Reclamo: 63 cámaras de la agroindustria pidieron cambios en el RIMI porque, alertaron, deja afuera inversiones
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó una propuesta en el Senado; dijo que la actual iniciativa excluiría de los beneficios a actividades como bodegas, plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, plantas de tratamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos, industria de molienda de girasol y fabricantes de maquinaria agrícola
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El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que agrupa a 63 cámaras y 36 cadenas de valor y representa el 58% de las exportaciones del país, presentó en el Senado una propuesta formal para modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) incluido en el proyecto de Ley de Modernización Laboral. Según la entidad, presidida por Gustavo Idígoras, el régimen, en su redacción actual, excluye a un conjunto significativo de inversiones vinculadas a la agroindustria y a economías regionales.
El proyecto enviado por el Gobierno plantea que el RIMI es para incentivar inversiones nacionales y extranjeras, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, fortalecer la competitividad de los distintos sectores, impulsar las exportaciones de bienes y servicios y favorecer la creación de empleo. Busca incentivar inversiones productivas de pymes mediante beneficios fiscales, como amortización acelerada y devolución de IVA para proyectos que superen determinados montos mínimos. El esquema está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas —hasta Tramo 2— y prevé beneficios fiscales para las inversiones productivas que se realicen durante los primeros dos años de vigencia.
En un comunicado entregado a los legisladores, el CAA señaló que su objetivo es “corregir exclusiones que afectan a un grupo sustancial de empresas agropecuarias y agroindustriales, permitiendo que el régimen sea verdaderamente federal y promotor del empleo y la inversión”.
De acuerdo con su planteo, “un gran porcentaje de las inversiones agroindustriales de economías regionales quedarían excluidas de los beneficios”, alcanzando actividades como bodegas, plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, plantas de tratamiento de semillas, frutas y legumbres, molinos, industria de molienda de girasol y fabricantes de maquinaria agrícola.
El CAA también dijo que esta situación se suma a lo ocurrido con el RIGI, que ya había dejado fuera a parte del sector. En ese sentido, el comunicado sostuvo que el esquema vigente deja fuera del marco legal “al 18% del PBI y al 65% de las inversiones productivas anuales”, y que limitar el RIMI únicamente a pymes reproduce ese escenario.
La entidad planteó modificaciones técnicas sobre los artículos del régimen. Por un lado, eliminar la restricción que limita el acceso a micro, pequeñas o medianas empresas para que puedan ingresar otras compañías que realicen inversiones relevantes. Además sugiere crear una nueva categoría para empresas que no encuadran como pymes, con un piso mínimo de inversión de 30 millones de dólares.
Según el comunicado, se propuso “eliminar las restricciones que limitan el beneficio solo a micro, pequeñas o medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas”, y a la vez incorporar “un inciso para el resto de las empresas no categorizadas como pymes, estableciendo un monto de inversión mínima de 30 millones de dólares (US$30.000.000)”.
Desde el CAA señalaron que estas propuestas ya habían sido contempladas previamente en debates legislativos anteriores y contaban con aval gubernamental. El comunicado expresó que los cambios “ya contaban con el consenso del Poder Ejecutivo y fueron incluidos previamente en proyectos legislativos del año 2024”. Planteó la necesidad de avanzar con “sesiones informativas junto a cámaras empresariales de diversas provincias para asegurar una ley que impulse efectivamente la producción y exportación nacional”.
LA NACION
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