La esperanza no se pierde, pero los números dicen otra cosa

Si hay algo que no debe perderse cuando comienza un año, es la esperanza de que las cosas van a ir mejor. Esto es válido para los sentimientos, pero a la hora de analizar los números la situación es diferente. El agro no escapa a esta apreciación.

Según una estimación reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), por efecto de la sequía, la producción granos caería un 12% en el ciclo 2022/23 con un volumen proyectado para los principales cultivos de 117 millones de toneladas, unos 16 millones de toneladas menos que en la campaña 21/22.

A su vez, las exportaciones, según esta proyección preliminar, ascenderían a 82 millones de toneladas de granos y subproductos, lejos de los cien millones de toneladas estimados para 2022. Esto, a su vez, provocaría una merma en el ingreso de divisas de casi US$4000 millones, según el cálculo de la BCR. De los US$41.500 millones de 2022 se pasaría a US$37.500.

El fenómeno Niña, que afectó a la campaña de trigo, también se extiende al maíz temprano y probablemente a la soja si las lluvias no recuperan el promedio histórico en los próximos meses.

Como aspecto positivo queda el nivel de precios, que se mantiene en un rango de valores nominales elevados por efecto de los bajos stocks de Estados Unidos y la demanda internacional sostenida, pese a los problemas que presenta la economía china y el impacto de la pandemia del coronavirus.

En el plano local, el Gobierno se mueve con una lentitud que contrasta con la rapidez que muestra cuando necesita de los ingresos del agro para fortalecer las reservas del Banco Central. Así se vio con los programas del dólar soja I y II, pero todavía no se observa la misma celeridad con la baja de los derechos de exportación para las economías regionales o la reducción tributaria para este segmento del agro.

El ritmo parsimonioso se ve también en la impronta política que, por otra parte, teñida de conflictividad. El Poder Ejecutivo llamó a sesiones extraordinarias del Congreso para la segunda quincena de enero. ¿Es para tratar la ley de fomento a la agroindustria, la ley de semillas o de warrants, que podrían darle un mejor marco a la producción? No, para impulsar un juicio político a la Corte Suprema. Los proyectos en serio, que merecen ser discutidos, siguen descansando en los cajones.

Esa misma celeridad es la que vienen reclamando los productores tamberos que, desde hace meses, vienen padeciendo la suba de costos, la sequía y otros factores que los colocan por debajo de la línea de flotación. Tras los reclamos de las entidades específicas para que se tomen medidas rápidamente, esta semana se sumó la Mesa de Enlace. En un comunicado, la agrupación que integran Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó que “hace más de 15 meses que los productores tamberos están produciendo a quebranto. De hecho, según datos oficiales, ya han desaparecido más de 400 tambos hasta octubre de 2022. En estos días observamos con dolor el remate de tambos por todo el país”.

Según la Mesa de Enlace, “el productor que vende el tambo es porque ya no puede continuar por dos factores que hacen de la situación terminal: la sequía registrada desde hace dos años o más en algunos casos, y la imposibilidad de comprar alimentos externos como el maíz o pellets de soja, por el alto costo que hoy representa. Los alquileres tienen precios distorsionados”. Al cierre de esta edición se esperaban anuncios del Gobierno.

A esto se suman las contradicciones. Finalmente, luego de la presión de las provincias, matarifes y la industria frigorífica de consumo interno, se dio marcha atrás con el troceo de carnes. Se dispuso el uso de medios mecánicos para piezas mayores a 32 kilos, lo que es bueno para los trabajadores que debían acarrear al hombro esas piezas, pero la modernización de la comercialización fue postergada indefinidamente. Se sabe que en el negocio del ganado y de las carnes los cambios son muy lentos, pero hay que advertir que en un mundo que cada vez exige más trazabilidad en la producción de alimentos con consumidores que están dispuestos a modificar sus hábitos, dejar atrás la modernización de la cadena puede ser un factor de riesgo en el mediano plazo. Es cierto que una macroeconomía incierta y un consumo en baja no contribuyen a impulsar nuevas formas de comercialización, pero los cambios siempre empiezan por un primer paso.