Reclaman el fin de un impuesto considerado “una apropiación adicional del Estado”

Luego de que se conocieran los pormenores del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos enviado al Congreso por el presidente Javier Milei, donde se propone un aumento de los derechos de exportación (DEX) para muchos productos agropecuarios y de las economías regionales, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) enfatizó que esto no es más que “una nueva presión tributaria que perjudica notoriamente a los productores y el beneficio a obtener por el fisco nacional es escaso”.

“El nuevo esquema introduce nuevas distorsiones y generará problemas para los productores, menor inversión, menor empleo y más concentración de la producción. Un análisis costo-beneficio de los derechos de exportación índica que, para muchas actividades productivas, en particular en las economías regionales, es una nueva presión tributaria”, remarcaron en un comunicado.

En su documento, destacaron que los casos más complicados son los “vinos, el algodón, la carne ovina, el aceite esencial de limón, el tabaco, la cadena forestal, avícola, porcina, la floricultura, la mandioca, las aromáticas y especias, sin enumerar otras producciones regionales menores, como por ejemplo semillas de chía, sésamo, poroto mung, cártamo y maíz pisingallo”.

“El problema de los derechos de exportación lleva larga data y la persistencia del impuesto es una apropiación adicional del Estado sobre la facturación de los productores, que son quienes soportan el impuesto pues los exportadores lo trasladan al precio interno final pagado”.

En este sentido, insistieron que es imprescindible eliminar las “retenciones, impuestos que no se cobran en casi ningún país del mundo”.

“Esta oposición tajante a los derechos de exportación la hemos mantenido desde su primera imposición y es una premisa irrenunciable en defensa de la producción que mantendremos sin importar el signo político de quien gobierne”.

En este contexto, CRA buscó graficar con tres ejemplos de economías regionales, el impacto de los DEX en este tipo de actividades.

En carne ovina, el 85% de la exportación proviene de la Patagonia. Según CRA, los derechos de exportación de 5% fueron bajados a 0% en 2022 y “la abrupta suba a 15%, en un contexto de precios internacionales al 50% de su valor de años previos, limita toda posibilidad de exportar en 2024″.

“El beneficio para el fisco sería de entre US$1,5 a US$2 millones anuales, una cifra insignificante para el Estado, pero determinante para una producción de 2000 productores proveedores de la exportación. Se le estaría quitando entre $500.000 y $800.000 a cada productor, afectando seriamente la actividad”, indicaron.

Para los vinos, la alícuota de derechos de exportación propuesta pasa al 8%. “De cara a 2024, el mercado interno de los vinos sufrirá una fuerte caída de ventas por caída del poder de compra del salario, por el alza abrupta de la inflación, en medio del proceso de normalización de precios relativos comenzado desde el 11 de diciembre”, dijeron.

Por otra parte, indicaron que, a priori se espera una mayor cosecha, “en un contexto importante de stocks, o sea habrá mayor oferta de vinos”. En ese escenario, “es clave la salida exportadora”. “Para los vinos varietales, en principio, el nuevo tipo de cambio ofrece mejores perspectivas. Pero en un sector que tendría exceso de oferta por caída del mercado interno, aumentar los DEX, y no llevarlos a 0% será un golpe adicional sobre la rentabilidad de la cadena, tanto bodegas como productores, que son quienes cargarán con el costo mayor del problema. Una posible recaudación por derechos de exportación del orden de US$80 millones en 2024 no tiene impacto fuerte en las finanzas públicas, y sí lo tendrá en la rentabilidad de la producción”, aseguraron.

Por último en el caso de las semillas, como “la chía, el cártamo, el sésamo, el poroto mung o el maíz pisingallo presentan otros tipos de problemas, porque ante la introducción de DEX, el impacto negativo sobre productores de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco sería enorme, y el beneficio para el Estado es mínimo.”

“Las exportaciones anuales de chía, semilla producida en provincias del NOA, rondan los US$5 millones. La chía nunca tuvo DEX hasta ahora, y súbitamente pasaría a pagar una alícuota de 15%. Esto implicaría para el Estado una recaudación de algo menos de US$769.500. Para los productores de chía, los DEX implican una baja de rentabilidad de 33%, considerando además el mayor costo por herbicidas, fertilizantes y otros costos por la aplicación del impuesto país sobre las importaciones”, subrayaron.

Resaltaron que debe tenerse en cuenta que durante los últimos 20 años “la producción de cártamo en el NOA ha sido una de las pocas alternativas económicamente rentables en invierno dada su baja necesidad hídrica”.

“Es un cultivo 100% regional, concentrado principalmente en la provincia de Salta, a una distancia de 1300 kilométros de los puertos donde se exporta. Todo lo que se produce se exporta como aceite, generando ingresos genuinos de divisas sin afectar el consumo interno. El aceite que se exporta genera entre US$5 a 10 millones anuales”, destacaron.

Por lo que la entidad ruralista afirmó que “la implementación de retenciones al 15% provoca un duro golpe a este cultivo”.

“El impacto en los magros márgenes, que equivaldrían a una baja de ingresos directos al productor de aproximadamente US$60 por tonelada, llevarían a su reducción o discontinuidad de este cultivo regional, afectando la contratación de servicios, generación de empleo y mano de obra, mayor demanda de insumos”, finalizaron.

LA NACION

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