El presidente de Maizar, Luis María Urriza, presentó una agenda común con Asagir, Argentrigo y Acsoja; reclamó fechas y alícuotas definidas, crédito a largo plazo e incentivos para reponer nutrientes en el suelo
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Las cadenas del maíz y el sorgo, el trigo, la soja y el girasol pidieron que la eliminación de las retenciones quede establecida por ley, con alícuotas y fechas definidas que permitan planificar inversiones. Durante el brindis de las cuatro cadenas, Luis María Urriza, presidente de Maizar, presentó cinco propuestas acordadas con Asagir, Argentrigo y Acsoja, que incluyen financiamiento a largo plazo, una ley de nutrición del suelo, apertura de mercados y reglas para la inversión en semillas.
“Proponemos que el Poder Ejecutivo impulse en el Congreso una ley que mejore el cronograma vigente y defina el recorrido hasta la eliminación, con alícuotas y fechas ciertas. Las inversiones podrán proyectarse sobre ese horizonte”, expresó.
El planteo formó parte de una agenda que las entidades buscan trabajar con las autoridades nacionales y provinciales durante 2027. Según explicó Urriza, las propuestas respondieron a un pedido de los legisladores para que el sector acercara posiciones consensuadas. “Queremos proponer a las autoridades aquí presentes, que representan a toda la sociedad argentina, que los avances de este año se profundicen y se sostengan en el tiempo”, señaló.
En materia tributaria, el presidente de Maizar sostuvo que el cronograma de reducción de los derechos de exportación requiere respaldo legislativo para dar previsibilidad. “El Gobierno dijo que la baja de impuestos sobre quien produce es un camino sin vuelta atrás. Pero hoy el Código Aduanero todavía permite volver a subir las retenciones”, afirmó. A continuación, agregó: “Sabemos que esa baja se sostiene con orden en las cuentas públicas, y acompañamos ese orden”.

Urriza cuestionó el efecto del tributo sobre la producción y las zonas alejadas de los puertos. “Las retenciones castigan al que produce y al que está más lejos del puerto. La soja, con la alícuota más alta, es la que más carga con ese peso”, dijo.
El pedido también alcanzó a provincias y municipios, a los que convocó a acompañar la reducción de la carga tributaria y el mantenimiento de los caminos rurales. “Invitamos a provincias y municipios a acompañar el sendero, para que lo que se reduce en un nivel no reaparezca en otro, y a sostener los caminos rurales por donde sale cada cosecha”, expresó.
La relación entre la duración de las inversiones y las condiciones para financiarlas fue otro de los puntos del discurso. Urriza señaló que un silo, una planta de procesamiento o un equipo de riego se proyectan a diez o veinte años y requieren reglas estables. En ese sentido, pidió ampliar el crédito para equipamiento e infraestructura agropecuaria y facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales.
“Es necesario multiplicar las líneas públicas a 10 años para equipamiento e infraestructura agropecuaria, mientras los bancos privados comienzan a estirar sus plazos”, indicó. También propuso identificar “los costos y requisitos que todavía limitan el acceso de las pymes al mercado de capitales”, para financiar proyectos cuyo repago supera una campaña.

