Producir respetando derechos de los demás

Hace un par de semanas el suplemento Campo de la nacion publicó un artículo bajo el sugestivo título "Agricultura: última contraofensiva para frenar a los ambientalistas", en la que se hace referencia a la propuesta normativa del "Derecho a Producir" (Right to farm) del senador republicano por el estado de Nebraska, Estado Unidos, John Kuehn. El legislador presentó su iniciativa en el XXIV Congreso de Aapresid.

Bajo el principio del "Derecho a Producir", según Kuehn se supone que la producción agrícola debe ser prioritaria y que "no puede haber nada contra la agricultura (leyes) a menos que haya un interés público muy grande y que diga que hay que ir en la dirección contraria con base científica".

Claramente, el objetivo del principio y las expresiones vertidas por el senador son confrontar con el derecho ambiental y con toda otra norma que mínimamente procure compatibilizar producción con criterios de protección.

Si bien el principio "Right to Farm" nació hace muchos años en los Estados Unidos por la necesidad de resguardar para la agricultura tierras frente al avance de la urbanización y otros conflictos que podían surgir con los "nuevos" vecinos en las áreas rurales, en la actualidad el conflicto o superposición de actividades productivas con otros usos de los recursos naturales (suelo, agua, bosques, etcétera) son una realidad cotidiana en todo el planeta. Pretender dirimir esa puja real poniendo simplemente más énfasis en el sector que ha tenido, históricamente, el mayor poder y capacidad de imponer sus intereses frente a los del resto de la sociedad, no parece ser el criterio de equilibrio que hoy se necesita.

Resulta extremadamente riesgoso el enfoque que se propone de la mano del controversial senador Kuehn. Nuestra constitución reconoce el derecho al ambiente sano así como el derecho a producir, inspirado en la moderna idea del desarrollo sostenible. La ley general del ambiente, la que debería operar como un eje rector en esta materia, señala que "el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras".

Dentro de los instrumentos que esta ley se establece, el ordenamiento ambiental del territorio es la estrategia que permite arbitrar conflictos presentes y futuros en relación al acceso a la tierra y la protección de los recursos naturales con la necesaria actividad productiva.

El verdadero dilema lo tiene el sector productivo, el que aún no ha asumido que los recursos son finitos, que la tierra es limitada. No hay otro modo de encarar la producción que no sea respetando esos límites y equilibrando el uso del espacio natural con los derechos de los demás.

Sostener la idea de que al ambientalismo hay que ganarle es una tontería que lleva al sector productivo cada vez más a una encerrona y al planeta a una segura bancarrota.

Partir de la idea de que la puja de intereses está desbalanceada, habla más de voracidad que de objetividad. Basta ver cuál ha sido el resultado de los mapas de ordenamiento territorial de los bosques nativos en cada provincia (primer intento de ordenamiento ambiental del territorio) para verificar que no ha sido precisamente el sector productivo el que ha salido perdiendo, todo lo contrario. Pretender aun más, bajo la premisa del "derecho a producir" es querer seguir en el cortoplacismo suicida.

Por Juan Carlos Villalonga

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