“Motosierra contra los trabajadores”: alerta del gremio del INTA por la situación laboral y el posible cierre de agencias y venta de miles de hectáreas
En un documento, APINTA, previo a un encuentro del Consejo Directivo del organismo, advirtió sobre una serie de eventuales medidas
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LA NACION Belkis Martínez
Ante una próxima reunión del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el gremio de los trabajadores expresó su preocupación por el futuro laboral en el organismo, tareas de investigación y la posible venta de más de 40.000 hectáreas, entre otros puntos. En tanto, el lunes próximo, la Mesa de Enlace llevará adelante un encuentro con las autoridades del Gobierno en el ente para definir algunos puntos de interés.
En medio de la situación por el futuro del INTA, se llevó adelante el Congreso Ordinario de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), donde se remarcó la inquietud frente a un escenario que consideran de incertidumbre para el funcionamiento del organismo, su estructura histórica y su rol estratégico en el sistema agropecuario nacional.
En un documento, firmado por los empleados, se puso el foco en la situación laboral en la institución. Allí se expresó la preocupación por el impacto que los cambios en curso podrían tener sobre las condiciones de trabajo, “la estabilidad del personal y la continuidad de las tareas de investigación, extensión y transferencia tecnológica que el INTA lleva adelante en todo el país”.
“No a los despidos y pase de disponibilidad de los trabajadores. No al cierre de agencias de extensión. No al cierre de centros regionales y de investigación. No a la venta de las tierras patrimonio de todos los argentinos”, enumeraron entre los puntos de conflicto.
Los trabajadores advirtieron, además, sobre el riesgo de debilitamiento del entramado territorial del organismo. Según plantearon, las decisiones que se analizan podrían incidir en la presencia del INTA en “las regiones y en su vínculo con los productores, las economías regionales y los distintos actores del sector agropecuario”.
En rigor, en un temario que circuló internamente — pero que, según aclararon fuentes oficiales, “aún no está cerrado”— se consideran “algunos temas a tratar” en la convocatoria con el Consejo Directivo y es adonde se apunta con la “transformación” del INTA.
En él se revela un plan de racionalización profunda dividido en dos fases tácticas. Entre ellas se considera un Plan de Ajuste Estructural que consiste en la “reducción de dotación”. Se especifica que se implementará un programa de retiro voluntario con el objetivo explícito de reducir la dotación del organismo: “El beneficio consistirá en el pago de hasta 1,1 salarios por año de servicio, abonable en una o dos cuotas”. Semanas atrás se conoció que el Gobierno busca avanzar en un recorte de hasta 1700 trabajadores a través de retiros voluntarios. El personal del INTA es de 5822 trabajadores.
Se señala que el “desmantelamiento territorial”, contemplado dentro de la fase 1, “propone el cierre de 293 Agencias de Extensión Rural (AER), reemplazándolas por mecanismos digitales”. Por otra parte, también se eliminarían unidades clave de la Agricultura Familiar y el AMBA.
En cuanto a la centralización regional, dentro de la fase dos, se planea reducir los Centros Regionales de 15 a solo cuatro (NOA, NEA, Centro y Sur). Además, el plan incluiría la desafectación de 42.000 hectáreas para su transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Fuentes oficiales aclararon que todavía no hay acuerdo sobre qué cantidad de hectáreas van a entrar en negociación. No obstante, mencionaron que se van a poner a “disponibilidad las que no se necesiten” y se haría en diferentes etapas conforme vaya avanzando el análisis. Hay una valuación de las “tierras productivas”, cuya revisión quedó pendiente de realizarse con cada centro regional.
Según el temario, también se propone la liquidación o transferencia de acciones de Intea SA y Fundación ArgenINTA, además de la eliminación del modelo de asociaciones cooperadoras. Se busca reducir los 134 programas nacionales de investigación a solo 50; eliminar por completo las líneas vinculadas a la agricultura familiar, estudios territoriales y urbanos por considerarlos de “escaso impacto productivo”. A cambio, se abriría un cupo de hasta 20 programas financiados por el sector privado.
En ese contexto, el gremio liderado por Mario Romero apuntó que el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, busca “aplicar la motosierra contra los trabajadores”.
“El nuevo Consejo Directivo intenta reinstalar una agenda a la cual se le dijo no: despidos, cierre de agencias y venta de tierras de incalculable valor patrimonial”, afirmaron desde la Comisión Directiva de Apinta.
Hoy, el Consejo Directivo está integrado por representantes del Estado y de organizaciones del sector agropecuario y del ámbito académico. Incluye a Nicolás Bronzovich (presidente) y Carlos Alberto Vera (vicepresidente) en representación del Gobierno, y a varios vocales como Gustavo Tettamanti (Federación Agraria Argentina), Juan Manuel Bautista (Sociedad Rural Argentina), Jorge Omar Dutto (Facultades de Agronomía), Martín Tuculet (CREA) y Juan Patricio Hutak (Coninagro). Faltan las designaciones de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y por las Facultades de Veterinaria: ambas ternas ya fueron enviadas, pero no han sido elegidas por el Gobierno.
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