
Autoconvocados de Zárate cuestionan la eliminación de una tasa específica para mantener los caminos rurales y el cobro de alumbrado público en las facturas de luz de establecimientos rurales que no tienen luminarias
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Productores del partido bonaerense de Zárate irán a la Justicia por el cobro de tasas. Se trata de una decisión que llegó después de varios meses de gestiones sin resultados. Los productores llevaron sus planteos al intendente, Marcelo Matzkin (PRO), y al Concejo Deliberante de Zárate, donde incluso presentaron dos proyectos de ordenanza. Sin embargo, según alertaron, las iniciativas no avanzaron y continúan sin una respuesta concreta. “En abril pasado fuimos a reclamar por el tema de dos tasas: la de caminos rurales y la de alumbrado público, que la impusieron en la factura a establecimientos rurales sin tener alumbrado público”, explicó a LA NACION Ricardo Runza, productor autoconvocado del distrito.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al cambio del esquema tributario, que comenzó a regir el 1° de enero de 2025. Hasta diciembre de 2024, los productores rurales pagaban una tasa de red vial, con asignación específica para el mantenimiento de los caminos. Con la reforma, ese tributo desapareció y fue reemplazado por una “tasa general de alcance general”, que comprende tanto a los contribuyentes del ámbito urbano como a los del rural.
Según Runza, la modificación dejó sin una fuente de financiamiento específica al consorcio caminero, creado durante una gestión anterior. Ante esa situación, la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, que conforma el consorcio caminero, al verse privada de su ingreso, solicitó al municipio una nueva ordenanza que estableciera que el 70% de lo recaudado por las partidas rurales se destinara al mantenimiento de los caminos.

El consorcio caminero está integrado por tres sectores: el secretario de Obras y Servicios Públicos del municipio, dos concejales de Zárate y la entidad ruralista. Según explicó Runza, aunque la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate tiene un papel central en la ejecución de las tareas, la responsabilidad política y administrativa corresponde al funcionario municipal. También cuestionó los mecanismos de control y sostuvo que, al tratarse de fondos públicos, los procesos de apertura de sobres y licitaciones deberían ajustarse a los procedimientos del Estado y contar, como mínimo, con la presencia de un escribano municipal que dé fe de los actos.
El problema, advirtió el productor, es que no existe información pública suficiente para comprobar cuánto recauda el municipio por esas partidas ni si efectivamente transfiere el porcentaje comprometido. Según indicó el productor, tampoco está claro cuántas de las partidas ubicadas en zonas rurales tributan bajo esa categoría y cuáles lo hacen como urbanas o suburbanas.

El distrito cuenta con unos 400 kilómetros de caminos rurales. Para los autoconvocados, la falta de transparencia sobre los recursos y las deficiencias en la administración del consorcio caminero repercuten directamente en el estado de la red vial: “El productor paga un montón de dinero y la situación de los caminos rurales es de intransitabilidad”. Describió que algunos productores terminan utilizando sus propios tractores y herramientas para acondicionar los caminos.
También cuestionó la forma en que se ejecutan las tareas. Consideró que las obras de mayor complejidad —como el abovedado, los desagües y la colocación de tubos— deberían quedar en manos de empresas viales, mientras que el mantenimiento cotidiano tendría que realizarse con maquinaria y personal municipal. A su entender, esa combinación permitiría extender los recursos disponibles y atender los 400 kilómetros de la red, como lo hace el vecino distrito de San Antonio de Areco, entre otros.

Otro eje del reclamo es el cobro del alumbrado público dentro de la factura de electricidad. Según Runza, a los establecimientos rurales que tienen medidor de la Cooperativa Eléctrica se les aplica un cargo equivalente al 13% del consumo, aunque estén ubicados en sectores sin postes ni luminarias: “No hay un poste de luz en los caminos rurales”.
En abril pasado, los vecinos también plantearon esta situación ante el intendente. Luego llevaron el reclamo al Concejo Deliberante, donde presentaron una banca abierta respaldada por la firma de 76 vecinos y expusieron sus objeciones ante los 20 concejales. Allí entregaron dos proyectos de ordenanza: uno para establecer mecanismos de transparencia en la recaudación y otro para modificar el esquema impositivo.
La primera iniciativa proponía que el Ejecutivo local publicara mensualmente, y a mes vencido, los ingresos recaudados por circunscripción catastral y por tipo de tasa. De esa manera, los contribuyentes podrían conocer cuánto se cobra en cada zona rural y verificar sobre qué monto se calcula el 70% destinado al consorcio caminero.
El segundo proyecto buscaba modificar la ordenanza fiscal e impositiva, eliminar el concepto de macrolote y excluir del cobro del alumbrado público a quienes no reciben ese servicio. Runza afirmó que, durante el tratamiento de los planteos, representantes del peronismo y de La Libertad Avanza manifestaron su apoyo a las propuestas, pero que desde mayo no hubo avances en las comisiones: “Estamos en noviembre y no hicieron absolutamente nada. Pedimos que avancen pero nada ocurrió. Los proyectos están dormidos en las comisiones”.
Frente a ese escenario, los productores resolvieron avanzar por la vía judicial. Buscan que se deje de cobrar el alumbrado público a quienes no cuentan con ese servicio y que se revise la tasa general. Sobre este último punto, plantean que el tributo no tiene una contraprestación específica y que, por lo tanto, debe restablecerse una tasa vial con destino definido y mecanismos de control sobre los fondos recaudados. También reclamarán la devolución de lo abonado.
Los autoconvocados buscan que la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate se sume al reclamo para que una eventual demanda colectiva alcance a todos los productores del partido. La semana pasada se reunieron con representantes de la entidad para invitarlos a participar, aunque hasta el momento no recibió una respuesta: “Queremos que se defina y se una en el reclamo por las tasas y a accionar contra el municipio”.

De todos modos, los autoconvocados esperan conocer primero cómo quedará el esquema tributario para el próximo año. Runza explicó que el intendente pidió una prórroga para presentar el presupuesto 2027 y la ordenanza complementaria, que incluye la actualización o continuidad de las disposiciones fiscales. Según dijo, necesitan conocer ese marco antes de iniciar la demanda para evitar que un cambio normativo vuelva abstracto el reclamo: “Queremos que se elimine la tasa del alumbrado público para los que no tienen alumbrado público”. Y sobre el tributo que reemplazó a la tasa vial, insistió: “Como no es una tasa, tiene que devolver el dinero que ya pagamos y cambiar esta tasa general por una específica”.
Para los productores, la discusión no se limita al monto que pagan, sino al destino de los recursos y a la posibilidad de verificar su aplicación: “Las tasas deben tener información pública de recaudación, comprobable y transparente para todos”. En la Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate prefirieron no responder a LA NACION.
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