Más allá de la macroeconomía, si mantiene el cepo a las importaciones de agroquímicos como denunciaron pymes de la actividad esta semana, la evolución de la campaña de granos gruesos del ciclo 2020/21 será irregular. No habrá condición climática ni tendencia del mercado que contribuya a modificar una expectativa negativa si aumentan las regulaciones y las trabas. El siguiente test se presenta con el trigo: cualquier intervención que reproduzca la transferencia de ingresos en la cadena de un sector a otro, tal como sucedió durante los gobiernos kirchneristas, no hará otra cosa que afectar a la producción.
Si el presidente Fernández cree que el campo es un "actor importante" deberá decidir si le presta atención a los funcionarios propios del área de Agricultura o se dejará llevar por los socios minoritarios de la coalición. El secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, dijo en el congreso de Maizar que el Ministerio estaba interesado en promover la aprobación de leyes para incentivar la fertilización de suelos, para la aplicación de fitosanitarios y para la renovación de la ley de biocombustibles. Una agenda de este tipo puede ser compartida con la producción.
En cambio, quienes imaginan la intervención en el comercio de granos con la creación de una empresa pública bajo el argumento de una defensa de la "soberanía alimentaria" van en una dirección diferente a la de la definición presidencial. Por supuesto, hay mucho por hacer para impulsar el desarrollo rural y hay también allí una gran oportunidad para que el crecimiento de la producción no deje excluidos en el camino. Sobra inteligencia y capacidad técnica en el país como para no repetir recetas del pasado ni ahondar grietas.
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