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La Agenda 2030, una oportunidad que tiene el campo para crecer
El campo tiene que apoyar la Agenda 2030. Claramente, saldría beneficiado. Podría crecer, generar expansión de la producción, conectarse mejor con el mundo y aportar al desarrollo del país.
¿Es la Agenda 2030 que promueve Naciones Unidas y que despierta irritación en ciertos sectores porque bajo el noble propósito de terminar con el hambre a nivel global exige cambios en los sistemas de producción que ponen en riesgo el trabajo en el campo? ¿Es la que habla del cambio climático, del medio ambiente y la cantidad de personas que habitan en el mundo?
No, esa agenda no es. Se puede estar contra o a favor de esos postulados, con posiciones extremas o intermedias y con discusiones que pueden llevar horas. Sin embargo, hay otra agenda que para la Argentina es urgente: la del desarrollo.
El agro tiene su propia Agenda 2030 si se la construye con las metas de producción. En rigor, los números, deberían servir para lograr consensos sobre las barreras necesarias a eliminar y los obstáculos por superar.
Una de esas proyecciones la reflejó recientemente la Fundación Producir Conservando. Según un informe de Gustavo Oliverio, coordinador de la entidad, la Argentina podría obtener ingresos adicionales de divisas para 2030 por unos 20.000 millones de dólares por el crecimiento del complejo granario, de la carne bovina, de los lácteos y la avicultura (el trabajo no incluye a la carne porcina por no contar con datos históricos que permitan realizar proyecciones).
“En una Argentina que necesita ingresar dólares por exportaciones, al 2030 el complejo granario, más la producción de carne vacuna, aviar y lácteos le generaría ingresos por casi 58.000 millones de dólares por exportaciones versus los casi 38.000 millones que ingresarían de estas cadenas en 2023/24″, dice Oliverio y añade: “de nosotros depende el no volver a perder esta oportunidad”.
Según esos cálculos, el complejo granario pasaría de generar divisas por US$32.000 millones a US$48.000 millones; la carne vacuna, de US$3800 a US$6700 millones; la carne aviar, de US$400 a US$860 millones, y los lácteos de US$1300 a US$2300 millones. A estos números podrían agregarse complejos como el frutihortícola, el forestal, el azucarero y el de los biocombustibles, entre otros.
Otra etapa
Las cifras vienen a cuento respecto de lo que sucedió esta semana con la aprobación en general por parte del Senado de la Ley Bases. Junto con la desaceleración de la inflación y otros datos positivos del frente económico este combo podría dar pie al comienzo de una nueva etapa en la que el agro debería ser protagonista. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que, de aprobarse la Ley Bases, se iba a bajar el impuesto PAIS (hoy del 17,5%) al 7,5%. Aunque uno de los puntos de la norma debe ser revisado por Diputados (Ganancias y Bienes Personales), la reducción de ese tributo beneficiaría la relación insumo/producto de cara a la campaña agrícola de granos gruesos 2024/25. Cuanto más rápida se haga la baja, mejor será la respuesta del agro a ese incentivo.
Claro que hay otros obstáculos por remover. Uno es la norma del Banco Central (BCRA) que encarece las tasas de los créditos a productores que tengan más del 5% de soja en stock. Una medida discriminatoria para el campo, impuesta durante la anterior gestión del BCRA que las actuales autoridades del organismo monetario prorrogaron hasta el 30 de este mes. A las gestiones de entidades como Coninagro, se sumaron en los últimos días, los pedidos del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y del ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, para que esa norma no vuelva a aplicarse.
Esos obstáculos que todavía afectan a la actividad impiden tomar decisiones de inversión que vayan en favor de incrementar la producción. Y así como el Gobierno puede tomar nota del apoyo que recibió por parte de distintas entidades del agro por la votación en el Senado de la Ley Bases, podría tomar en cuenta las propuestas que van en el sentido de bajar la presión impositiva, llegar a un tipo de cambio único (para exportar e importar) y atraer inversiones para desarrollar la infraestructura, entre otros puntos.
Esa Agenda 2030 del desarrollo no solo podría servir para aumentar las exportaciones agroindustriales sino también para generar inversiones que abran oportunidades de empleos calificados y crecimiento real en el interior del país. Y esa mayor producción también beneficiará al mercado interno, sin dicotomías de destinos.
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