La historia de nunca acabar

La cuestión impositiva enfrenta cada vez más al Ministerio de Economía con el sector agropecuario. Esta semana, tras duras y estériles negociaciones, todo quedó como estaba: los granos tendrán un IVA diferencial y el impuesto a las ganancias no admite ajustes por inflación.

Los hombres de campo cuestionan que con un IVA a la venta de granos al 10,5 por ciento, contra el 21 que pagan los productores para la compra de insumos, se aumenta el crédito fiscal, que en la práctica es irrecuperable.

Como consecuencia, las economías regionales serán las más perjudicadas y la comercialización del maíz, la que reciba el mayor impacto negativo.

Es la historia de nunca acabar. El agro está cansado de reclamar que le alivien esa presión fiscal que desalienta la producción. El reclamo choca siempre con los argumentos del Gobierno.

"Desde hace seis años asistimos a un progresivo aumento de la presión fiscal sobre el campo", opinó el asesor impositivo de la Sociedad Rural Argentina, Guillermo McLoughlin Bréard.

Con el plan de convertibilidad, durante la administración de Carlos Menem, a principios de la década pasada, se habían eliminado las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los activos. Fue un buen comienzo, pero la historia cambió.

McLoughlin Bréard recordó que el aumento de la presión fiscal comenzó durante esa misma gestión y con el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo -que había dispuesto esas exenciones-, se creó el impuesto a los bienes personales, que en la práctica era como reimplantar el impuesto a los activos, que primero gravó los bienes no productivos y luego incluyó los productivos.

Su sucesor, Roque Fernández, modificó el impuesto a las ganancias. Desde entonces se dejaron de deducir gastos, como por ejemplo los de amortización de automotores, y luego subió la alícuota del 27 al 30 por ciento.

Ya en el gobierno de Fernando de la Rúa, el primer titular del Palacio de Hacienda de la gestión, José Luis Machinea, aumentó la alícuota de ganancias del 30 al 35 por ciento y subió los mínimos no imponibles. Cuando reaparece en escena Cavallo, instrumenta los planes de competitividad, y en ellos se incluye la supresión del impuesto a la renta mínima presunta y el de los intereses bancarios.

Tras el cimbronazo que vivió el país desde diciembre de 1991 y con la salida de la convertibilidad, el campo tuvo a su favor la mejora en el tipo de cambio y recuperó competitividad. Pero aparecieron nuevas medidas fiscales. "Con la actual administración llegamos a límites insostenibles que presenta picos importantes con la reimplantación el año último de las retenciones (del 10 por ciento) que al poco tiempo duplicó su porcentaje", agregó el tributarista de la Rural.

Y en la historia más reciente se presentan dos nuevos frentes de tormenta en cuanto al IVA a los granos y la no actualización del impuesto a las ganancias.

"El IVA diferencial en los granos generará, por ejemplo en la comercialización de maíz 500 millones de pesos más adicionales de crédito fiscal para la actual campaña", según calculó el jefe del Instituto de Estudios Económicos de la Rural, Ernesto Ambrosetti.

Las economías regionales

Por su parte, el economista Daniel Asseff, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), advirtió que las economías regionales serán las más perjudicadas, por los mayores costos. "Cuanto más lejos estén de los puertos, más fletes deberán pagar y el IVA que tributen con ellos pasa a engrosar sus créditos fiscales que nunca recuperarán", señaló.

En cuanto al impuesto a las ganancias McLoughlin Bréard agregó que no contemplar un ajuste por inflación significa liquidar el tributo sobre la base de "utilidades ficticias".

El tributarista señaló la importancia -ya reconocida en algunos fallos judiciales- de "ajustar las existencias iniciales de los inventarios a valores de cierre, a fin de corregir la distorsión producida por la devaluación dispuesta oportunamente por el gobierno nacional".

Para el tributarista de la Rural también es motivo de preocupación que en el Congreso se esté estudiando la posibilidad de eliminar los planes de competitividad, "que en la práctica significa reimplantar un impuesto distorsivo como lo fue el que se aplicaba por la renta mínima presunta, por más que se comente que el Gobierno luego vete a los sectores que no fueron beneficiados con la devaluación".

Por lógica, quedaría fuera de este beneficio la producción agropecuaria, responsable de más del 50 por ciento del ingreso de divisas en concepto de exportaciones.

Cruces muy duros

El miércoles último las negociaciones entre ambas partes convocadas por el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, terminaron con un portazo. El reclamo del campo no fue atendido. Por un lado, al responder sobre el IVA diferencial a los granos, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, a pesar de comprometer un nuevo análisis de la cuestión en dos meses, dijo que la alícuota no se modificaba.

Por otra parte, durante la reunión el subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Eduardo Ballesteros, respondió sobre el pedido de ajuste en ganancias que no había ninguna posibilidad de modificación y que la decisión estaba tomada. Luego, en declaraciones a los periodistas del Palacio de Hacienda, agregó que el Estado no estaba en condiciones de resignar recursos y que se debía entender que se estaba en una situación de emergencia.

Mario Raiteri, presidente de Coninagro, se sintió agraviado con las declaraciones del funcionario. "Hay gente del Ministerio de Economía que sigue los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no comprende lo que es la producción agropecuaria y sólo piensa en recaudar impuestos".

El cooperativista rescató en cambio las actitudes del ministro Fernández, y del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Haroldo Lebed, que entienden el reclamo.

El martes próximo habrá un nuevo capítulo cuando se reúnan las entidades agropecuarias citadas más arriba con Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina. No se descarta que se analicen la aplicación de medidas de fuerza, porque en el interior el malestar de los productores se está tornando insostenible.

La discusión

IVA a los granos: para el agro, la rebaja de la alícuota del IVA para la venta de granos provoca un crédito fiscal irrecuperable. Para la Administración Federal de Ingresos Públicos, no.

Costos: las economías regionales serán las más perjudicadas. Pagarán más IVA porque los fletes son más caros por las mayores distancias.

Maíz: es el cultivo que más alto impacto sufrirá con el IVA diferencial. En la Rural estiman que sumará otros 500 millones de pesos a su crédito fiscal.

Ganancias: el sector agropecuario reclama el ajuste por inflación para la liquidación del impuesto a las ganancias. La Subsecretaría de Ingresos Públicos no hará cambios.

Por Por Roberto Seifert <br/> De la Redacción de LA NACION

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