"Nos preocupa la pasividad del Estado": la crítica de las cadenas agrícolas ante las usurpaciones
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Siguen los repudios contra las usurpaciones de tierras. Las cuatro cadenas agrícolas que integran la Asociación de la Cadena de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja); Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo); Asociación Argentina de Girasol (Asagir); Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), expresaron su repudio ante los hechos suscitados en las tomas ilegales de tierras que vienen sucediendo en el país.
"Las cuatro cadenas expresamos nuestro repudio a los episodios de usurpación ilegal de tierras que vienen sucediendo en distintas regiones del país", expresaron en un comunicado.
"Nos preocupa también la pasividad del Estado ante estas graves violaciones de la ley. El artículo 17 de la Constitución Nacional expresa claramente que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada", argumentaron.
"La Argentina requiere sinergia entre los actores del sector privado y de un Estado que actúe como motor y garante ante las iniciativas privadas. La falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión, limitando las capacidades productivas, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social. La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley", indicaron.
En tanto, la Mesa Agropecuaria Bonaerense, que integran Carbap, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Coninagro, también expresaron su rechazo. "La Mesa Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires expresa su profundo rechazo a las usurpaciones y tomas ilegales de tierras que se vienen desarrollando en distintos puntos del país", resaltaron.
"El respeto a la propiedad privada es central en el contrato social de nuestro país, y el Gobierno nacional debe arbitrar con celeridad en aquellas circunstancias en que la propiedad privada corra peligro. Su acción, sin duda, desemboca en miedo, anarquía y caos", plantearon.
"Los productores bonaerenses, al igual que la mayoría de los habitantes de nuestro país, deseamos vivir bajo un Estados que asegure sus derechos y garantías, su seguridad física y la de sus familias, el valor de su trabajo y su moneda, sus propiedades, sus ahorros, su salud y, sobre todo, la social", concluyeron.
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