Dentro del mismo eje, reclamó que la Cámara de Diputados concluya el debate sobre biocombustibles. “Pedimos que Diputados concluya el debate, con un horizonte largo y con los mayores cortes de bioetanol y de biodiésel que votó el Senado”, sostuvo. Además, solicitó una ley nacional con requisitos mínimos para aplicar fitosanitarios, basada en evidencia, que aporte certeza tanto a los productores como a quienes viven cerca de los lotes.
La segunda propuesta estuvo centrada en la reposición de nutrientes. El dirigente planteó una ley de nutrición del suelo que promueva el uso de fertilizantes y enmiendas, con un incentivo fiscal como posible herramienta.
“Hoy el suelo recibe menos nutrientes de los que necesita, sobre todo porque los derechos de exportación achican la relación entre lo que vale el grano y lo que cuesta el insumo. A eso se suman otros impuestos y el costo de llevar la cosecha al puerto”, afirmó. Según explicó, el incentivo a la reposición podría acompañar el proceso de reducción de las retenciones hasta su eliminación.
En el capítulo comercial, Urriza pidió ampliar los destinos de exportación y respaldar las negociaciones internacionales con información técnica. Frente a las exigencias ambientales de los compradores, propuso aprovechar los datos disponibles en el país, proteger la información de los productores y continuar las gestiones para que la Argentina sea reconocida como de bajo riesgo. “Sostener en las negociaciones un principio: las exigencias ambientales se deben apoyar en evidencia científica y acordarse entre las partes. Cuando una exigencia no tiene base científica, es una barrera, y el acuerdo con la Unión Europea tiene herramientas para responder. Pedimos que se usen”, expresó.

También planteó acordar con los compradores cómo acreditar prácticas como la siembra directa, las rotaciones y el carbono en el suelo. Vinculó ese trabajo con las acciones de las cadenas sobre calidad del trigo, conservación del girasol, monitoreo de la chicharrita en maíz y el mapa de calidad de la soja.
La diversificación de compradores ocupó otro tramo de su exposición. Propuso ampliar la red de agregadurías agrícolas y abrir mercados para granos, harinas, aceites, carnes y alimentos. En particular, señaló que el sorgo depende de pocos destinos y consideró prioritario sumar alternativas comerciales. “Granos, harinas, aceites, carnes y alimentos: cada protocolo sanitario que se abre multiplica el valor de una cosecha”, sostuvo.
El acceso a nuevos mercados también apareció ligado a los tiempos de aprobación de la biotecnología. Urriza pidió que la diplomacia y el sector privado trabajen para reducir la distancia entre las autorizaciones argentinas y las de los países compradores. “Proponemos que la diplomacia y el sector privado trabajen juntos para que un evento biotecnológico aprobado en la Argentina llegue al productor sin años de espera entre nuestra aprobación y la de los países compradores”, afirmó.
Como ejemplo de esa necesidad, advirtió que, en el norte argentino, el gusano cogollero “ya empieza a sobrevivir a la tecnología que protege al maíz desde hace una década”, y vinculó la disponibilidad de su reemplazo con los plazos de aprobación en los mercados de destino. En ese punto, solicitó que el sector participe como observador en las negociaciones bilaterales sobre biotecnología.
La cuarta propuesta se concentró en la investigación y el acceso a la tecnología. Según afirmó Urriza, la producción obtiene entre seis y siete de cada diez toneladas que permitirían el suelo y el clima. Atribuyó al conocimiento un papel en la reducción de esa brecha y destacó el trabajo de institutos públicos, universidades y empresas.
Para soja y trigo, vinculó el mejoramiento genético con las reglas de propiedad intelectual. “Proponemos que la mesa de trabajo sobre semillas convocada por el Gobierno acuerde pronto reglas que incentiven la inversión y aseguren al productor el acceso a la tecnología. No perdamos esta oportunidad”, expresó.
Por último, propuso que los planteos se traduzcan en un programa de trabajo con la Secretaría de Agricultura, las demás áreas del Gobierno y las provincias. El objetivo, según precisó, es construir una agenda para 2027 con “pocas prioridades, con responsables, fechas y seguimiento compartido”.
En el cierre, relacionó esas medidas con la actividad económica y el empleo en las localidades del interior. “Donde se transforma un grano, en un frigorífico, un molino, una aceitera o una planta de alimento balanceado, hay un empleo, un ingreso y un impuesto que se pagan en el mismo lugar”, señaló. Y concluyó: “Queremos planificar junto a nuestros representantes, para que las coincidencias de este año se conviertan en reglas que duren tanto como las inversiones que queremos atraer”.
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