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Los expertos en tierras rurales avalan el tope del 25% a la extranjerización
En el mercado inmobiliario rural consideran que ese porcentaje, impulsado ahora por el Gobierno, favorecerá el ingreso de inversiones sin afectar la soberanía sobre los campos
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LA NACION Belkis Martínez
Mientras el oficialismo busca reunir los votos para aprobar en el Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el capítulo referido a la flexibilización de la Ley de Tierras volvió a instalar el debate sobre el ingreso de capitales extranjeros al agro. En ese contexto, referentes del mercado inmobiliario rural coincidieron en que la decisión del Gobierno de mantener un límite a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque elevándolo del 15% al 25%, constituye una señal positiva para la inversión y una salida política que podría facilitar la aprobación de la iniciativa. El proyecto de Ley de Tierras está previsto para ser debatido en el Senado este jueves.
La ley 26.737, sancionada en 2011, establece que las personas físicas o jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales del país. El proyecto original impulsado por el Gobierno eliminaba ese tope. Sin embargo, durante la negociación parlamentaria el Ejecutivo aceptó introducir cambios y conservar un cupo, ampliándolo al 25%, en un intento por sumar apoyos en la Cámara alta.
Desde el sector inmobiliario rural interpretan que la modificación mantiene el espíritu de apertura de la iniciativa. A su vez, responde a las objeciones planteadas durante el debate legislativo.
“El hecho de que se trate la ley es una buena señal para el mundo de que la Argentina está queriendo regularizar o normalizar temas que atemorizan la llegada de inversiones”, sostuvo Federico Nordheimer, director de Nordheimer Campos y Estancias. A su juicio, si bien “ojalá todo se pudiera hacer con capital argentino”, el país necesita inversiones del exterior para desarrollar actividades productivas que hoy tienen escaso crecimiento.
En ese sentido, consideró que el debate suele centrarse exclusivamente en la propiedad de la tierra y deja de lado el impacto económico de las inversiones. “No se habla de todo lo que la producción en un campo implica: mano de obra, asesoramiento, contratistas, insumos, maquinaria”, señaló.
Nordheimer también relativizó el temor a una eventual extranjerización de los mejores establecimientos productivos. “Los extranjeros no creo que puedan comprar los mejores campos del país porque no están a la venta a ningún precio”, afirmó. Según explicó, el mayor potencial estaría en actividades como la forestación, los cultivos permanentes —pistachos, almendros y olivos—, el desarrollo de sistemas de riego y otras economías regionales. “Hay mucho por hacer y con el capital que hay en la Argentina no alcanzamos para desarrollar todo. Esta apertura puede ser mucho más útil para las zonas menos desarrolladas que para las que ya están plenamente en producción”, agregó.
Una visión similar expresó Mariano Maurette, de la sección Campos de Álzaga Unzué y Cía., quien interpretó la incorporación del nuevo límite como una concesión política para destrabar el proyecto. “Esto ha sido una necesidad del Gobierno para intentar que se apruebe la ley. El 25% ya es un margen un poco más grande, siempre buscando la inversión importante, el gran proyecto agropecuario que pueda venir desde donde venga”, indicó.
Para Maurette, la discusión sobre la soberanía no debería confundirse con la compraventa de inmuebles rurales. “La tierra pierde su soberanía solamente mediante tratados o guerras, no mediante compraventas. Una operación no impide que siga siendo tierra argentina regida por leyes argentinas”, afirmó. En ese marco, consideró que el cambio “no pierde la esencia” del proyecto original.
Alejandro Luis de Elizalde, titular de Elizalde Garrahan y Cía., planteó que el principal objetivo debería ser encontrar un equilibrio entre la atracción de inversiones y la preservación de la seguridad jurídica. “El límite vigente del 15% ha sido un condicionante para algunas operaciones de inversión extranjera. Si finalmente se eleva al 25% en lugar de eliminarse, sería una solución intermedia que ampliaría la cantidad de inversores manteniendo un resguardo sobre la propiedad de la tierra”, señaló. De Elizalde agregó que, por las características del negocio, “lo más importante es que el régimen sea claro, estable y previsible, porque la inversión en campos y tierras es de largo plazo”.
Para Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliario, la legislación vigente “tiene mucho sesgo ideológico y poco racional”, por lo que consideró necesaria una revisión. En ese marco, interpretó que la decisión de elevar el cupo “es una señal de que el Gobierno está dispuesto a escuchar y buscar una variante de consenso”.
Madero destacó que un límite del 25% ubicaría a la Argentina en una situación comparable con Brasil, mientras que Paraguay y Uruguay no establecen restricciones generales a la compra de tierras por extranjeros. Además, puso el foco en otro aspecto del proyecto: la posibilidad de que cada provincia tenga mayor capacidad para aplicar la norma de acuerdo con sus necesidades. “Ese es un punto importante de federalización”, sostuvo.
Emir Carrillo, titular de Emir Carrillo & Asociados, también respaldó la ampliación del cupo, aunque advirtió que el resultado final dependerá de otros aspectos del proyecto que aún están en discusión. Entre ellos mencionó el régimen de equivalencias que fija los límites de compra según las 1000 hectáreas de la zona núcleo maicera y las facultades que conservarán las provincias para restringir operaciones.
“Siempre es mejor ampliar ese margen”, dijo sobre el paso del 15% al 25%, aunque aclaró que será clave conocer el texto definitivo. También se manifestó a favor de mantener las restricciones para los Estados extranjeros y las limitaciones existentes en zonas de frontera.
En su opinión, el ingreso de capitales externos suele ir acompañado de nuevas inversiones productivas. “Cuando un extranjero viene a invertir en la Argentina generalmente realiza inversiones adicionales a la compra de la tierra. Eso mejora la producción y genera trabajo y divisas para el país”, afirmó.
Carrillo sostuvo que el debate público suele estar atravesado por consideraciones políticas que, a su juicio, desvían la discusión. “Nadie va a vender la Argentina ni el agua ni se van a llevar la tierra. Por el contrario, cuando viene el capital invierte, genera trabajo y divisas”, concluyó.
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