“No anulemos el Congreso”: cuestionan la delegación de facultades y piden un cronograma con una baja de las retenciones
La Fundación Barbechando señaló que el incremento al 15% de los derechos de exportación afecta a las economías regionales
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La Fundación Barbechando, que sigue los temas legislativos en el Congreso, alertó que la delegación de facultades en materia tributaria no es la decisión más acertada en este momento del país y genera un daño a las provincias y sus habitantes. A través de un documento, explicó que los derechos de exportación son un impuesto que impacta negativamente en la producción agrobioindustrial nacional y, en particular, a las economías regionales, dejando a muchas de ellas fuera de juego con un gravamen de 15%.
La entidad solicitó que se visibilice un plan económico claro en donde se reflejen los ajustes fiscales, los esfuerzos tributarios temporales y los plazos estipulados para cada período. “Si en el proyecto de ley se incluyó un cronograma de baja para el impuesto a los Bienes Personales, por qué no plantear un esquema similar para los derechos de exportación”, indicaron.
“Entendemos las medidas de urgencia que necesita nuestro país, pero necesitamos que el Congreso de la Nación cumpla su rol y legisle en miras del bien común, midiendo el impacto de las propuestas en estudio. Es fundamental el trabajo en comisiones y el intercambio entre los legisladores para lograr el texto con el mayor acuerdo posible que otorgue previsibilidad a la producción agrobioindustrial de la Argentina. Estamos dispuestos a poner el hombro, pero necesitamos ver un plan con horizonte claro”, advirtió.
En el informe señalaron que las pymes dinamizan la inversión. “Creemos firmemente que es urgente adoptar un conjunto de reformas estructurales, de índole política, de administración del Estado, económica y social para dar una solución efectiva a la crisis actual y garantizar la estabilidad económica. Coincidimos plenamente con el espíritu del proyecto que postula: promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”, indicaron.
Agregaron que las Mipymes juegan un rol central para el desarrollo de la economía argentina, ya que representan el 99,4% del total de empresas del país y emplean al 64% de los asalariados registrados. Hay más de 1.700.000 empresas registradas según la Subsecretaria de Pequeña y Mediana Empresa.
“El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pone el foco en las grandes inversiones, pero es momento de empezar también apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que entendemos que el esquema de incentivos RIGI (propuesto en el proyecto de Ley de Bases), puede ser aplicado en paralelo para el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)”, indicó.
Sobre la delegación de facultades apuntó: “La división de poderes, como principio republicano, debe ser una guía para todos los gobiernos. El Congreso es una institución independiente del Poder Ejecutivo y su existencia garantiza el control de los actos de gobierno y la mirada de largo plazo. La delegación de facultades es un principio recurrente, en gobiernos de todos los signos políticos, que llevan a la pérdida de institucionalidad de la Nación, en especial cuando esa delegación se utiliza para modificar impuestos que afectan el desarrollo federal y limitan la libertad productiva. Entendemos que haya decisiones urgentes que tomar vía DNU, pero es necesario trabajar el consenso de las leyes. Los diputados y senadores deben defender las funciones y el rol que el pueblo les demanda. No anulemos el Congreso de la Nación delegando sus facultades”.
Sobre los derechos de exportación indicaron: “Son un impuesto que hace daño a las provincias. No son coparticipables con los cual el producido de las provincias se diluye en la ineficacia estatal nacional. Asimismo, al aplicarse sobre el precio de venta, reduce los ingresos por Impuesto a las Ganancias que sí es un impuesto coparticipable. Los productores y en especial la agrobioindustria, es el sector más dinámico de nuestra economía, no debe pagar el precio de dicha ineficiencia”.
Dijeron que penalizan la producción en zonas que deben afrontar largos fletes y sacan de juego a un sinnúmero de economías regionales cuyos márgenes son bajos.
LA NACION
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