“¡Que se haga Justicia!”: su pyme estuvo bloqueada y ahora celebra una decisión judicial

Tras la última resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que ratificó una medida cautelar a favor de los empleados de la pyme Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, la dueña de la firma recibió una “bocanada de aire fresco” luego de que un fiscal general “revocara por prematuro el archivo de las actuaciones” y ordenara la continuidad de la investigación de una causa penal contra miembros del gremio Atilra que habrían participado de bloqueos contra la compañía en 2022.

Semanas atrás, la empresaria explicó a este medio que el fiscal provincial, Fabio Arcomano, había archivado las causas penales en la que concluía que “no existía despojo” respecto del inmueble y que se presentaba como una ocupación temporaria de un terreno baldío en el marco de una huelga gremial. En aquel momento y con el accionar del fiscal también se habían desestimado las denuncias de la dueña, las de la empresa, incluida la de una apoderada legal [Mariana Heim], los encargados de la planta y diez empleados más.

“En esas denuncias se manifestaba que había habido amenazas y compulsión a la huelga; eso es porque cuando ellos quisieron ingresar a trabajar el 18 de julio, cuando se hizo el primer bloqueo, y el 9 de agosto en el segundo bloqueo, no pudieron ingresar por cuestiones ajenas a su voluntad. Es decir, no pudieron entrar porque la gente del gremio no se los permitió”, explicó Juan Beluardo, uno de los abogados de la causa.

Argumentó que “en todo momento”, cuando se llevaron adelante las manifestaciones en Moctezuma, provincia de Buenos Aires, donde está la fábrica, los delegados de Atilra le habrían dicho a los empleados que se acercaron a hacer sus tareas que “la fábrica estaba bloqueada, y que no podía entrar ni salir nadie”.

“Esa situación los empleados la denunciaron en la fiscalía”, completó. Además, indicó que a eso hay que sumarle el tema de “la usurpación” que habrían hecho en un lugar destinado como estacionamiento de la empresa. “Es un terreno que es propiedad de la empresa, y que era para que los empleados dejen los autos allí. Es un estacionamiento, y allí la gente [de Atilra] armó las carpas para proceder al bloqueo”, relató.

A raíz de esta situación, mencionó Beluardo, el fiscal general, Rubio Roberto Miguel, entiende que no hay una usurpación, pero sí una “turbación” porque no permitió que se siga utilizando, por lo que revocó por prematuro el archivo de las actuaciones y ordenó la continuidad de la investigación. Además de recibir las declaraciones que aún no han sido recepcionadas.

De esta forma, aclaró el letrado, el fiscal general entiende de que el archivo que dispuso Arcomano “es prematuro”.

“Vuelven las actuaciones, para seguir investigándose en esa línea más que nada, en compulsión a la huelga. La diferencia entre hacer una huelga pacífica, con retención de tareas y ser un bloqueo, por eso, para mí es hiperimportante lo que pasó con el fiscal general”, planteó.

Para Bada Vázquez esta resolución es “una bocanada de aire fresco”, que necesitaban para seguir adelante, por la gente que quiere trabajar. “Me parece que es muy importante que se investiguen todos los hechos de violencia y que se haga foco en defender el derecho individual de la persona que quiere ir a trabajar en libertad, o sea, nadie puede prohibirle a otro ser humano ejercer su derecho de ir a trabajar. Es importante que la Justicia haya prestado atención”, dijo.

En ese sentido, afirmó que lo que propone el fiscal general marca, de alguna manera, el camino. “Hay muchos elementos para investigar y citar a los testigos. Tiene que haber Justicia porque la verdad se tiene que imponer; somos muchas las empresas que queremos trabajar y los empleados que quieren hacerlo libremente, sin que ningún patotero pueda venir a bloquear su libertad de trabajo”, explicó.

A su vez, recordó que poco a poco han salido adelante desde la compañía, donde ya recuperaron la capacidad de producción de la leche que tiene la planta y que había sido afectada por esta situación. “Somos 45, tomamos 23 personas de diferentes edades, hay muchachos de 40 y pico que son del pueblo, hay otro muchacho que es el nieto de un señor que se jubiló hace años con nosotros... Apostamos a seguir dando trabajo en el pueblo. Pero es todo muy difícil, golpes muy duros. Confío en la Justicia y que a la larga la verdad se imponga. ¡Que se haga Justicia!”, detalló.

Ante una consulta de LA NACION a Atilra, allí respondieron que, al revés que la empresa, ellos “acataron” las resoluciones de la Justicia y que en este caso un fiscal ordenó seguir una investigación que otro fiscal archivó.

“El anterior dijo que de las actuaciones obradas no surgía la comisión de ningún delito. Este fiscal dice que la resolución de archivar es por ahora prematura que debe investigarse más. No hay ningún imputado en la causa. No se ha adoptado criterio. Forma parte esto de pretender criminalizar el derecho de reclamo y de huelga procesal con ningún trabajador. Lácteos Vidal no respeta las decisiones de la Justicia so pretexto de haberlas recurrido, pero los recursos que interpuso y que algunos ya le rechazaron y otros siguen por el mismo camino, son recursos que no suspenden la ejecución de lo ordenado que ya lo fue en primera y segunda instancia”, manifestaron.

Sobre la decisión del fiscal provincial de archivar la causa, mencionó que formaba parte de una valoración, ya que para un fiscal estuvo agotada la investigación, pero para el fiscal general no.

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