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Inseguridad en el campo: avanza un proyecto para castigar el vandalismo rural
La propuesta impulsada por CRA crea una figura penal específica para sancionar los delitos que afectan la producción agropecuaria y busca responder a un reclamo de larga data del sector
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El sector agropecuario celebró que el Congreso avance con el tratamiento del proyecto de ley impulsado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para incorporar al Código Penal la figura del vandalismo rural, una iniciativa que busca establecer penas específicas para quienes provoquen daños contra silobolsas, cultivos, ganado, forrajes e infraestructura vinculada a la producción agropecuaria.
La propuesta, promovida por la entidad desde hace tiempo, comenzó a ganar impulso parlamentario en un contexto en el que las organizaciones rurales vienen reclamando una respuesta más firme frente a los ataques registrados en establecimientos agropecuarios de distintas regiones del país.
En CRA sostienen que la legislación vigente no contempla adecuadamente este tipo de delitos y que, en muchos casos, los hechos terminan sin sanciones proporcionales al perjuicio ocasionado.
Durante su participación en la Exposición Rural de Salta, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, ubicó el avance parlamentario entre las principales noticias para el sector y destacó la importancia institucional de que el proyecto llegue al Congreso.
“Durante mucho tiempo quienes vivimos y trabajamos en el campo sentimos que estos hechos quedaban impunes. Hoy el Congreso tiene la oportunidad de saldar una deuda con miles de productores que invierten, generan empleo y producen alimentos para la Argentina y el mundo”, afirmó.
El dirigente explicó que la iniciativa propone modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis para crear la figura específica de Vandalismo Rural.
Según detalló, el proyecto establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes destruyan, inutilicen o dañen silobolsas, granos almacenados, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados con la producción agropecuaria cuando esas acciones afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural.
Además, la propuesta incorpora nuevas modalidades dentro del delito de estrago, incluyendo la liberación de agentes biológicos o patógenos, y prevé distintas escalas penales según exista dolo, imprudencia o negligencia, especialmente cuando esos hechos generen riesgo para las personas o provoquen consecuencias fatales.
Para Castagnani, el proyecto trasciende la protección patrimonial y apunta a brindar mayor seguridad jurídica a quienes producen. “No estamos hablando solamente de proteger bienes materiales. Estamos defendiendo el trabajo de miles de familias, la inversión productiva, la generación de empleo y la seguridad jurídica que necesita cualquier país que quiera desarrollarse. El delito evoluciona y la legislación también debe hacerlo para evitar la impunidad”, sostuvo.
La preocupación por este tipo de hechos viene siendo uno de los reclamos permanentes de las entidades rurales, que sostienen que los ataques generan pérdidas económicas, afectan el normal desarrollo de las actividades productivas y profundizan la sensación de inseguridad en las zonas rurales.
El respaldo al tratamiento legislativo también fue expresado por el vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, durante la Exposición Rural de Hasenkamp, en Entre Ríos.
En ese ámbito, el dirigente reafirmó el compromiso federal de la entidad con los productores y calificó como un avance institucional que el proyecto haya comenzado a discutirse en el Congreso.
Colombatto señaló que la iniciativa busca dotar al Estado de herramientas legales que permitan actuar con mayor eficacia frente a los ataques, daños y distintos hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios. “Es una enorme satisfacción que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso. Esto demuestra que el trabajo gremial no termina en un comunicado; cuando un problema del productor se convierte en una discusión parlamentaria, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional”, expresó.
La entidad sostiene que los daños sobre silobolsas, granos, cultivos, rodeos e instalaciones rurales no solo generan importantes pérdidas económicas para los productores, sino que también repercuten sobre toda la cadena agroindustrial y la actividad de las economías regionales.
En ese sentido, remarcan que la iniciativa apunta a brindar mayor previsibilidad jurídica y desalentar conductas que, hasta ahora, muchas veces no encontraron un encuadre penal específico.
Para CRA, el avance del proyecto representa la posibilidad de actualizar el marco legal frente a un fenómeno que consideran cada vez más frecuente y que afecta directamente la producción, la inversión y el trabajo en el interior del país.
Nicolás Pino en Salta
En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, estuvo en la Exposición Rural de Salta. Valoró el ordenamiento económico, volvió a pedir retenciones cero y habló de los productores del norte.
“El orden macroeconómico es fundamental. La estabilidad es fundamental. Pero el verdadero objetivo es que esa estabilidad se traduzca en crecimiento. Y para crecer necesitamos producir”, afirmó. Habló de la necesidad de producir más alimentos, que las economías regionales lo hagan y generar las condiciones para ese fin: “Necesitamos que el productor del norte pueda competir con el productor de cualquier otra región del mundo”.
Sobre retenciones indicó: “Nuestra posición es clara: retenciones cero, por ley y para siempre”.
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