La semana del campo. Por las buenas o las malas, todos pierden contra los K

30 de Agosto de 2014

LA NACION

Cuando Hugo Kranjc, presidente de Cargill, habla en las reuniones de Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), es que algo grave debe de estar pasando.

El proyecto de reforma de la ley de abastecimiento, que entrará para su votación el próximo miércoles en el recinto del Senado, fue el motivo para que la semana pasada Kranjc saliera de su hermetismo habitual y se mostrará más que preocupado. "Daniel, si no reaccionamos, va a ser tarde", le dijo a Funes de Rioja, presidente de la cámara que agrupa a la industria alimentaria.

Todo indica que los industriales llegarán tarde con la idea de parar el proyecto. Fracasa de esta forma la estrategia no confrontativa que mantuvo el empresariado con el kirchnerismo. Aunque con diferentes grados, desde el cortesano aplaudidor hasta el que durante años selló su boca, los empresarios fueron celosos de que sus intereses no se vieran interferidos por sus opiniones sobre el manejo de las cuestiones públicas. En plena rebelión del campo por las retenciones móviles, un alto directivo de la UIA se quejaba del accionar belicoso de los dirigentes rurales: "Estos muchachos están equivocados. Se creen que son San Martín y Belgrano, salvadores de la Patria. Antes que nada, la dirigencia sectorial está para cuidar los intereses de la actividad".

Por enfrentarse sin medias tintas con el Gobierno por lo que pensaba, el campo pagó un alto costo. Ahora también lo termina pagando el empresariado. Aunque los ruralistas no terminan de olvidar que durante todos estos años los dejaron solos a la hora de salir a defender cuestiones que afectaban la libertad tanto para producir como para comerciar. Como contrapartida, Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural, realizó por estas semanas un verdadero raid por los medios y el Congreso para criticar la reforma de la ley de abastecimiento. ¿Servirá para tener un apoyo futuro como devolución de favores entre el campo y la industria? Difícil.

Lo cierto es que entre los elaboradores de alimentos consultados hay temor de que el Gobierno cuente con una nueva herramienta para presionar. "Se le da una patente de corso al Gobierno para actuar contra las empresas. Con esta ley aumentará el riesgo para fijar los márgenes de ganancias, los precios de ventas y los proveedores con los que las empresas hacen negocios. Y hasta existe el riesgo de expropiaciones de activos. Con el comportamiento agresivo que viene teniendo el Gobierno con la actividad privada, no hay garantías de nada. Es como tener a Drácula administrando un banco de sangre", confesaba, en voz baja, un alto funcionario de una alimenticia nacional.

A pesar de que durante los últimos días la reforma proyectada sufrió una sesión de maquillaje como para que la idea estatizadora se diluya un poco, lo cierto es que se abre otra puerta a la intervención directa del Estado en la actividad privada. Por más que el oficialismo, después de escuchar a las distintas cámaras empresarias que expusieron en el plenario de comisiones del Senado, le quitó algunos grados de arbitrariedad al proyecto, se está todavía lejos de disfrazar al mono. Con artículos espantainversiones como el que dice "en caso de la obligación de producir a pérdida, se le pague una compensación justa y oportuna" es suficiente para saber de qué se trata y cómo se aplicará la norma. Es lo que, en definitiva, olieron los integrantes de las cadenas de valor de la soja (Acsoja), el maíz y el sorgo (Maizar), el girasol (Asagir) y el trigo (Argentrigo). Al rechazar el proyecto por tener principios opuestos a los constitucionales, observaron que ven con gran preocupación "cómo en nuestro país se intentan instalar en la sociedad, desde distintos ámbitos, ciertas ideas que son contrarias al desarrollo económico y social".

El principio constitucional de libertad para comerciar como para ejercer una actividad lícita va quedando acotado bajo las limitaciones que una a una construye el Gobierno. A la larga pierden todos, por lo menos los que están fuera de la órbita estatal. También los que sólo defienden sus intereses.