Puerto de Quequén: polémica por el futuro de la terminal ante el inminente vencimiento de la prórroga de una concesión
A fin de mes se termina una extensión sin que se haya avanzado en una nueva licitación reclamada por diversos actores
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LA NACION Belkis Martínez
Pasaron tres años desde que se venció la concesión original del Puerto de Quequén, donde la situación sigue sin definirse y con riesgo de cierre. La terminal continúa operada por Terminal Quequén SA bajo sucesivas prórrogas desde 2022, mientras el Consorcio de Gestión del Puerto, encabezado por Jimena López, trabaja en los pliegos de una licitación que nunca termina de concretarse. En el medio, según advirtieron fuentes al tanto del complejo escenario, el directorio cambiará de gestión a mediados del próximo año. La prórroga actual vence a finales de este mes. Desde la conducción del ente relativizaron, ante la controversia, el problema: “Es un solo muelle que pertenece a Terminal Quequén”. El año pasado tuvo un movimiento de 7,7 millones de toneladas.
López, designada al frente del puerto por el gobierno de Axel Kicillof, viene de ser electa diputada nacional en los últimos comicios legislativos en la lista de Fuerza Patria, ocupando el segundo lugar detrás de Jorge Taiana.
La última extensión, otorgada en 2024, se dispuso tras una fuerte polémica por la intención del gobierno bonaerense de incluir en el futuro contrato una cláusula que le permitiera quedarse con el 30% de la operatoria portuaria, una propuesta que generó rechazo en el sector agroexportador. Según fuentes del directorio, en una votación realizada dentro de los pliegos esta propuesta fue rechazada por mayoría.
Sin embargo, ahora con el vencimiento de esa prórroga, el directorio del consorcio deberá decidir si vuelve a extender la concesión por cuarta vez consecutiva ante la falta de una licitación definitiva. La terminal, que concentra los sitios 4, 5 y 6 del puerto, es clave para la salida de granos y subproductos agrícolas, y emplea de manera directa e indirecta a más de un centenar de trabajadores. Fuentes vinculadas al directorio del Puerto señalaron a LA NACION que los pliegos para la nueva licitación están a cargo de un estudio jurídico especializado y que “debieron haberse ejecutado hace tiempo”. Según explicaron, la presidencia debería haber informado al directorio sobre el avance de ese proceso.
“Estamos funcionando en una situación de transición permanente y no es bueno. Los pliegos tenían que haberse sacado desde hace dos años, en seis meses se pueden sacar y en otros tres meses pueden llegar las ofertas. Si esto avanzara, se llega al 30 de noviembre del año siguiente", advirtió Gustavo Gavilán, director del Sindicato de Dragado y Balizamiento del puerto, quien señaló que las prórrogas dan continuidad, pero no certidumbre.
El pliego original de la concesión data de la década de los años 90. Desde hace tres décadas se conoce el vencimiento del contrato, por lo que en el sector se cuestiona la poca previsibilidad de la situación. Todos los directores y presidentes del Consorcio de Gestión sabían que la concesión tenía un plazo y que había que preparar con antelación la continuidad. Otro punto de tensión es la vacante de la gerencia general desde hace meses. Actualmente, López, cuyo cargo finaliza a mediados del próximo año, concentra los dos cargos de presidenta y gerente general, algo que, según las fuentes, “dificulta la gestión diaria y la toma de decisiones técnicas”.
Gavilán explicó que la empresa cumple con todas las obligaciones contractuales y mantiene la operatividad sin interrupciones, pero subrayó que “la indefinición genera un costo oculto”, tanto en la planificación logística como en la toma de decisiones comerciales. Reconoció ser parte del “problema” de los últimos dos años de prórroga y que el diálogo con el Consorcio es “correcto, aunque lento”, pero subrayó que el tiempo pasa.
Otro directivo señaló que la postergación de la licitación impacta también en la imagen institucional de Quequén frente a otros puertos competidores. “Mientras otros avanzan con ampliaciones y acuerdos a largo plazo, nosotros seguimos esperando una definición administrativa (convocatoria)”, explicó.
Con respecto de la polémica surgida en 2024 por la posibilidad de que el Estado provincial se reservara un 30% de la operatoria, Gavilán fue tajante: “Esa idea generó mucha preocupación. El puerto debe ser un espacio de gestión profesional y técnica, no política. Si se busca atraer inversiones y nuevos actores, la única forma es con un proceso abierto y previsible, sin interferencias. No podemos seguir año a año discutiendo lo mismo. Si el objetivo es modernizar, hagámoslo bien, con transparencia y planificación, pero sin poner en riesgo lo que ya funciona”.
El entorno portuario aseguran que no hay riesgo para las fuentes de trabajo, pero admitieron que la indefinición prolongada “afecta las buenas prácticas” y genera un clima de inseguridad jurídica. Existe un acuerdo que, en su momento, suscribió el gremio con el Consorcio de Gestión del Puerto para garantizar la continuidad laboral. Es decir, el Consorcio tiene el compromiso de que, ante cualquier eventualidad, el continuador en la explotación —sea quien fuere— deberá absorber a los empleados de la actual Terminal Quequén S.A.
Actualmente, son más de 100 los trabajadores representados por el sindicato, que firmó ese convenio hace varios años para asegurar el mantenimiento de los puestos laborales.
Terminal Quequén SA es una empresa que está constituida por entidades de productores, corredores, el Centro de Acopiadores de Quequén, la Cámara Arbitral de Cereales, MatbaRofex [hoy A3], Bolsa de Cereales de Buenos Aires y exportadores (Viterra-Bunge, Cofco y Crucija).
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